Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019 sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un acuerdo cuanto antes para "no alargar más la incertidumbre de los pensionistas", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión con la esperanza de que la recomendación sobre la revalorización y suficiencia no difiera de lo acordado con un amplio consenso de las fuerzas políticas antes de que el borrador para la reforma saltase por los aires a pocas semanas de las elecciones generales de abril. Y que, por lo tanto, esta propuesta adquiera rango de ley lo antes posible.
En este sentido, desde la Comisión confían finalmente se eleve un mandato de reforma al Consejo de Ministros, que, sin embargo, asumen las fuentes, se dará sin la unanimidad de los componentes de la mesa de negociación. "Ya hubo votos particulares en la reforma del 2011, que contó con el consenso de todos", recuerda asumiendo que tal y como se observó en el maltrecho documento acordado en febrero de 2019 con votos particulares Unidas Podemos y ERC en varios puntos esta vez también será igualmente imposible poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas, algunas en las antípodas del espectro ideológico, en todos los puntos por lo que se "irá a un acuerdo de máximos".
Cabe recordar que fue la propia exministra y presidenta de la Comisión, Magdalena Valerio, quien pidió durante su intervención en la sesión de apertura del Pacto de Toledo que los avances realizados hasta el momento no caigan en saco roto y se aproveche el trabajo ya realizado para concluir cuanto antes la elaboración de las recomendaciones.
Así todo, parece que dos elementos serán cruciales en el devenir de la premura con la que se aprueben las 21 recomendaciones de reforma: la postura de Unidas Podemos -que rechazó en el último momento parte de las medidas sobre las que ahora se plantea reiniciar el trabajo- por un lado, y la del PP -consciente de la inviabilidad de las medidas introducidas en la reforma de 2013 tras la reversión de las mismas por el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy en el acuerdo presupuestario alcanzado con el PNV en 2018 y, por tanto, más cercano a posturas de consenso pero también tentado por mantener el pulso a Vox, que se presenta como única fuerza que plantea un desmantelamiento del sistema público- por otro lado.
En este punto, los miembros de la Comisión esperan a un "PP con postura de Estado" que sea más proclive a alcanzar acuerdos y que abandone en este espacio la confrontación electoralista que ha empantanado desde hace ya un año las relaciones entre los dos principales partidos del país.
Comparecencia de Escrivá
En este nuevo arranque de los trabajos en el seno del Pacto de Toledo, la primera parada será la comparecencia del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Su visita a los miembros de la Comisión se fijará en esta primera reunión de trabajo y supondrá la puesta en escena de las líneas de actuación que prioriza el nuevo Gabinete de gobierno de la Seguridad Social plantea para esta legislatura y de cara a la reforma. Un acto que corresponde a los ministros del ramo de las comisiones parlamentarias y que la hoy presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, cumplió en su anterior etapa al frente del Ministerio de Trabajo.
En este sentido, se espera que Escrivá ponga encima de la mesa aspectos que ya fueron acotados en su informe sobre el Sistema público elaborado desde la presidencia de la AIReF. Una vía que, entre otros, elementos contempla la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo), lo que se conoce como el trasvase de cotizaciones que se calcula en una cuantía máxima de 9.000 millones. También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). Además, Escrivá tiene intención de profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años).
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