Economía

La subida de pensiones de Sánchez condena a la Seguridad Social a un déficit de 100.000 millones

  • El desfase de las pagas contributivas se iría al 5% del PIB para 2050
  • El Instituto de Actuarios reclama un auditor para la Seguridad Social

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de revalorizar las pensiones conforme a la inflación, y su voluntad de que esta sea la norma para actualizar las pagas de forma anual, puede traer más de un dolor de cabeza a los gestores del organismo encargado de pagar las pensiones en España. De hecho, si por el camino no se toman medidas complementarias de ajuste del gasto o incremento de los ingresos, el Ejecutivo de turno habrá de lidiar con un déficit contributivo de las pensiones que crecerá progresivamente en próximas décadas hasta alcanzar un volumen anual cercano a los 100.000 millones de euros.

Así lo afirmó el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, y miembro del Instituto de Actuarios, Enrique Devesa, durante la presentación del Informe sobre la Seguridad Social Española, donde además aseguró que "las pensiones españolas son muy generosas lo que, paradójicamente, es un problema". Concretamente, se refiere a que con la reforma de 2011 "el sistema de pensiones tiene ya pactado, por así decirlo, el recorte de su generosidad, precisamente por los imperativos que presentan sus necesidades de sostenibilidad, que puede llegar a ser preocupante si las pensiones se revalorizan con el IPC abandonando el IRP".

Cabe recordar que el Gobierno ha anunciado a través del Plan Presupuestario 2020 que tiene la intención de incrementar las pensiones un 0,9% para el próximo año, basándose precisamente en la estimación de incremento del IPC para el conjunto de los doce meses. Un medida que acarrea un coste extra de 1.400 millones de euros y que, de mantenerse para el año posterior consolidaría en el pasivo de la Seguridad Social. Y es precisamente esa tendencia la que llevaría al sistema de pensiones a contar con un déficit anual que rondaría los 100.000 millones de euros, es decir, casi un 5% del PIB, contra el 1,7% de desfase en la partida de pagas contributivas que registra en el actualidad (cerca de 20.000 millones de euros).

Por contra, en un escenario en el que se levantase la actual suspensión que pesa sobre el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -en el que volvería a aplicar la subida del 0,25% hasta revertirse la coyuntura deficitaria de la Seguridad Social- el sistema de pensiones entraría en superávit a partir del año 2030 y para ese 2050 el remanente anual alcanzaría el 2,14% del PIB.

Una auditoría de la Tesorería de pensiones

En este sentido, una de las peticiones fundamentales que realizan los Actuarios a la administración pública pasa por la constitución de un organismo independiente que haga las veces de auditor del Instituto público y de cuenta de manera periódica de la coyuntura financiera de la Seguridad Social.

En este sentido, el presidente del Instituto de Actuarios España, Gregorio Gil de Rozas, asegura que "la gran asignatura pendiente del modelo español está en la parte actuarial. Así, apunta que "es fundamental que el sistema de pensiones contributivo de reparto tenga niveles aceptables de equivalencia actuarial, y que un ente experto e independiente vele por ello, porque es el primer peldaño para avanzar hacia su sostenibilidad".

Concretamente, los actuarios sugieren la creación de una figura pública en el sistema español de Seguridad Social que actúe como fuente independiente, rigurosa y capaz para garantizar la coherencia actuarial y financiera de las pensiones es otra de las medidas que el Instituto considera prioritarias. Este perfil sería un agente clave para proponer reformas, mejoras y modificaciones del sistema de pensiones que garanticen la viabilidad del modelo y eviten la actual situación, con ciudadanos cada vez menos incentivados por cotizar.

Por ello, desde el punto de vista de los actuarios sería necesario avanzar en la transparencia del sistema público, en referencia a la ley que desde 2011 obliga a la administración a informar de la cuantía de la pensión que se percibirá. Además, reclama el "incorporar automatismos de corrección o ajuste para sacar las pensiones del debate político".

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