El Gobierno, a pesar de estar en funciones, mantiene su actividad de cara al momento de la formación de un nuevo Ejecutivo (que podría llegar en septiembre) para poner en marcha cuanto antes las principales medidas con las que se presentó Pedro Sánchez a las pasadas elecciones generales. Una de estas medidas, focalizada en la reducción de la pobreza en España, consta en la introducción de un ingreso mínimo vital para los hogares en una situación marginal, y se trata de uno de estos proyectos que el Ejecutivo socialista ha continuado dando forma en los últimos meses.
Una medida, sin embargo, que ya fue solicitada por los sindicatos en 2017 en el Congreso , y que, según señaló la AIReF durante la presentación del estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España (documento elaborado a petición del propio Consejo de Ministros)supondría entre 7.200 millones y 9.800 millones de euros anuales. Pero en este mismo estudio la autoridad fiscal elabora dos alternativas a la propuesta sindical, que tal y como señalan fuentes de Moncloa a elEconomista, "se aproximan al planteamiento del Gobierno" que pretende ejecutar en la nueva legislatura.
Sin embargo, y aunque estas mismas fuentes reconocen haber mantenido encuentros con la AIReF para el diseño de la medida, la propuesta del Ejecutivo guarda algunas diferencias con esta propuesta y también con la Iniciativa Legislativa Popular de CCOO y CGT. La más importante es la del nivel de las cuantía previstas en la cobertura de los hogares que el Gobierno del PSOE plantea en un 40% más que la versión de la AIReF. Concretamente, si la alternativa del organismo auditor partía de una base 426 euros mensuales ampliables con una dotación de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo para un máximo de tres, el planteamiento del Ejecutivo partiría de un suelo de 600 euros al mes que llegaría hasta los 1.800 euros en los casos más extremos.
De este modo, esta tendría dos ramas: la primera de ellas, una ayuda para los hogares con pobreza infantil severa, donde se encuadrarían las ayudas de entre 600 y 1.800 euros, mientras que para los hogares en situación de alta pobreza las cifras serían entre 600 y 1.200 euros.
Capacidad financiera de los hogares
En este sentido, una de las peculiaridades de la versión del Gobierno de esta medida es el hecho de que se focaliza en la capacidad financiera de los hogares y no de los individuos, a diferencia de lo que plantea la ILP de los sindicatos. Por ello se asemeja más a lo esbozado por la AIReF sobre este aspecto, tanto en cuanto si el nivel de renta de la unidad familiar es insuficiente se podría percibir el ingreso mínimo vital incluso dentro del hogar beneficiario alguno de sus miembros se encuentra desempeñando un trabajo. Siendo esta una de las principales reclamaciones del organismo dirigido por José Luis Escrivá ya que, según la AIReF, el requisito de vincular esta ayuda a la coyuntura de paro de larga duración es contraproducente al reducir los incentivos para la búsqueda de empleo, objetivo de estos programas.
Lo que el Gobierno no confirma aún es el coste global que tendría la aplicación de este plan integral contra la pobreza, si bien podría situarse en esa franja de entre 7.000 millones y 10.000 millones que calcula la AIReF, e incluso por encima en función de las cuantía y el número de beneficiarios cubiertos.
Con todo ello, el objetivo de la administración es atender estas situaciones de riesgo de exclusión social, con especial atención a los hogares con niños, para en un horizonte de cuatro años "llevar a cabo un despliegue que reduzca en un 100 por cien los casos de pobreza extrema" en nuestro país, explican estas mismas fuentes.
Ayudas regionales y locales
Además, el otro aspecto que distancia la propuesta del Gobierno y la de AIReF, es que en este último caso se propone que la aplicación de la renta mínima sirva para eliminar otras ayudas similares en el nivel autonómico y local, algo que según el organismo en cuestión podría reducir la factura fiscal del subsidio en unos 2.000 millones de euros al año, al estar centralizada la gestión del mismo. "El Gobierno no está por la eliminación del resto de ayudas", apuntan a elEconomista.
Sin embargo, resulta ineludible reconocer la labor del Gobierno socialista en este campo desde que Pedro Sánchez alcanzase la presidencia en junio del pasado año. En primera instancia, el Ejecutivo incluyó en el macrodecreto de incremento de las pensiones aprobado en diciembre de 2018 la ampliación de manera indefinida del subsidio extraordinario por desempleo – que tenía un carácter temporal (180 días), siendo renovado semestralmente hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15%, con una cuantía de 430 euros mensuales– y que se desvinculó de la evolución del mercado laboral.
En marzo se decidió el incremento de la asignación económica por hijo a cargo, que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 euros en el caso de personas con menores ingresos. También se regló que los parados mayores de 52 años accedan al subsidio por desempleo, reservado a los mayores de 55 años.
El PSOE busca cubrir a 730.000 hogares con el ingreso mínimo vital
El PSOE plantea la introducción de una nueva prestación a cargo de las cuentas de la Seguridad Social, y de carácter centralizado, denominada ingreso mínimo vital para asistir los caso de pobreza extrema con especial hincapié en los casos de situaciones en las que haya menores en riesgo de pobreza severa.
Las ayudas partirían de una cuantía de 600 euros al mes para los hogares sin ingresos de la que creen que podrían beneficiarse actualmente 730.000 familias. En principio, el coste estimado por el gabinete socialista para las arcas públicas ascendía a más de 6.450 millones de euros, si bien el cálculo se estimaba sobre rentas que partiesen se los 426 euros, una cifra que según explican fuentes cercanas al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil -encargado del diseño de la medida- se incrementaría hasta la anteriormente mencionada, elevando así el coste previsto.
Del mismo modo, el Gobierno del PSOE plantea que se financie la partida que liberaría la Seguridad Social a través de transferencias del Estado, de modo que el cargo iría contra los Presupuestos Generales, o lo que es lo mismo, se cubriría el coste con recaudación de impuestos.
Unidas Podemos pide cuantías que partan de los 650 euros al mes
La incorporación de una renta mínima universal a al red de ingresos asistenciales de España es una de las medidas estrella con la que nació allá por 2015 Unidas Podemos. Aunque en su programa explica que "garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión", a través de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes y que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros -actualizada periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano, y una previsión de 10 millones de beneficiarios-, la propuesta de la formación de Pablo Iglesias podría ser más ambiciosa y alcanzar los 650 euros mensuales en función de la referencia utilizada -alcanzaría esta cifra si se usa el umbral de pobreza d el ILP de los sindicatos-.
La formación llegó a calcular que el coste sería de 145.000 millones de euros, financiable teniendo en cuenta el dinero destinado por Europa para la ayuda a los bancos y un incremento del 5% en el presupuesto comunitario.
Ciudadanos apuesta por introducir un complemento salarial
Ciudadanos apuesta por la creación de un Complemento Salarial Anual Garantizado (CSAG) que complete los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios, a modo de paga asistencial.
Esta medida estaría destinada para quienes tengan rentas salariales o ingresos del trabajo por cuenta propia pero no logran alcanzar el salario mínimo anual y se inspira en ayudas similares que existen en EEUU y el Reino Unido. La formación de Albert Rivera calcula que hasta 5 millones de hogares se beneficiarían de esta renta y que tendría un coste equivalente al 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros) en el escenario más adverso.
"Al contrario que la subida del salario mínimo, que expulsa del empleo a los trabajadores peor pagados, o una renta garantizada, que desincentiva el trabajo, nuestro programa anima a los trabajadores a trabajar y facilita que el empleo, incluso aunque sea a tiempo parcial, tenga una remuneración digna", señala en el documento electoral la formación naranja haciendo hincapié en el objetivo de que estos beneficiarios pasen cuanto antes al mercado de trabajo.
AIReF aboga por una renta mínima que sea compatible con trabajar
Lo AIReF plantea, para la mayor efectividad de la aplicación de la renta mínima que se quiten los requisitos de paro de larga duración que incluye la propuesta sindical y se centre en el nivel de renta del hogar, y se quiten duplicidades del sistema de complementos a mínimos para que esta factura fiscal sea menor.
Se propone así que quienes cobren menos de 3.000 euros al año, obtengan un ingreso complementario procedente del Estado de 426 euros y que sea compatible con el trabajo para evitar el conocido como efecto llamada. Además esta ayuda se ampliaría en caso de tener hijos a cargo, en 1.200 euros al año por cada uno de ellos hasta un máximo de tres.
Y si el ingreso del hogar se encuentra por debajo de 8.400 euros anuales solo se complementaría la parte de los vástagos a cargo. Otra opción que sugiere para las rentas por debajo de 4.200 euros al año es que la ayuda ascienda a los 426 euros. Y podría contar con un complemento de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de tres. En ambos planteamientos de AIReF se reduce la factura fiscal a la más de la mitad que el planteamiento inicial de UGT y CCOO, hasta los 3.500 millones.
La propuesta sindical reduce la pobreza extrema en un 28%
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reflejó en un estudio de Los Programas de Rentas Mi?nimas en España, solicitado a la institución en marzo de 2018 tras las recomendaciones reiteradas del Consejo Europeo sobre la necesidad de fortalecer la última red de prestaciones económicas para conseguir mayores avances en la reducción de la pobreza y después de que el Parlamento tomara en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos a propuesta de CCOO y UGT.
En el estudio, la AIReF estima que la ILP de ingresos mínimos mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la pobreza extrema en un 28%, con un coste fiscal para el Estado de entre 7.200 y 9.800 millones de euros. La franja diverge en función del volumen de necesidad de cobertura social, ya que el organismo advierte de repuntes de las personas que cumplan los requisitos como beneficiario ante situaciones de crisis económica, además del efecto llamada que se podría dar ya que hay muchos individuos que con solo darse de alta en el Inem tendrían derecho de acceso a la prestación.
