Reforma de pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abre la puerta a que la pensión máxima de jubilación llegue al entorno de los 3.300 euros mensuales a partir de 2050. Una cifra que se alcanzará una vez culminado el proceso de destope de la base máxima de cotización, que según un planteamiento preambular del propio ministro podría llegar hasta los 60.000 euros dentro de 25 años. De ser esta la senda finalmente ejecutada, la subida de la base máxima y de la pensión máxima de jubilación sería del 22,8% más. Sin embargo, para las rentas altas, el proceso de aumento de la cuota de aportación a la Seguridad Social será más del doble de gravosa que la media.

Aunque defiende la necesidad de pactar con los actores sociales, lo que la Comisión Europea evaluará a la hora de decidir si España recibe o no el tercer pago del fondo de recuperación la primavera del año que viene, cuyo tramo depende en parte de completar la reforma del mercado laboral, es que se hayan conseguido los objetivos incluidos en el plan nacional, no necesariamente cómo se haya logrado.

Con el rechazo de pleno de la patronal al alza de cotizaciones sociales destinada a nutrir la hucha de las pensiones para afrontar los años en que el déficit de la Seguridad Social desborde azuzado por las jubilaciones de la cohorte del baby boom, el Gobierno afronta la culminación del segundo acuerdo trascendental en cuestión de meses que no contará con el apoyo de los empresarios. Así, tras la subida del SMI pactada recientemente, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que prevé un incremento de cotizaciones del 0,6% que solo queda suscrito por los sindicatos y el Ejecutivo, que ya alcanzaron un consenso en la tarde del lunes, al margen de la patronal.

Fumata negra en el día límite que se había autoimpuesto el Gobierno para acordar con los agentes sociales los términos del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, con el que se pretende rellenar la hucha de las pensiones para afrontar la jubilación del baby boom a partir de la próxima década y contener un déficit presupuestario que AIReF cifra en más de 50.000 millones de euros en 2050. Finalmente, los empresarios representados por CEOE y Cepyme rechazaron este lunes de pleno la propuesta que supondrá una subida de costes laborales, de los que el 66% correrán a cargo de los empleadores.

El eventual incremento del periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión que acordó el Gobierno con Bruselas como parte del paquete de medidas a implementar el campo de la Seguridad Social, y que serán necesarias para recibir esos fondos europeos para la reconstrucción, tiene un impacto altamente dispar en función de las características de las diferentes carreras laborales. Así, ante un incremento de 25 a 35 años cotizados para calcular la base reguladora la disminución de la pensión no sería similar para una renta alta, que perdería unos 3.450 euros de media al año, que para una renta más exigua, donde la reducción de cara a las nuevas prestaciones de jubilación oscilaría entre los 641 euros y los 2.025 euros anuales.

El incremento del periodo de años cotizados para calcular la pensión firmado con Bruselas como parte de las medidas que se incluirán en la reforma de pensiones ha provocado el rechazo instantáneo tanto de los sindicatos como de los propios partidos políticos representados en la comisión del Pacto de Toledo: "Esa medida no está incluida en las recomendaciones. Los acuerdos del Pacto de Toledo no sostienen la propuesta del ministro José Luis Escrivá para incrementar el periodo de años cotizados para el cálculo de la pensión", señalan a elEconomista fuentes de la Comisión, que además apuntan a un nuevo cambio de versión del Ejecutivo respecto a comienzos de año, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que tal punto no había sido remitido a Bruselas como parte de la reforma.

La Comisión Europea ha puesto cifras a los compromisos adoptados hace ahora un año por el Gobierno como parte del plan de reformas a acometer en los próximos meses, y que será la contraparte para poder recibir los casi 70.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido con cargo al programa de reconstrucción para hacer frente a los estragos de la pandemia. Con el último calendario ya firmado por el comisario de Economía del organismo comunitario, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nuestro país tendrá que acelerar ciertos puntos de la reforma de pensiones en el primer y segundo semestre de 2022 para poder acceder a la mayor parte de los fondos. Entre ellos: el aumento de los años cotizados para el periodo de cálculo de la pensión, la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional, la activación del fondo público de pensiones, la reforma del sistema de cotización de autónomos o la senda de subida de las bases máximas de cotización.

El nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno pretende articular para afrontar el incremento del desembolso en pensiones motivado por la jubilación de la cohorte de población del baby boom podría ser insuficiente para afrontar la década más dura de tensionamiento financiero de la Seguridad Social. Así lo asume el propio Ejecutivo que, además del incremento generalizado de las bases de cotización en 0,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2032 (cifra que se ha elevado al 0,6% en la última propuesta presentada), ya prevé en su propuesta legislativa una segunda y tercera vía para embridar el gasto en prestaciones: un ajuste de hasta 5.000 millones de euros en pensiones y una nueva subida de cotizaciones por valor de otros 5.000 millones de euros.

El Gobierno presentó este lunes una nueva propuesta a los agentes sociales para el mecanismo de equidad intergeneracional que prevé un reflotamiento de las arcas de la hucha de las pensiones que permita tener un remanente extra para el momento de mayor tensionamiento financiero de la Seguridad Social debido a la jubilación del baby boom. La el último texto eleva al 0,6% el incremento de las cotizaciones durante la década de aprovisionamiento del fondo de reserva entre 2023 y 2032, si bien establece una distribución: el 0,4% correrá a cargo de las empresas y el 0,2% por el trabajador.

El plan del Gobierno para cebar la hucha de las pensiones y que le permitirá tener un colchón para afrontar el tensionamiento financiero de la Seguridad Social -debido a la jubilación de la generación del baby boom- supondrá, al margen de la subida general, un doble incremento de cuota para las rentas más altas. Ya para el próximo 2022, el Gobierno prevé un incremento de las bases máximas de cotización del 1,7%, en línea con el avance del salario mínimo interprofesional y la previsión de inflación. Para 2023, si el Ejecutivo mantiene el ajuste "automático" de la base máxima que se aplica anualmente en la aprobación de los Presupuestos Generales, las rentas más altas verán incrementadas sus cotizaciones por encima del 2%, ya que se sumará a la subida generalizada del 0,5% que plantea el Ejecutivo para la contingencia de jubilación de la generación de la cohorte del baby boom.

El 74% de los españoles muestra preocupación por el sistema público de pensiones, hasta el punto de que solo un 14% cree que recibirá una pensión pública cuando se jubile, y que ésta será suficiente para garantizar su nivel de vida. Es una de las conclusiones que arroja el último Informe Naranja de ING, que lleva seis años investigando la actitud de los españoles frente a esta etapa de la vida y que este año, incluye, además, un apartado en el que analiza la incidencia que ha tenido la reforma legislativa en los planes de pensiones por la que el Gobierno anunció el año pasado una rebaja en la cantidad máxima deducible con las aportaciones a los planes de pensiones del sistema individual de los 8.000 a los 2.000 euros. Y las conclusiones no son nada favorables.

La nueva vuelta de tuerca que prepara el Gobierno para la fiscalidad del ahorro en los Presupuestos Generales de 2022 podría suponer, lejos de un incentivo para incrementar la base de ahorro financiero, un golpe casi definitivo para parte del mercado, concretamente, para el segmento de planes de pensiones del sistema individual. Tal y como advierten desde el sector, ya para este ejercicio, las aportaciones a los planes del sistema individual se van a reducir un 40% de media, y la industria espera mayores caídas de flujo de ahorro para el próximo año cuando entrará en vigor la nueva revisión del esquema fiscal.

El ministro José Luis Escrivá no se expresa, sino que realiza afirmaciones y luego se pasa días enteros teniendo que matizarlas posteriormente ante los medios, afirmando haber sido malinterpretado. Desde que asumió el cargo como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha entrado en esta dinámica, con la consecuente generación de ruido en torno a un asunto tan delicado como es la reforma de las pensiones, que nos ha tenido en vilo a toda la industria a lo largo del último año y medio.

El Proyecto de Ley de garantías del poder adquisitivo de las pensiones no supone una verdadera reforma. La razón principal es que las medidas que contempla no impedirán que el déficit en las pensiones siga aumentando, debido a la jubilación de la generación del babyboom y a la revaloración. En realidad, estos cambios sólo afectarán a los actuales cotizantes, tratando de retrasar su edad de jubilación e incrementando la presión sobre las empresas para la gestión de la renovación natural de sus plantillas.

Uno de los puntos de la reforma de pensiones que ya cuenta con el visto bueno de Gobierno y agentes sociales para su despliegue a partir del próximo es la modificación del actual sistema de penalizaciones para la jubilación anticipada y de los incentivos para el alargamiento de la vida laboral con el objetivo nítido de elevar la edad efectiva de retiro, que se sitúa en los 64,5 años años, lo que supone 18 meses antes de la edad legal -66 años para este año-. Ahora bien, los datos de altas de jubilación en función del número de años cotizados arroja cómo más de la mitad de los trabajadores españoles que abandona cada año su puesto de trabajo lo hace con más de 40 años cotizados. Concretamente, en esta situación se jubiló el 55% de las 285.728 altas en la Seguridad Social correspondientes a retiros laborales: 157.201 personas.

El Gobierno negociará con los agentes sociales en la segunda mitad de 2022 la subida paulatina de la base máxima de cotización durante los próximos 30 años, como parte de la reforma de pensiones. Una medida que fue comprometida recientemente con Bruselas y que abre también la puerta a un incremento de la pensión máxima de jubilación. Ahora bien, de esta subida de cotización para las rentas más altas que plantea el Gobierno, el 90% del aumento del coste laboral correrá a cargo del empresario.

El efecto Escrivá ya se deja notar en el número de jubilaciones anticipadas notificadas en nuestro país en el último año. Concretamente, desde que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compareciese en febrero de 2020 en la Comisión del Pacto de Toledo para abordar los planes del Gobierno sobre la necesaria reforma del sistema público de pensiones, el número de jubilaciones anticipadas en nuestro país se ha visto reducido en 9.530 personas, pasando de los 121.479 retiros previos a la edad legal de jubilación a los 111.949 anotados al cierre del pasado 2020. Es decir, solo en el último año este modelo de jubilación fue elegido por un 8% menos de trabajadores. Más allá, si nos remontamos a 2018, cuando el Pacto de Toledo ya perfiló las recomendaciones para la reforma apuntando la necesidad de aproximar la edad legal a la edad real de jubilación, en torno a los 64,5 años, esta modalidad de retiro anticipado a caído en 30.165 personas, lo que supone un 20% menos.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por cuadrar, a marchas forzadas, las cuentas de la Seguridad Social, aún arroja el Sistema público de pensiones síntomas de desequilibrio presupuestario, si bien se aprecia una mejora sustancial desde el año 2018, y con especial intensidad desde el pasado 2020. Con todo ello, según los cálculos de los expertos en la materia, para el próximo 2022 aún sería necesario reducir un 0,51% el gasto en prestaciones para que el Sistema se equilibre. Trasladado al terreno de las prestaciones, supondría que las 9,8 millones de prestaciones actualmente vigentes en nuestro país con una cuantía media de 1.033 euros mensuales deberían recortar de sus nóminas 5,2 euros mensuales, o casi 75 euros en el conjunto del año para que la Seguridad Social alcance el próximo año el equilibrio presupuestario.

El Gobierno dio el visto bueno en Consejo de Ministros al proyecto de ley que desarrolla el primer paquete de medidas que reforman la Seguridad Social. Fruto, primero, del acuerdo político en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, después, el Ejecutivo recupera el IPC como fórmula legal para revalorizar las pensiones cada año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que este proyecto de ley cumple con los compromisos de reformas estructurales adquiridos con la Comisión Europea (CE) obligatorios para ser acreedores de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que ahora será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La patronal Inverco ha propuesto al comité de expertos para la reforma fiscal aumentar el límite de aportaciones de los planes de pensiones individuales a 5.000 euros desde los 2.000 actuales.

Justo tras la aprobación del primer paquete de medidas para la reforma del pensiones, el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, aborda el impacto del acuerdo para la Seguridad Social.

La reforma de pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno traerá consigo medidas que, eventualemente podría impactar a la baja en la cuantía de las futuras prestaciones. La contención del gasto en esta partida, o al menos la consecución de suficientes ingresos para su pago, es uno de los objetivos que el Ejecutivo persigue con la reforma tal y como reclama la Comisión Europea a nuestro país en sus recomendaciones específicas. Sin embargo, las señales que arroja el sistema público apuntan a que la senda de gasto en la partida crecerá en los próximos años. Concretamente, las nuevas jubilaciones cuentan con pensiones que ascienden al 76% del salario medio de los españoles.

La tormenta perfecta inflacionista hará que el Gobierno deba extender un desembolso de cerca de 5.000 millones de euros en concepto de subida de las pagas para el próximo año. Concretamente, se juntará al comienzo del próximo año la revalorización ordinaria de las pensiones y, para el mes de febrero, la prevista compensación que recibirá el colectivo por la desviación experimentada entre el avance de los precios de 2021 y la subida efectuada a comienzos del presente ejercicio, que ya se asume deberá ser pagada al quedar esta por debajo de la inflación.

La reforma de las pensiones acordada con los agentes sociales, y aún pendiente de trámite parlamentario, permitirá acceder a una pensión más alta que la actual si los planes para una jubilación anticipada se retrasan un par de meses, a partir de los cuales el coeficiente reductor por cada mes de anticipo será menor. Así se desprende del acuerdo suscrito recientemente por Gobierno, patronal y sindicatos, a la espera de que la norma pase por el Parlamento y entre en vigor en la fecha prevista, que es el 1 de enero de 2022.

El Gobierno ha puesto negro sobre blanco las conclusiones del impacto económico para la Seguridad Social de despenalizar las jubilaciones anticipadas con carreras de cotización de 40 años y, según los cálculos, la medida elevaría en casi 3.000 millones de euros la factura anual de las pensiones. Por ello, desde el organismo dirigido por el ministro José Luis Escrivá consideran inviable de cara al medio plazo para el sistema de pensiones acometer esta despenalización de las jubilaciones anticipadas ya de alta en estas condiciones. Es más, hasta el momento del cese de estas prestaciones, el coste para las arcas de la Seguridad Social levantando la penalización solo a quienes ya están con pensiones en vigor en esta situación implicaría un desembolso de más de 44.000 millones de euros.

La reforma de las jubilaciones anticipadas aprobada recientemente por el Gobierno tras el acuerdo con los agentes sociales, como parte de las medidas para alinear la edad legal y real de jubilación, esconde, principalmente, una cuestión de calado económico y, más concretamente, de diferencia entre los perfiles de renta que acceden a este modelo de retiro laboral.

Tras el acuerdo para la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones, tanto los expertos como los agentes sociales y el propio Ejecutivo asumen que los aspectos más espinosos del plan de medidas se debatirán en la segunda parte de la negociación, el próximo 2022. Uno de los elementos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dejado pendientes es el de la ampliación de los años cotizados para el cálculo de la pensión. A comienzos de este año se especuló en base a las filtraciones de documentos que habrían sido remitidos a Bruselas de que se exploraría la ampliación de los 25 años cotizados a los 35 años, para el cálculo de la base reguladora de la prestación de jubilación. De llevarse a término este supuesto y teniendo en cuenta los diferentes regímenes de la Seguridad Social, los autónomos serían los más perjudicados con más de un 10% de reducción media de las pensiones, mientras que la merma para los asalariados por un incremento de diez años en el periodo de cómputo sería del 8,6%.

La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.

Los españoles veníamos imaginando que las jubilaciones había que pagarlas con dinero. Escrivá, ministro de Seguridad Social y de otros asuntos –inclusión y migraciones- ha revelado el secreto de su reforma de las pensiones: o todos pagamos más o algunos cobrarán menos. Esta audacia, sintetizada así, en tan clara disyuntiva, no es cosa de cualquier mente o de cualquier equipo técnico. Porque no todo el mundo puede concebir con acierto una reforma financiera que consista en ese planteamiento: o me dais más dinero o voy a tener que pagaros menos. No extraña a nadie que el señor Escrivá sea economista. Así ya se puede. Conocedor de los secretos financieros, después de estudios y análisis, tras el esfuerzo de su gabinete y poniendo al servicio del país todos sus conocimientos, el ministro nos ha dicho algo que no podíamos ni siquiera imaginar: o se consigue más dinero o se va a cobrar menos.