El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá aplaca cualquier tipo de excepticismo sobre la eficacia del ingreso mínimo vital aprobado la pasada semana y asegura que será una medida que "hará aflorar economía sumergida" en España. Recuerda además el ministro en este sentido que el cobro de la ayuda está sometido a un estricto itinerario de inclusión que tiene como objetivo final la incorporación del beneficiario al mercado de trabajo.
Durante el NEF Online celebrado este jueves con el ministro, este señaló también a raíz de las cuestiones sobre la viabilidad y el coste de la prestación que se trata de una medida "fiscalmente contenida" y que ascenderá a 3.000 millones de euros cuando se abone durante un año completo. Además, señaló que habrá algunas ayudas que se integrarán en el ingreso mínimo, como las prestaciones familiares que suponen un desembolso de 600 millones de euros al año.
De esta manera trató de defender Escrivá la puesta en marcha de la nueva red de protección para aplacar la pobreza extrema en nuestro país y de la que se beneficiarán 850.000 hogares y más de 2 millones de personas. "España tiene un problema de pobreza extrema, hace falta el ingreso mínimo para garantizar las rentas y que esto sirva de palanca para una mayor cohesión social", explicaba el ministro.
Defendía así Escrivá su ingreso mínimo vital y recordaba que se ha aquilatado todo un amalgama de medidas colaterales que evitarán un uso fraudulento del dinero de la ayuda. Así, recordaba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se le obliga a los solicitantes de la prestación a presentar una declaración de la renta por lo que sería una vía para aflorar bolsas de dinero no declarado y reducir el tamaño de la economía sumergida en España.
Gestión autonómica de la ayuda
Preguntado por uno de los caballos de batalla que está rodeando la aprobación del ingreso mínimo vital, la cogestión con las comunidades autónomas que de momento solo ha sido concedida a País Vasco y Navarra, el presidente Fernández Vara aseguró durante el encuentro digital que no le genera "ningún reparo" que este sea gestionado por la Administración Central. "Ellos tienen toda la información, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, están preparados. Yo podría quedar bien diciendo que quiero la transferencia pero si después no puedo gestionar... Lo tiene que gestionar quien esté en mejor condición", apuntaba el presidente de Extremadura.
Apoyaba así la canalización de la ayuda por parte de la Administración Central después de las críticas de varios dirigentes autonómicos -el caso de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía en una entrevista esta misma semana con elEconomista- demandando al Gobierno la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital tal y como ha ocurrido con el País Vasco y Navarra. De hecho, Escrivá reiteró que la cesión se ha anticipado a estas regiones por su probada eficacia en las administración de programas de rentas mínimas.
Las pensiones "no se tocarán"
Además, Escrivá también quiso reiterar e incidir en que la crisis económica que ha desatado la pandemia con un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo "no va a tener efecto en las pensiones". Por lo que descartaba así el ministro tener que recortar las cuantías de las pagas en un futuro cercano por exigencias de la sostenibilidad financiera del Sistema. Unas exigencias que tampoco espera que lleguen de Bruselas como moneda de cambio para el acceso a parte de la financiación que ha provisto para los países más azotados por la crisis sanitaria: "En la crisis anterior hubo problemas de deuda pública. La situación actual no es la misma, nos estamos financiando a un tipo del 0,6% a diez años, y ha 5 y 7 años los tipos son negativos. Tampoco ha habido una bajada de rating", explicaba Escrivá sobre la confianza que genera la economía española en estos momentos.
En este sentido recordó que buena parte de los esfuerzos que dedicará el Gobierno a la sostenibilidad del sistema público de pensiones vendrá por la vía de incentivar una salida más tardía del mercado de trabajo. Así, mientras que tras a reforma de 2011 la edad legal de jubilación en nuestro país es de 67 años, la edad efectiva es de menos de 63 por lo que se plantearán incentivos para los que los trabajadores no se prejubilen.
