Economía

Escrivá promete un ingreso mínimo vital para esta legislatura: así será la nueva renta de inserción

  • La medida tendría un coste de entre 3.500 y 5.500 millones para el Estado
  • Casi 2 millones de personas se beneficiarían de la renta de inserción
  • La introducción de la medida conlleva la revisión de la estructura de prestaciones no asistenciales
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

José Luis Escrivá, el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compareció este jueves en el Congreso de los Diputado en el marco de la Comisión parlamentaria del ramo para dar cuenta de las líneas generales de actuación de su Gabinete con dos compromisos claros de cara a reducir la incertidumbre social: la introducción de una renta mínima y la puesta en marcha de la reforma de pensiones en un año, a más tardar, según confirmó el expresidentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En este sentido, el ministro Escrivá anunció que su equipo ya trabaja en el diseño de un ingreso mínimo vital con el objetivo de reducir los niveles de desigualdad que padece la sociedad española, agravados tras el paso de la crisis económica de 2008. En este sentido, el titular de la cartera de la Seguridad Social señaló, sin desvelar la cuantía de la prestación en cuestión, algunas de las características que debería tener la medida, similares a las de la propuesta que realizó la AIReF el pasado año como es la revisión de los diferentes instrumentos de ayudas económicas de carácter no contributivo que ya ofrece la Administración en sus diferentes niveles.

"Hay 17 instrumentos heterogéneos a nivel regional, con diferentes requisitos y dotaciones, que no ayudan a generar una mayor cohesión territorial", señalaba Escrivá durante su intervención en la Comisión apuntando a la necesidad de "coordinar este ingreso mínimo vital con otras prestaciones ya existentes", lo que implicaría reordenar la estructura asistencial y, eventualmente, eliminar duplicidades que se pudieran producir con otros niveles regionales y locales en este espectro.

De hecho, Escrivá señaló que la base de sus actuaciones será la eficacia de las medidas propuestas para lo que abordará las mismas "desde una visión micro para saber sobre qué parte de la población se quiere actuar" y así elaborar políticas "más finas y detalladas". De este modo, apuntó que el ingreso mínimo –medida central de su Ministerio- ha de ser una herramienta flexible para alcanzar las distintas necesidades sociales; eficaces para que llegue a los colectivos más vulnerables; y suficiente en su dotación económica.

Aproximación del ingreso mínimo

Una vez explicado el armazón de la renta mínima de inserción en la que trabaja el Gobierno, muchas son las similitudes y pistas las que nos ofrece el esbozo que elaboró la AIReF hace un año con el propio Escrivá al frente de la propuesta. De este modo, si se asumiesen las bases de la misma, estaríamos ante una medida que en su estimación agregada tendría un coste fiscal de 5.500 millones, a los que habría que restar 2.000 millones de euros al evitar las duplicidades con otras prestaciones similares de otros organismos públicos como se ha mencionado, frente al coste de 7.200 millones cuantificados por los sindicatos en su propuesta introducida en el Congreso de los Diputados en 2017.

En este sentido, la AIReF valora la posibilidad de que las ayudas por adulto sean de hasta el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -unos 430 euros mensuales teniendo en cuenta que este indicador sigue en 537,84 euros brutos anuales- a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres.

En las dos alternativas, la AIReF plantea distintos tramos de renta por hogar "focalizando la ayuda en la pobreza severa", que más allá, beneficiaría a 1,8 millones de hogares, por encima del 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CCOO, con un menor coste para las arcas públicas.

Solución al Pacto de Toledo, en 2020

Además, el otro gran eje de actuación del Ministerio en cuestión será legislar sobre las recomendaciones que acuerde el Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones, en lo que Escrivá ha pedido a los partidos premura para poder tener un documento a finales de este mismo año y así poder comenzar con la segunda fase de la reforma. "El Pacto de Toledo es el que tiene que presentar una solución para las pensiones", señalaba el ministro en su intervención añadiendo que la premura es vital para reducir la incertidumbre social sobre el actual sistema de protección para la jubilación en nuestro país. 

En este sentido, si bien el ministro dejó la concreción de las medidas necesarias para su próxima comparecencia la próxima en el seno del Pacto de Toledo, sí que lanzó algunas píldoras sobre las cuestiones que centrarán la labor legislativa de los próximos años. Así, recordó la necesidad de abordar medidas en el campo de la reordenación de los gastos de la Seguridad Social -de carácter no contributivo- "que se deberán pagar con los Presupuestos", tal y como apuntó el ministro. 

Hizo referencia así a los conocidos como gastos de gestión de la Seguridad Social, a la reducción del coste de los procesos de incapacidad temporal (que supone cada año 300 millones de euros cedidos a las comunidades autónomas) y el rediseño del complemento de maternidad tras la sentencia de las últimas fechas que obliga a ampliar dicha dotación a los hombres. Además, apuntó que explicará en su comparecencia en el Pacto de Toledo las vías para incrementar la edad efectiva de jubilación, elemento crucial para conseguir la reducción del déficit del sistema de pensiones, enquistado en la actualidad entorno al 1,4% del PIB. 

Precisamente sobre este agujero de la Seguridad Social, Escrivá apuntó que el problema financiero es "manejable" y que el sistema es "sólido y solvente" y que el repunte del gasto que viene en la próxima década es "manejable". Cabe recordar en este punto que, según las previsiones de la AIReF, el gasto en pensiones repuntará para mediados de la próxima década en 3 puntos porcentuales del PIB como producto de la jubilación de los trabajadores pertenecientes a la generación del baby boom. Una cifra que el Instituto de Actuarios Españoles sitúa en un déficit del 5% del PÎB para 2050, asumiendo revalorizaciones constantes de las pagas con el IPC, lo que dibujaría un saldo negativo del sistema de 100.000 millones de euros al año.

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