Madrid
El Gobierno dio el visto bueno en Consejo de Ministros al proyecto de ley que desarrolla el primer paquete de medidas que reforman la Seguridad Social. Fruto, primero, del acuerdo político en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, después, el Ejecutivo recupera el IPC como fórmula legal para revalorizar las pensiones cada año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que este proyecto de ley cumple con los compromisos de reformas estructurales adquiridos con la Comisión Europea (CE) obligatorios para ser acreedores de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A este primer paquete seguirá un segundo negociado en la mesa del diálogo social. CCOO y UGT celebraron la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley que desarrolla las primeras medidas dirigidas a reformar el sistema publico de pensiones, que debe complementarse con un segundo acuerdo con el Gobierno y las patronales CEOE y Cepyme.
Equidad intergeneracional
Entre las materias por regular en este segundo acuerdo está el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, uno de los puntos más polémicos del futuro modelo de pensiones español. Los sindicatos esperan que suponga "una definición adecuada y no restrictiva" y "bien distinta de la que tenía el derogado factor de sostenibilidad".
La asociación de autónomos Uatae también mostró su satisfacción, aunque confía en la concreción "lo antes posible" de un acuerdo para la reforma "en un sentido justo y solidario" del sistema de cotizaciones sociales del colectivo de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia.
El 'mecanismo de equidad intergeneracional' se incluirá en la ley vía enmiendas
El proyecto de ley aprobado este martes, que ahora ha de pasar por el trámite parlamentario, suprime algunos de los aspectos más polémicos de la reforma popular de 2013 como el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que todavía está por definir.
Cada 1 de enero, las pensiones subirán en el mismo porcentaje de la la inflación media anual del año anterior. Uno de los aspectos más polémicos durante la negociación con los agentes sociales ha sido qué hace en caso de IPC negativos. Finalmente, se pactó que en este caso, la pensión se congelará.
Esta regulación incluirá las pensiones de clases pasivas, una novedad del proyecto de ley respecto al anteproyecto aprobado en julio.
El Consejo Económico y Social (CES) -donde están representados sindicatos y empresarios- valoró positivamente la norma y afirmó que considera imprescindible "mantener el mismo espíritu de consenso que ha presidido la elaboración de este anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los próximos meses", según informó el Gobierno.
Jubilación anticipada
Además de la revalorización de las pensiones según IPC, la reforma busca elevar la edad efectiva de la jubilación para acercarla a la edad legal. Para ello se han aprobado medidas como la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la forzosa.
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el retraso voluntario de la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores por el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora, según explica EP.
En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales. También se mejoran los coeficientes actuales para aquellos trabajadores que se retiren dos años antes a la edad legal, aplicando los mismos que en la modalidad voluntaria para aquellos supuestos donde el nuevo coeficiente es más favorable que el vigente.
Alargar la vida laboral
En el caso del retraso de la jubilación, se exonera la cotización por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad legal y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora, y a los que también podrán acogerse las clases pasivas: un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión de hasta 12.000 euros, premiando las carreras de cotización más largas, y una combinación de ambas opciones.
Sobre la jubilación forzosa, los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores, con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.
Tramitación parlamentaria
Por último, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal para trabajadores de más de 62 años.
Se prevé un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsión del Gobierno pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.
Isabel Rodríguez señaló que el proyecto de ley, "es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria".
El IPC supondrá 5.000 millones el próximo mes de enero
El Gobierno se enfrenta a un desembolso de unos 5.000 millones de euros en concepto de subida de las pensiones para el próximo año, según publicó eE el pasado 13 de agosto. Se juntará al comienzo del próximo año la revalorización ordinaria de las pensiones y, para el mes de febrero, la compensación prevista que recibirán los jubilados por la desviación experimentada entre el avance de la inflación de 2021 (0,9%) y la subida real de los precios de este año. En este sentido, la cuantía concreta de este desembolso no se conocerá hasta casi terminar este año, ya que dependerá del comportamiento del IPC en los próximos meses.
Y otro determinante, no menor, será la decisión que adopte el Ministerio de Seguridad Social sobre si calcular la compensación de febrero, la conocida como paguilla, con el IPC medio de 2021 o tan solo con la referencia del mes de noviembre, que es la mecánica utilizada habitualmente por la Seguridad Social.
