La introducción de una renta mínima en España reduciría la pobreza extrema en un 28%, y además, mejoraría la distribución de la renta en un 4%, según apunta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que este miércoles presentaba su estudio 'Los Programas de Rentas Mínimas en España' a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CCOO y UGT en el Congreso para establecer una prestación de ingresos mínimos, una medida que tendría un coste de hasta 10.000 millones de euros para las arcas públicas según al autoridad fiscal
Lo que AIReF plantea, para la mayor efectividad de la medida, es que se quiten los requisitos de paro de larga duración que incluye la propuesta sindical y se centre en el nivel de renta del hogar, y se quiten duplicidades del sistema de complementos a mínimos para que esta factura fiscal sea menor.
Se propone así que quienes cobren menos de 3.000 euros al año, obtengan un ingreso complementario procedente del Estado de 426 euros y que sea compatible con el trabajo para evitar el conocido como efecto llamada. Además esta ayuda se ampliaría en caso de tener hijos a cargo, en 1.200 euros al año por cada uno de ellos hasta un máximo de tres. Y si el ingreso del hogar se encuentra por debajo de 8.400 euros anuales solo se complementaría la parte de los vástagos a cargo.
Otra opción que sugiere para las rentas por debajo de 4.200 euros al año es que la ayuda ascienda a los 426 euros, si bien esta se iría reduciendo en hasta el el 10% del IPREM para así evitar los saltos del escalón. Y podría contar con un complemento de hasta 1.680 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de tres. En ambos planteamientos de AIReF se reduce la factura fiscal a la más de la mitad que el planteamiento inicial de UGT y CCOO, hasta los 3.500 euros.
Esta rebaja se lograría con la eliminación de los posibles repuntes del gasto por el efecto llamada (cerca de 2.600 millones de euros), por lo que la propuesta de la AIReF pasaría a costar de los 7.200 millones iniciales propuestos por sindicatos a 5.500 millones de euros. Y además propone una supresión de duplicidades del sistema de ingresos mínimos en España que restaría otros 2.000 millones a la factura, suponiendo un coste total de la medida en los términos que la autoridad fiscal plantea de 3.500 millones de euros mencionados.
Posible hachazo para las 'arcas'
En la otra cara de la moneda, la aprobación de esta medida tal y como la plantearon los sindicatos en su día en 2017 podría significar un nuevo hachazo para la recaudación tributaria, ya que el coste fiscal de la medida sería de hasta 10.000 millones de euros para el Estado.
Concretamente, la AIReF señala que sobre la introducción de esta prestación tendría implicaría un desembolso mínimo para las arcas públicas de 7.200 millones, "con riesgo de que este aumente a los 9.800 millones por el posible efecto llamada".
"Es la primera vez que evaluamos una política antes de ponerse en marcha porque hemos recibido un encargo explícito del Consejo de Ministros. El foco fundamental es evaluar la iniciativa y cuantificar sus efectos desde el punto de vista fiscal y de capacidad redistributiva", apuntan desde la AIReF.
En este sentido, la autoridad fiscal advierte de que el gasto público en esta partida podría alcanzar hasta los 11.000 millones de euros en situaciones de crisis prolongadas. Una situación en la que se podrían tensionar aún más las Cuentas del Estado en una coyuntura como la actual de desaceleración del ciclo de la economía y un déficit presupuestario del 2%.
De hecho, el coste de esta renta sería equivalente al 1% del PIB, lo que supone un "coste significativo", apuntan en AIReF. Así, tendrían acceso al ingreso mínimo los miembros de aquellos hogares que vivan bajo el umbral de la pobreza severa, cuya tasa en España se sitúa en un 7% y que pasaría con la aplicación de la propuesta de los sindicatos al 5%. Aún por encima de la media de la UE (3,5%), ya que en la actualidad somos el segundo país del entorno comunitario con los niveles por detrás de Rumanía. Estas personas con derecho a la paga serían pues aquellas con ingresos por debajo del 30% de la renta disponible, es decir, que cobren 335 euros al mes por individuo o 746 euros por hogar -tipo con 2 adultos y 2 niños-.
El efecto llamada
Uno de los aspectos que resalta la autoridad fiscal de la iniciativa popular presentada por los sindicatos es el posible efecto llamada -como se ha explicado anteriormente implicaría un incremento del coste de 2.600 millones de euros- ya que este tipo de medidas se ha demostrado que tiene un efecto desincentivador de búsqueda de empleo.
Por eso, una de las observaciones que realiza la AIReF en el informe es que lo óptimo sería establecer como requisito principal para el acceso a la prestación la renta del hogar, "estableciendo tramos de renta por hogar para aquellos más pobres pero focalizando la ayuda en la pobreza severa" y "eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los potenciales beneficiarios" haciendo la prestación compatible con el empleo y permitiendo que actúe como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que haya alcanzado un salario suficiente.
