El Banco de España considera que la ley hipotecaria aprobada el pasado 21 de febrero en el Congreso contribuirá a reactivar la actividad del mercado hipotecario, aunque también puede encarecer los nuevos préstamos, sobre todo los de tipo fijo, debido a que obliga a la banca a asumir más gastos.
La banca ha iniciado el año encareciendo de manera relevante las hipotecas, hasta el punto de que el tipo de interés fijado en las operaciones de enero alcanzó máximos de más de tres años. Desde finales de 2015, la tasa aplicada en las nuevas contrataciones de créditos para la adquisición de viviendas a hogares no era tan elevada, al establecerse en un 2,09% de media. Si se incluyen las comisiones aparejadas a la formalización de estos préstamos llega al 2,35%, según los datos del Banco de España.
La Comunidades de Canarias y Madrid han rebajado los tipos del IRPF por debajo del tramo estatal para las rentas más bajas. Murcia también aplicará rebajas al tramo autonómico. Mientras en Galicia y Guipúzcoa reducen el Impuesto de Patrimonio. Respecto al impuesto de AJD, en casi todas las regiones desaparecen los beneficios fiscales tras el cambio legislativo para que lo paguen los bancos en préstamos hipotecarios.
La banca española tendrá que esperar al próximo 24 de junio para conocer la postura del abogado general de la Unión Europea sobre si existe abuso o no en la comercialización de hipotecas referenciadas con el índice IRPH. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebró este lunes en Luxemburgo la primera vista para conocer la posición de todas las partes respecto a los créditos inmobiliarios comercializados bajo el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que en caso de que se declare abusivo podría tener un impacto en la banca española de un mínimo de 7.000 millones de euros en el escenario más benevolente, y un máximo de 44.300 millones, según Goldman Sachs.
La banca continúa modificando su política comercial para adaptarse a los cambios legislativos. BBVA ha sido el último en sumarse a esta ola, asumiendo todos los criterios que establece la nueva normativa. A cambio, encarece los tipos de interés.
ING acelera su paso en España tras el proceso de transformación que está llevando a cabo en los últimos años para adaptarse al entorno de tipos bajos y al impulso de la transformación digital. La entidad, que ha dejado a un lado la remuneración de las cuentas nómina y la cuenta Naranja por los tipos de interés en negativo, ha encontrado otras serie de productos para enganchar a los usuarios, como las hipotecas o los fondos de inversión.
La banca empieza a ajustar sus estrategias en el negocio hipotecario tras casi tres meses de impasse para adaptarse y anticiparse a la nueva legislación, que entrará en vigor a partir del segundo trimestre. Algunas entidades ya han movido ficha y asumen desde ahora todos los gastos de constitución que llevan aparejados los préstamos para la adquisición de una vivienda bajo distintas condiciones. Incluso, CaixaBank y Unicaja va más allá, ya que también afrontan el coste de la tasación, el único en que la normativa pendiente de aprobación definitiva por el Senado da libertad para que los bancos lo sufraguen o no.
Funcas afirma que pese al repunte que está experimentando el precio de la vivienda en los últimos años, todavía no hay elementos objetivos que den pie a pensar en la formación de una nueva burbuja inmobiliaria en el país. De hecho, el volumen total que representan los nuevos préstamos hipotecarios solo supone una cuarta parte de los que llegaron a concederse en 2006, justo antes del estallido de la última gran crisis económica.
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 28.835 el pasado mes de noviembre, cifra un 14,2% superior a la del mismo mes de 2017, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No hay tregua (todavía) para el sector financiero en su largo periplo por los tribunales. Aunque esta semana se cerró un capítulo después de que el Tribunal Supremo resolviera algunas dudas importantes, como la validez de la legalidad de la comisión de apertura, quién es el obligado tributario del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) hasta el decretazo de Pedro Sánchez en noviembre -que traspasó a la banca la obligación tributaria-, o quién debe pagar los gastos de registro y notaría de la hipoteca, quedan temas pendientes. Hasta ahora, la doctrina del Supremo, limita notablemente las posibles reclamaciones de los consumidores.
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