A la norma del Ingreso Mínimo Vital le queda "más de un mes" hasta que sea aprobada en el Consejo de Ministros. "Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio en la cabeza", ha asegurado esta mañana el ministro de Inclusiones, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tratando de arrojar algo más de luz tras la polémica sobre los plazos que ha surgido en el último día y medio.
En una entrevista en la COPE, Escrivá ha incidido en que esta renta estará ligada a itinerarios de reinserción laboral, de forma que se suspenderá su ingreso si el beneficiario encuentra trabajo. "Por eso habrá incentivos a la búsqueda de empleo". Lo que sí ha explicado el ministro es que "será compatible durante un tiempo con un salario".
Escrivá ha apuntado que en otros programas en los que no han existido estos incentivos a la búsqueda de empleo "puede haber tentación a agotar la prestación y no activarse en el mercado de trabajo", en declaraciones que recoge EFE.
Esta prestación, que complementará a otras ayudas o ingresos del hogar hasta un umbral mínimo de subsistencia, va a tener esos incentivos de forma que "durante un tiempo" será compatible con un nuevo salario, además de incluir itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo o previos a este, por ejemplo, en casos de problemas de drogadicción o mentales.
En este sentido, ha apuntado que para que potenciales beneficiarios no se queden sin poder acceder por desconocimiento, se trabajará de forma estrecha con los servicios sociales de Ayuntamientos u organizaciones como Cáritas más conocedoras de las realidades de estos hogares a los que podría llegar la renta que busca combatir los problemas de extrema pobreza que tiene España.
Escrivá ha evitado cuantificar el coste de la medida
La renta mínima se deberá de pagar con deuda ante la falta de unos Presupuestos Generales, lo que supondría cargar sobre los gastos del Estado una nueva prestación con un coste aproximado de 6.000 millones de euros -las pagas serían de un mínimo de 500 euros al mes para un millón de hogares, es decir, un coste mensual de la ayuda de al menos 500 millones de euros-. En cualquier caso, y preguntado al respecto, Escrivá ha evitado cuantificarlo, pero sí ha reconocido que estará en el "rango más alto". "Se financiara fácilmente con deuda pública", ha defendido.
Preguntado por la polémica sobre los plazos, Escrivá ha explicado que a lo largo del miércoles y del jueves mantuvo conversaciones con el vicepresidente Pablo Iglesias para discutir "temas de calendario" sin que tuviera agendada ninguna rueda de prensa para presentar la medida en el día de ayer como se llegó a anunciar. "Era muy difícil y se sustituyó por un comunicado".
El ministro ha reconocido que le "sorprendió que se diera por seguro que iba a haber una rueda de prensa" este jueves junto a Pablo Iglesias para presentar esta ayuda. De hecho, este mismo jueves el propio Escrivá aseguró que se había enterado por la prensa de esa comparecencia. Escrivá ha explicado que no ha existido ningún tipo de discrepancia en el seno del Gobierno por la premura a la hora de tramitar la norma, informa Europa Press.
"Siempre he mantenido que nosotros íbamos a desplegar esta medida en las próximas semanas. Hace meses diría meses, pero siempre tuvimos un calendario de tener la norma disponible en la segunda quincena de mayo. Ese es el calendario que hemos tenido", ha insistido.
Así, el ministro ha añadido que, después de que esta norma llegue al Consejo de Ministros, "su despliegue administrativo" llevará un "desfase" hasta que las personas puedan percibir su ayuda.
