Los costes de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar los daños de la crisis del coronnavirus se acercan ya a los 20.000 millones de euros. El nuevo decreto aprobado este martes, con 50 nuevas medidas protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y autónomos se suma a las reformas de la semana pasada, que supusieron, según las estimaciones del Banco de España, unos costes de 17.427 millones de euros, el 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
Aunque los especialistas consultados por elEconomista piensan que aún es pronto para contabilizar el coste real que ha supuesto para las arcas públicas las medidas contra la crisis vírica, el aplazamiento del pago en la cuota de autónomos -anunciada ya, pero que también este día 1 se cobró la cuota de marzo-, más los subsidios y las ayudas a diversos colectivos, hacen que la cifra se eleve hasta rondar ya los 20.000 millones. Según las previsiones del Banco de España, esta cantidad incluye, además de lo aprobado este martes, la moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 euros, la moratoria del pago de hipotecas para trabajadores y autónomos de renta baja, la exoneración del pago de la Seguridad Social a aquellas empresas que hagan un expediente de empleo temporal y los avales y garantías activados.
Un gasto directo del 0,5%
Según el último informe trimestral del Banco de España, esta cantidad aumentaría si el Gobierno movilizara el resto de fondos que tiene preparados. A su juicio, en esta situación el volumen de fondos públicos alcanzaría el 8,8% del PIB. De este volumen total, un 0,5% del PIB supone un aumento directo del gasto, mientras que el resto estaría destinado a la concesión de avales y líneas de crédito a empresas.
Por fases, un primer ámbito de acción es el aumento de la dotación presupuestaria para afrontar el crecimiento del gasto sanitario derivado de la epidemia. En concreto, el Gobierno Central ha destinado 3,8 millones de euros para estos fines, tanto para las Comunidades Autónomas, que son los principales proveedores de estos servicios, por medio de un adelanto de 2,8 millones de los pagos a cuenta del sistema de financiación autonómico, como para el Ministerio de Sanidad, a partir de la concesión de un crédito extraordinario por un importe total de 1.000 millones de euros. Además, se han destinado 30 millones de euros a financiar la investigación sobre el virus.
En cuanto a la protección social,asta esta semana se había destinado 600 millones para la provisión de servicios por parte de las Administraciones Autonómicas y Locales a las personas en situación vulnerable. Además, se han puesto en marcha dos medidas sin impacto directo en el presupuesto público con el mismo objetivo de paliar el impacto de la crisis sobre los hogares en una posición más frágil: la obligación de que las empresas proveedoras garanticen los suministros esenciales -agua, gas y telecomunicaciones- en caso de impago y el establecimiento de una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas a las familias cuyos ingresos se vean reducidos como resultado de la crisis. Por último, se ha aprobado que las bajas por infección por coronavirus o por cuarentena sean consideradas como incapacidad temporal por contingencias profesionales, en las que el Estado asume el pago de las prestaciones desde el primer día.
¿Cuánto subirá la deuda?
Según un informe del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, el aumento del déficit de 2020 será muy probablemente el más elevado registrado en un solo año en la historia moderna, aunque sea inferior que el multianual acumulado que resultó de la crisis de la deuda soberana. En 2012, España tuvo que recurrir al Mecanismo de Estabilidad Europeo (Mede) para que le ayudara a financiar su programa de apoyo fiscal.
El informe -elaborado por Aitor Erce, investigador visitante de Luiss, Antonio García Pascual, profesor visitante en Sais y la Universidad Johns Hopkins, y Toni Roldán, director EsadeEcPol- alerta que la deuda pública en 2021 superará el 120% del PIB y, si las condiciones de financiación no son muy acomodaticias, seguirá subiendo hasta alcanzar el 137% del PIB en 2030.
El documento concluye que el MEDE puede proporcionar asistencia financiera a España a unos costes financieros más bajos que los que la mayoría de países de la zona euro pueden obtener en los mercados. Esta financiación en sus préstamos con condicionalidad estándar es de unos 10 puntos básicos por encima del coste de financiación para el Mecanismo de Estabilidad, que actualmente es negativo, según los datos.