El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, está obstinado en la aprobación inmediata del ingreso mínimo vital como una de las medidas complementarias dentro del plan de choque económico del Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis sanitaria y, finalmente, se saldrá con la suya. Tras haber emprendido la batalla de su puesta en marcha en solitario, al margen del trabajo elaborado hasta el momento por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta materia, finalmente se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Ejecutivo, incluidos los gabinetes de Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, para una herramienta de urgencia que preceda a la ayuda permenente en la que trabaja la Seguridad Social y que podría ver la luz en tres meses.
Ante el frenazo de Escrivá a impulsar el prometido ingreso mínimo vital para esta legislatura con prontitud, por la falta de aquilatamiento en su diseño, desde la vicepresidencia del Gobierno se estaba trabajando ya en un proyecto que impulse una renta mínima con carácter de urgencia y de limitación en el tiempo para afrontar los peores momentos de la crisis económica, una vez se haya controlado la pandemia. Lo que se ha denomindo un "ingreso mínimo vital (IVM) puente".
Se trata de una renta que rondaría los 500 euros por persona, para quienes vivan solos y no tenga familia a cargo, y de hasta 1.000 euros para aquellos que tengan hijos o justifiquen el cuidado de algún familiar. Y que, además, estaría acotado en el tiempo. De hecho, su aplicación temporal o permanente es el extremo que ha retrasado el impulso de la medida en el diseño pretendido por Escrivá.
Una medida urgente para dotar de liquidez a los hogares más vulnerables, pero que además ejerce como un fuerte polo de atracción en un momento de la crisis sanitaria, en el que ya se está polarizando el debate de lo político con nuemerosas peticiones de asunción de responsabilidades ante la dramática situación sanitaria. "Afectaría de manera previsible a 10 millones de personas", aseguraba Pablo Iglesias sobre el eventual alcance de esta medida durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad a mediados de febrero.
Conflicto autonómico
Así, aunque ya existe un armazón consistente de lo que debe ser este instrumento en su aplicación perpétua y a nivel nacional que emana de los trabajos del Ministerio de Seguridad Social con una base clara en el boceto elaborado por la AIReF sobre un ingreso mínimo vital de aplicación estatal no todos los extremos de la medida se encuentran embridados y, más allá, algunos de ellos podrían enquistarse en el tiempo a pesar de la meta de tres meses autoimpuesta por el ministro.
Así el principal motivo por el que el ingreso mínimo vital diseñado por el equipo de Escrivá aún descansa entre las paredes del Ministerio de Seguridad Social -fuentes cercanar al ministro aseguran que se trabaja a marchas fozadas- es su aplicación coordinada con el resto de ayudas de carácter similar en las a nivel de comunidades autónomas.
En País Vasco, Navarra y Cataluña sería difícil de implantar, ya que estas comunidades cuentan con instrumentos del estilo
Y más concretamente, se trataría de una colisión con las medidas de carácter autónomico ya que en el diseño sobre el que trabaja la Seguridad Social se recoje una revisión de todas ellas y una eliminación de duplicidades para lograr un ahorro fiscal en dicha ayuda de 2.000 millones de euros para el Estado. En este sentido, como se puede obsevar en el gráfico hay varias regiones que cuentan con algún tipo de instrumento complementario de renta con una cuantía superior a la que establecería el Gobierno en la versión de urgencia de este ingreso mínimo vital que parte desde los 500 euros, es decir, que la capacidad protectora de estos gobiernos autonómicos sería mayor que la del propio Estado central.
Estamos hablando principalmente de tres regiones: País Vasco, Navarra y Cataluña. En estas tres regiones sería complicado cuadrar el ingreso mínimo de urgencia que busca implantar Pablo Iglesias, ya que cuentan con ayudas de similar carácter pero de mayor cuantía que los 500 euros iniciales sobre los que estaría trabajando la Vicepresidencia del Gobierno. El País Vasco con una ayuda de 726 euros incrementa la cuantía propuesta de urgencia en un 45%; en el caso de Navarra (707 euros) la cuantía despega un 41% y en Cataluña (564 euros) supera a la ayuda gubernamental prevista en un 13%.
"Hay 17 instrumentos heterogéneos a nivel regional, con diferentes requisitos y dotaciones, que no ayudan a generar una mayor cohesión territorial", señalaba Escrivá durante su intervención en la Comisión parlamentaria del Seguridad Social en referencia a estas colisiones con las ayudas regionales ya establecidas.
"El ingreso mínimo vital será una medida estructural, indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales. Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables", aseguraba recientemente, José Luis Escrivá en relación a la renta básica en la que trabaja su Gabinete, añadiendo que a prestación estará destinada para las familias, y dependerá, sobre todo, del número de hijos y de familiares a cargo del beneficiario que solicite esta ayuda.
El coste fiscal: 3.500 millones de euros
De llevarse a cabo el modelo en el que se encuentra trabajando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estaríamos ante una medida que en su estimación agregada tendría un coste fiscal de 5.500 millones de euros, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades con otras prestaciones similares de otros organismos públicos de nivel autonómico y local. Es decir, una vez suprimidas ciertas ayudas que ofrecen en diferentes niveles de la administración y del mismo carácter.
