El Gobierno llevará a cabo un peritaje individual de cada persona o núcleo familiar que solicite el futuro ingreso mínimo vital. Con cuentagotas se van conociendo los detalles de lo que será la anunciada renta de inserción anunciada por el Ejecutivo para el mes de mayo, y una de las claves será el estudio estricto que llevará acabo la administración para garantizar que las ayudas van a parar a las familias que realmente lo necesiten.
Precisamente, el hecho de que el diseño de la medida sea defectuoso en alguno de sus puntos y que ello provoque una fuga de los recursos hacia cuestiones para las que no fue previsto es una de las principales preocupaciones del Ejecutivo y uno de los motivos por el cual el Gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere ir con pies de plomo en el aquilatamiento de la prestación, lo que ha llevado a la batalla interna telegrafiada con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
En este sentido, una de las cuestiones más recurrentes en las últimas semanas sobre el futuro funcionamiento de esta ayuda está en los requisitos de acceso para aquellos hogares más vulnerables, y según confirman fuentes de Moncloa a elEconomista estos serán "estrictos, de carácter individual, y con un seguimiento" para garantizar que las condiciones por las que se otorgan esta medida se mantienen con el tiempo. De lo contrario, estos beneficiarios saldrían del programa de ingreso mínimo vital que prevé articular el Gobierno como una herramienta que facilite el salto de ciertos colectivos al mercado laboral donde lograr un poder adquisitivo y nivel de vida adecuados.
De este modo, algunos de los modelos más apropiados para comparar lo que puede ser el pliego de requisitos de acceso al futuro ingreso mínimo vital está en los programas de rentas mínimas que ya existen en el norte del país.
Modelo de acceso a la renta
Sin ir más lejos, uno de los programas más paradigmáticos de concesión de esta prestación es el reglamentado en Asturias. Aquí, los requisitos pasan por tener más de 25 años, llevar un mínimo de 2 años viviendo en la comunidad autónoma y estar empadronado, que la unidad de convivencia lleve constituida al menos 6 meses, haber solicitado antes las prestaciones, pensiones o ayudas que puedan corresponder, buscar empleo de forma activa y que los recursos económicos de la unidad de convivencia no superen la cantidad que corresponda recibir por esta ayuda.
Pero además, haría falta documentación de la situación personal (copia de Libro de Familia, certificados de inscripción en el registro civil en caso de parejas de hecho, resoluciones judiciales en caso de separación, divorcio, malos tratos o desahucios, y certificado de discapacidad), documentación laboral (certificado de alta como demandante de empleo, o en su caso, copia del contrato de trabajo y las últimas 3 nóminas o declaración fiscal si se es trabajador por cuenta ajena) y documentación de la situación económica (bienes inmuebles, copia de la escritura de compra venta o contrato de arrendamiento si lo hubiese, permiso de circulación y ficha técnica de los vehículos de que se dispongan y en caso de recibir becas, pensiones o ayudas de algún tipo, el documento de resolución positiva de las mismas o los documentos de solicitud).
Esta exactitud de los datos sobre los beneficiarios es la que pretende implementar el ministro Escrivá en torno al ingreso mínimo vital, tal y como dejó caer la pasada semana durante una intervención en el Consejo General de Economistas donde asegura que se incluirá un "test de patrimonio" sobre riqueza neta. Además, confirmó que el texto legislativo para ser aprobado en Consejo de Ministros estaría lista en la segunda quincena de mayo, por lo que aún no se podrá cobrar, tal y como avanzó este periódico.
Cómo mitigar el impacto presupuestario
En este sentido, ya se conoce el coste aproximado del ingreso mínimo vital para las arcas públicas, unos 5.500 millones de euros, es decir, medio punto del PIB y son muchos los organismos que están advirtiendo del peligro que supone incorporar este gasto en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. Por ello, algunas instituciones están realizando estos días un llamamiento al Gobierno, precisamente en el sentido de que la ayuda que se articule tengan un marcado carácter temporal y no se prolongue más allá de la actual situación de excepcionalidad.
Es el caso de BBVA Research ha pedido al Gobierno que cuide "mucho" los detalles del diseño del ingreso mínimo vital en el que trabaja para que dicha renta mínima se destine a los colectivos que lo necesitan y para evitar que provoque un efecto desincentivador en los beneficiarios en la búsqueda de empleo y no haya "connivencia" con la economía sumergida. En el mismo sentido, un informe de la Fundación FAES critica la distorsión que puede causar este ingreso mínimo por trasladar una visión de "Estado paternalista asistencial", desincentivar la promoción personal y ser "destructivo" con las Cuentas Públicas, ya que podría llegar a elevar la deuda de la Seguridad Social en un 22,92%.
Además, esta ayuda incluida en el Presupuesto General de manera perpetua podría contraer problemas a la hora de negociar con el resto de socios de la Unión Europea eventuales instrumentos de liquidez o, incluso, una mutualización de la deuda causada por el impacto de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para frenar la pandemia, ya que supondría que también se incluyen ayudas de este corte dentro del pack.
