Economía

La ocupación en el trabajo del hogar cae un 6% tras el anuncio del ingreso mínimo

  • Los expertos advierten de la proliferación de la economía sumergida
  • Apuntan contra las bolsas de fraude en los trabajos peor remunerados
Fuente: Dreamstime.

En los tres meses que se van a cumplir desde el decreto de estado de alarma el mercado laboral ya encaja el devastador impacto de la crisis sanitaria, en casi la totalidad de los sectores productivos. Uno de ellos es el colectivo de las empleadas del hogar que han visto como la ocupación ha caído en estas semanas un 6% pasando de contabilizar el 397.000 inscritas en la Seguridad Social a registrar a finales de mayo a 374.000 personas. Este hecho, junto con el desplome del empleo en los sectores de menor cualificación y peor remunerados en nuestro país tras el parón productivo impuesto por el confinamiento está generando preocupación sobre un factor colateral ajeno a la evolución nefasta del mercado laboral: la aprobación del ingreso mínimo puede generar nuevas bolsas de economía sumergida asociadas a los empleos más precarios.

Más aún cuando, por ejemplo, en el caso de este colectivo de empleadas del hogar se han recibido un total de 27.815 solicitudes del subsidio extraordinario aprobado para estas trabajadores por el Ministerio de Seguridad Social hace escasas semanas para abordar las necesidades derivadas de la pérdida de puestos de trabajo, si bien aún no se han pagado las prestaciones.

Impacto del ingreso mínimo

En este punto, una de las preocupaciones que surgen entre los expertos es la de que la aprobación del ingreso mínimo vital genere incentivos nocivos entre los empleados de sectores más precarios y peor remunerados e intentar que la percepción de un salario en B permita además el acceso a una segunda fuente de ingresos: la renta mínima. "Cualquier ingreso legal es compatible con cualquier ingreso ilegal abonado en efectivo porque el Estado tiene muy difícil comprobar y demostrar su existencia, salvo casos puntuales", apunta a este respecto el profesor de finanzas, Juan Fernando Robles, reconociendo la dificultad de llevar a cabo controles impolutos de estas prestaciones.

"El ingreso mínimo incentiva el trabajo en B y va a poner difícil cubrir trabajos en condiciones regulares cuando los salarios sean bajos. Además, hay actividades informales e incluso ilegales que se seguirán realizando y las cuales supondrán los ingresos principales, siendo la renta mínima un complemento muy conveniente" advierte subrayando que va a suponer que ciertos colectivos pasen en mayor proporción a la economía sumergida.

"El ingreso mínimo sería una forma de aflorar economía sumergida si en primer lugar fuera gestionado por Hacienda (la AEAT), si fuera incompatible con cualquier otra prestación pública, si hubiera una armonización de las rentas mínimas autonómicas y los sistemas de prestaciones en especie de comunidades autónomas y ayuntamientos", señala el economista Javier Santacruz sobre los problemas que genera la supervisión de la correcta utilización de las prestaciones aprobadas por el Ejecutivo como red de protección social ante la crisis económica generada por la pandemia. Además, apunta Santacruz que este control más eficaz si hubiera una base de datos centralizada para conocer la situación real de pobreza por tipo de familia, territorio y un tratamiento claro de la vivienda en propiedad y otras rentas implícitas.

Una visión diametralmente opuesta a la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aplaca cualquier tipo de escepticismo sobre la eficacia del ingreso mínimo vital aprobado la pasada semana y asegura que será una medida que "hará aflorar economía sumergida" en España. Recuerda además el ministro en este sentido que el cobro de la ayuda está sometido a un estricto itinerario de inclusión que tiene como objetivo final la incorporación del beneficiario al mercado de trabajo. Además, sobre la viabilidad y el coste de la prestación que se trata de una medida "fiscalmente contenida" y que ascenderá a 3.000 millones de euros cuando se abone durante un año completo.

Misma perspectiva que la arrojada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien asegura que el deber de presentar la declaración de la renta para acceder a la ayuda supone un freno a la proliferación de economía sumergida.

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