Después de muchas idas y venidas, diferencias dentro del Gobierno de coalición e incertidumbre en torno a su puesta en marcha, el ingreso mínimo vital verá la luz en el mes de mayo. Hace dos días la propuesta del vicepresidente, Pablo Iglesias, de una renta mínima urgente parecía quedar en papel mojado -pretendía aprobar un ingreso puente que precediese a la ayuda permanente en la que trabaja la Seguridad Social y que se presumía para dentro de tres meses-. Finalmente el líder de Unidas Podemos logró ayer sacar adelante esa premura en su implantación tras pactar con el presidente Pedro Sánchez su puesta en marcha en mayo.
Fuentes de la vicepresidencia segunda han explicado a Europa Press que Iglesias y Sánchez hablaron este martes por la tarde de la medida y los tiempos, y llegaron al acuerdo de que esta ayuda empiece a funcionar desde el próximo mes. Y aunque informaron de que Iglesias y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se encargarán de presentar los detalles de la medida este jueves, el propio Escrivá no ha confirmado esta medida en una entrevista en la mañana de este jueves en la Cadena SER.
El ministro ha asegurado que se ha enterado este mismo jueves por los medios de comunicación de que se iba a celebrar una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital junto al vicepresidente segundo. Escrivá no ha confirmado la comparecencia para presentar esta medida. "Entra dentro de lo posible", ha respondido sobre la posibilidad de que sea este mismo jueves.
En cualquier caso, con el anuncio de su llegada en mayo, se zanja así la polémica en torno a este ingreso mínimo, tras semanas de diferencias internas y de presiones del vicepresidente Iglesias para implantarla cuanto antes frente a algunos sectores del Gobierno que preferían madurar más una medida "que tiene un trabajo inmenso detrás" de cálculos ex ante sobre el impacto en los diferentes colectivos y de negociaciones con las comunidades autónomas para coordinar esta renta mínima con instrumentos similares en los diferentes niveles autonómicos y locales. La propia ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, llegó a desautorizar anteayer al vicepresidente al apuntar que esta renta mínima "es competencia de la Seguridad Social".
Ni siquiera ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuntó ninguna fecha en concreto al respecto y en su comparecencia -a primera hora de la tarde- en el Congreso y se limitó a informar de que estará lista "en pocas semanas".
Sea como sea, se cierra la brecha abierta en el Ejecutivo sobre los plazo para impulsar la medida, principal punto de disensión pues desde el Gabinete de Vicepresidencia pusiese toda la carne en el asador para la aprobación inmediata.
Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, varios miembros del Ejecutivo, incluyendo al presidente y al vicepresidente Pablo Iglesias, acordaron la puesta en marcha de esta medida que entrará en vigor de la mano del Ministerio de Seguridad Social. De modo que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, será el encargado por tanto de sacar adelante la medida, tal y como ya matizó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, esta misma semana y como él mismo confirmó durante la Comisión. El vicepresidente Iglesias había instado días antes a sus compañeros de Gabinete a implantar una renta mínima puente, que ha sido finalmente descartada.
Los primeros cálculos de Iglesias indicaban que la renta mínima beneficiaría a unos cinco millones de personas, mientras que Escrivá apuntó que la ayuda sería complementaria con otras prestaciones autonómicas.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha avanzado este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales, es decir, entre 90.000 y 100.000.
Medida arriesgada
Por su parte, varios expertos han señalado a elEconomista que la medida es un riesgo para la economía, dado el alto nivel que ya existe de asistencia social y la deuda pública de la economía nacional. "La renta mínima es un incentivo perverso para el incremento de productividad, la disponibilidad de oferta de trabajo y, como efecto de segunda ronda, un riesgo inflacionista", argumenta el economista Javier Santacruz.
