La batalla interna en el seno del Gobierno a cuenta de la aprobación del ingreso mínimo vital se ha convertido en una guerra sin precedentes por la atribución de la medida más importante que prevé el Gobierno en el ámbito de lo social. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha ganado la batalla de los tiempos y los plazos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anda sobre arenas movedizas en este campo ya que ni cuenta con un diseño definitivo, ni puede garantizar que la ayuda se comience a percibir en mayo -fecha prevista del anuncio- y además se deberá de pagar con deuda ante la falta de unos Presupuestos Generales. Lo que supondría cargar sobre los gastos del Estado una nueva prestación con un coste aproximado de 6.000 millones de euros -las pagas serían de un mínimo de 500 euros al mes para un millón de hogares, es decir, un coste mensual de la ayuda de al menos 500 millones de euros-.
En este sentido, son varios los trabajos técnicos que aún faltan por concretarse para garantizar la efectividad de la medida para alcanzar el objetivo para el cual se ha concebido. Es decir, para asegurarse de que este gasto no es ineficaz y que los futuros beneficiarios de la ayuda de verdad precisen de ella para salir adelante ante una situación de pobreza extrema o vulnerabilidad de verdad hacen un uso correcto de la prestación: la reinserción en el mercado de trabajo y la cobertura de necesidades básicas.
Como explicó el ministro José Luis Escrivá durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del ramo al respecto de esta renta mínima entre los trabajos técnicos que aún quedan por despejar y que amenazan los plazos establecidos está el del cruce de datos fiscales y de renta entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, la negociación con las comunidades autónomas para acordar un encaje de esta ayuda con las rentas mínimas regionales ya vigentes y el trabajo de perfilado de los beneficiario que necesitará del concurso de las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos. Es decir, una coordinación a nivel nacional y de tal magnitud que hace solo unos días Escrivá aseguraba que le llevaría tres meses en despejar.
Conflicto autonómico
De estos flecos, tal y como reconocen fuentes de Moncloa a elEconomista, el principal escollo está en la negociación con las comunidades autónomas, ya que en todas ellas existe una figura similar a la del ingreso mínimo vital por lo que comporta varios problemas. Por un lado, si es complementaria a la ayuda autonómica, como anunció Escrivá, se debe ajustar la cuantía para que esto nunca genere situaciones en la que la suma de dos ayudas de situaciones, por ejemplo, en la que estas superen el salario mínimo interprofesional, en 950 euros mensuales -anulando los incentivos de búsqueda de empleo-. Una cuestión que se solventa instaurando una renta mínima de similar cuantía para todo el territorio.
Pero no acaba ahí este conflicto con las regiones. Como se ha mencionado todas ellas tienen ya implantada una renta similar al ingreso mínimo vital y además las cuantías de estas ayudas son heterogéneas en función del territorio. Hay varias regiones que cuentan con algún tipo de instrumento complementario de renta con una cuantía superior a la que establecería el Gobierno en la versión de urgencia de este ingreso mínimo vital que parte desde los 500 euros, es decir, que la capacidad protectora de estos gobiernos autonómicos sería mayor que la del propio Estado central.
Estamos hablando principalmente de tres regiones: País Vasco, Navarra y Cataluña. En estas tres regiones sería complicado cuadrar el ingreso mínimo de urgencia que buscaba implantar Pablo Iglesias, ya que cuentan con ayudas de similar carácter pero de mayor cuantía que los 500 euros iniciales sobre los que estaría trabajando la Vicepresidencia del Gobierno. El País Vasco con una ayuda de 726 euros incrementa la cuantía propuesta de urgencia en un 45%; en el caso de Navarra (707 euros) la cuantía despega un 41% y en Cataluña (564 euros) supera a la ayuda gubernamental prevista en un 13%.
En este sentido, la propuesta de Escrivá, partidario en un principio de eliminar duplicidades que podrían reducir el coste fiscal de la medida en 2.000 millones de euros y que finalmente diseñará una ayuda estatal complementaria, pasa porque la cuantía sea de un mismo corte para todo el territorio y que se permita a cada administración autonómica completarla para así alcanzar la cuantía de la que ya disfrutaban los beneficiarios hasta el momento. Esto conllevaría un ahorro directo para las comunidades autónomas en esta ayuda en lo correspondiente al tramo estatal.
El precio de la improvisación y falta de recursos
Sin embargo, como reconocen fuentes de Moncloa a este diario, se están priorizando las llamadas entre el Ministerio de Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones con comunidades autónomas y ayuntamientos pero confirman necesitar más tiempo para concluir con exactitud el diseño de la medida por lo que la improvisación imprimida por las prisas de Iglesias amenazan el éxito de la medida.
Esta ayuda sería de unos 500 euros por persona, para quienes vivan solos y no tenga familia a cargo, y de hasta 1.000 euros para aquellos que tengan hijos o justifiquen el cuidado de algún familiar. Y beneficiaría a unos tres millones de personas en un millón de hogares y estaría destinado principalmente a las bolsas de pobreza del país. Además, ante la falta de presupuestos la medida impactará directamente la deuda pública, que amenaza con escalar este año por encima del 110% del PIB. En la versión más mesurada en el tiempo del ministro Escrivá esta medida cuenta con una memoria económica presupuestada.
Con todo ello, las prisas imprimidas por el vicepresidente Iglesias para la puesta a punto de la medida pone en riesgo la efectividad de la misma al no estar todos estos extremos concluidos y al recortarse los plazos para el aquilatamiento de la medida de 90 días a 15 días por las presiones ejercidas por el líder de Unidas Podemos y asumidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nunca llegó a advertir al ministro Escrivá de los extremos del conflicto político y ha terminado por abrazar los postulados de Iglesias sobre el ingreso mínimo vital.
