La rapidez con la que evolucionan los acontecimientos y con la que cambia el escenario de la crisis sanitaria está obligando al Gobierno de Pedro Sánchez a evaluar medidas y tomar decisiones de manera casi diaria. En suma, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo hasta el momento, en tres paquetes diferentes aprobados en Consejo de Ministros, ronda los 20.000 millones de euros. Si bien esta cifra dista mucho del bazuca de liquidez anunciado por Moncloa, que alcanzaba los 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados, estas medidas ya superan en cuatro veces el coste que tendría para las arcas del Estados la introducción de un ingreso mínimo vital, cifrado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en unos 5.500 millones de euros.
Como ha recordado durante sus últimas comparecencias el ministro de Inclusión, Seguridad Socia y Migraciones, José Luis Escrivá, la aprobación de un ingreso mínimo vital era uno de los compromisos de este Gabinete ministerial desde que se conformó el actual Gobierno de coalición. Como ya ha adelantado este diario, las líneas generales de la medida están claras desde el comienzo, si bien la situación de excepcionalidad está obligando a Moncloa a trabajar "a marchas forzadas" en el diseño de esta renta básica de inserción para que sea una herramienta más de liquidez para los hogares, apuntan a este diario fuentes oficiales.
"El ingreso mínimo vital será una medida estructural, indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales. Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables", aseguraba este fin de semana, José Luis Escrivá en relación a la renta básica en la que trabaja el Gobierno en una entrevista publicada por La Vanguardia, donde apunta que la prestación estará destinada para las familias, y dependerá, sobre todo, del número de hijos.
De este modo, los hogares monoparentales recibirán una prestación más alta aunque también se tendrá en cuenta la renta. Aunque todavía no se baraja un tiempo concreto para activar la medida: "Lo estamos haciendo lo más prestos posible, pero hay que diseñarla bien". Escrivá admitió así que todavía están en la fase de establecer estas tipologías de hogares para deducir cuántas familias podrán resultar protegidas por este ingreso mínimo vital permanente. También ha añadido que es pronto para hablar de la cuantía económica de esta prestación.
Ordenar las medidas
Precisamente, uno de los pilares sobre los que se cimenta el diseño de esta medida es la racionalidad del gasto público y la eficacia del mismo a la hora de lograr los objetivos para los que se concibió. En este sentido, uno de los elementos que hacen del ingreso mínimo vital un gasta asumible por el Estado es la eliminación de duplicidades en términos de ayudas y complementos por parte de otros niveles de la administración que reduzcan la factura fiscal de esta renta mínima de inserción.
"Hay 17 instrumentos heterogéneos a nivel regional, con diferentes requisitos y dotaciones, que no ayudan a generar una mayor cohesión territorial", señalaba Escrivá durante su intervención en la Comisión parlamentaria del Seguridad Social, añadiendo que de eliminarse estas herramientas se podrían ahorrar hasta 2.000 millones de euros en la medida. Así, si se asumiesen estas bases, estaríamos ante una ayuda que en su estimación agregada tendría un coste fiscal de 5.500 millones, de euros al año.
Por otro lado, los costes de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar los daños de la crisis del coronnavirus se acercan ya a los 20.000 millones de euros. El último decreto aprobado, con 50 nuevas medidas protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y autónomos se suma a las reformas de las anteriores semanas, que supusieron, según las estimaciones del Banco de España, unos costes de 17.427 millones de euros, el 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
