Con casi toda seguridad, el debate para la introducción de la renta mínima estará presente en la agenda reformista de la próxima legislatura, a tenor de las propuestas programáticas del PSOE -vencedor de las elecciones- y Unidas Podemos, principales socios en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las propuestas esgrimidas desde diferentes ámbitos difieren diametralmente en términos de impacto para las cuentas públicas.
Estas son la de los sindicatos CCOO y UGT, presentada en el Parlamento en 2017 con un coste aproximado de 7.200 millones de euros -cifra que se podría elevar hasta los 11.000 millones en el peor de los escenarios, por un lado; y la planteada esta misma semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en sus dos vertientes supondría un desembolso de 3.500 millones, es decir, un 52% menos.
Dos son los factores clave en los que la autoridad fiscal difiere con las entidades sindicales: el conocido como efecto llamada y la eventual duplicidad de esta renta mínima con otras ayudas de carácter social tanto de ámbito nacional como autonómico.
"Desde un punto de vista de la eficiencia, la prestación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presenta un elevado coste fiscal en relación con la reducción de pobreza severa que obtiene. La ILP tiene un coste fiscal estimado para 2017 de más de 7.000 millones de euros, con máximos que alcanzarían los 11.000 millones en situaciones de crisis graves y prolongadas y con riesgo de un efecto llamada que lo elevaría en 2.600 millones", calcula autoridad fiscal.
Además, apunta a que este elevado coste fiscal debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en España superior a 2 puntos del PIB y de un nivel de deuda cercano al 100 por cien del PIB. "Por lo tanto, la creación de una nueva prestación debería enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo creíble que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas", advierte.
En este punto, las alternativas que plantea la AIReF consiguen reducir el gasto público en esta partida más de la mitad. Concretamente, el ahorro vendría porque estas propuestas eliminan la posibilidad del efecto llamada.
Desincentivo para buscar empleo
"Según la ECV 2017 hay 515.000 individuos que cumplen los requisitos de ser parados de larga duración (12 meses en desempleo) pero que no están activamente buscando trabajo. Si esos individuos se inscribieran en un servicio público de empleo el coste se incrementaría en 2.600 millones de euros, además de elevar artificialmente las tasas de actividad y desempleo", apunta la AIReF.
Y ante esto, aboga por que entre los requisitos no se establezca el de ser parado de larga duración para evitar que individuos como el de este perfil hagan por incluirse en las listas del SEPE para cumplir los requisitos de acceso a la prestación, por lo que sugieren que el único requisito sea el de la renta y que la ayuda sera compatible con un puesto de trabajo.
La autoridad fiscal aboga por eliminar duplicidades con un coste de 2.000 millones
En segundo lugar estaría el ahorro de otros 2.000 millones por la eliminación de duplicidades. Según, la AIReF el sistema de ingresos mínimos en España se encuentra altamente fraccionado y diseminado en diferentes niveles de la administración. La autoridad fiscal plantea pues un modelo homogéneo impulsado desde el gobierno central pero que evite duplicidades, si bien contempla el mantenimiento de otras ayudas de carácter local o regional además de la renta mínima que dotaría la administración central.
