España no está preparada para la introducción de un ingreso mínimo vital... o al menos sus estructuras macroeconómicas. Esta es la principal conclusión que se extrae del análisis de los expertos consultados por elEconomista que advierten de un elevado volumen de paro, un déficit aún en cotas elevadas y una deuda pública que amenaza con desbordarse por encima del 100% de PIB.
"España no está preparada ni desde el punto de vista fiscal ni tampoco desde el punto de vista de la estructura productiva. Debido al ya de por sí elevado nivel de cobertura de prestaciones públicas en relación con el total de la población y también con respecto a la renta mediana, introducir una renta mínima es un incentivo perverso para el incremeento de productividad, la disponibilidad de oferta de trabajo y, como efecto de segunda ronda, un riesgo inflacionista", argumenta el economista Javier Santacruz.
"Desde el Círculo de Empresarios no vemos la conveniencia de una renta básica universal, ya que se ha demostrado ineficaz en los países que la han ensayado y desincentiva el espíritu emprendedor, pero sí estamos a favor de que el Estado ponga en marcha esquemas de transferencia de renta a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos en situaciones extraordinarias de crisis económica y social como la que atravesamos", explica el el Secretario General del Círculo de Empresarios, Alfredo Bonet.
Si bien es cierto que Bonet reconoce que "nos enfrentamos a esta crisis, desafortunadamente, con unos elevados niveles de déficit público, deuda y desempleo, que van a aumentar de forma inevitable y considerable como consecuencia de las medidas para afrontarla. Pero en estas circunstancias excepcionales, el Gobierno debe poner en marcha instrumentos para sostener las rentas de los colectivos más vulnerables de manera selectiva y transitoria".
En esta misma línea, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, asegura que "ahora no es el momento adecuado" ya que el diseño de la medida debe ser bajo un planteamiento ligado a la revisión de todas la ayudas vigentes donde, advierte el experto, "hay incompatibilidades".
En este sentido, recuerda Pich que "es un debate que llegará" y que ya se había puesto encima de la mesa y que es legítimo pero necesario abordar "sin demagogia". Donde además señala que no se pude compatibilizar esto con todo un pliego de ayudas para el mercado laboral, para las familias, para los alquileres, etc. "O un modelo o el otro", sugiere el presidente del Consejo General de Economistas.
Efecto contraproducente
Además, asegura Santacruz, sería contraproducente: "Terminaría perjudicando aún más a las personas vulnerables, ya que no sólo no se arreglaría el problema de pobreza que pueda existir, sino que hundiría la evolución de los salarios. Si un empleador sabe que por no hacer nada un trabajador recibe una renta mensual, eso lo descontará del salario pagado. Igualmente los vendedores de cualquier producto o servicio descontarán en el precio de lo que venden las rentas que de forma incondicional reciben los consumidores. Sería generalizar en España los efectos que lleva generando desde hace más de 30 años la Política Agraria Comunitaria (PAC)", advierte.
¿Cómo se financia?
La financiación de esta medida, "como la del resto de las medidas de gasto público excepcional", sería con cargo a endeudamiento del Estado, o bien directamente o bien a través de algún mecanismo europeo que pueda ponerse en marcha, apunta el secretario general del Círculo de Empresarios sobre los recursos necesarios para llevar a cabo la renta mínima en España.
Del mismo modo, Santacruz recuerda que habida cuenta que el sistema público no genera suficientes ingresos para financiar gastos, "los recursos sólo pueden salir de un sitio que es más impuestos, tanto si son en el presente como si son en el futuro (más deuda pública)". "Se intentará diferir todo lo que se pueda en el tiempo este gasto en forma de Deuda, pero esa carga puede llegar a ser demasiado pesada para la estructura productiva española", advierte.
