El plan del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para sacar adelante un ingreso mínimo vital que ayude a paliar los efectos de la crisis sanitaria y social desatada por el coronavirus parece haberse topado con un obstáculo insalvable para su aprobación: la improvisación y la falta de rigor en la confección de la medida. Dos elementos que han llevado al Gabinete de Vicepresidencia a resignarse a la aprobación de esta ayuda en los términos en los que ya venía trabajando -y seguirá haciendo- el equipo del M¡nisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde la conformación del Ejecutivo de coalición, y en los plazos previstos desde el Gabinete de José Luis Escrivá.
De hecho, este extremo ha sido el mensaje que quiso lanzar la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del martes: que el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno es una medida que "no se puede improvisar" precisando en dos ocasiones que es "competencia" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
"Esperemos que en pocos meses podamos alumbrar esta nueva prestación de Seguridad Social, que será un salto de gigante en nuestro país respecto a las garantías de renta, no son medidas que se puedan improvisar, ni que se puedan diseñar de un momento para otro, porque son prestaciones que han venido para quedarse", apuntaba.
"Se están acelerando esos trabajos por parte del ministro Escrivá que es el competente en materia de Inclusión y Seguridad Social, en coordinación con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, ese es el camino que el Gobierno ha decidido transitar", sentenció Montero.
De este modo, el ingreso mínimo vital puente que había previsto aprobar el Gobierno a la mayor brevedad posible por la presión del vicepresidente Iglesias se ha topado con la imposibilidad de implantar con rigor una medida "que tiene un trabajo inmenso detrás" de cálculos ex ante sobre el impacto en los diferentes colectivos y de negociaciones con las comunidades autónomas para coordinar esta renta mínima con instrumentos similares en los diferentes niveles autonómicos y locales.
Fuentes cercanas al ministerio del ramo confirman a elEconomista que el equipo de Iglesias se ha topado con la realidad de la dificultad de aplicar una medida de este calado aun con carácter de urgencia ya que carecería de todos los estudios necesarios previos para concebir una ayuda eficaz que llegue a las personas que realmente lo necesitan y que no comporte un gasto insoportable para las arcas públicas, más aún cuando se prevén mermas de la recaudación tributaria en los próximos meses.
Ante este panorama, a pesar de que la pasada semana había trascendido un acuerdo en el seno del Gobierno, en el que se incluían al vicepresidente Iglesias y a los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, para el impulso de la ayuda con carácter de urgencia, parece que el peso de las cuentas han terminado por diluir la obstinación del líder de Unidas Podemos de sacar adelante la medida ya. Medidas que además carecía del consenso de los agentes sociales, tal y como apuntó la CEOE el pasado fin de semana. De hecho, la aplicación de urgencia de la medida en base al diseño pretendido por Escrivá -imposible por la exactitud de los estudios elaborados sobre el impacto de los diferentes agentes sociales y por la negociación con las comunidades autónomas-.
Se trataba de una renta que hubiera rondado los 500 euros por persona, para quienes vivan solos y no tenga familia a cargo, y de hasta 1.000 euros para aquellos que tengan hijos o justifiquen el cuidado de algún familiar. Y que, además, hubiera estado acotada en el tiempo.
Vuelta al plazo de tres meses
De este modo, con la ayuda de Iglesias guardada en un cajón con llave se vuelve al escenario anunciado en días atrás por Escrivá en el que apuntaba a que su equipo aún necesitarían tres meses para tener listo un modelo bien aquilatado "al detalle" y "milimétrico" que garantiza la eficacia de la medida.
Aunque ya existe un armazón consistente de lo que debe ser este instrumento en su aplicación perpétua y a nivel nacional que emana de los trabajos del Ministerio de Seguridad Social con una base clara en el boceto elaborado por la AIReF -sobre un ingreso mínimo vital de aplicación estatal- no todos los extremos de la medida se encuentran embridados y, más allá, algunos de ellos podrían enquistarse en el tiempo a pesar de la meta de tres meses autoimpuesta por el ministro.
Así el principal motivo por el que el ingreso mínimo vital diseñado por el equipo de Escrivá aún descansa entre las paredes del Ministerio de Seguridad Social -fuentes cercanas al ministro aseguran que se trabaja a marchas forzadas- es su aplicación coordinada con el resto de ayudas de carácter similar en las a nivel de comunidades autónomas. Y que según ha confirmado el ministro, será compatible finalmente con las prestaciones de carácter autonómico.
