Economía

El Gobierno gastará 5.000 millones solo en las subidas de pensiones de 2022 por el repunte del IPC

  • La revalorización ordinaria tras aprobar la reforma supondrá 3.000 millones
  • La compensación por el desvío del IPC de 2021 ascenderá a 2.000 más
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Fuente: EP.
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La tormenta perfecta inflacionista hará que el Gobierno deba extender un desembolso de cerca de 5.000 millones de euros en concepto de subida de las pagas para el próximo año. Concretamente, se juntará al comienzo del próximo año la revalorización ordinaria de las pensiones y, para el mes de febrero, la prevista compensación que recibirá el colectivo por la desviación experimentada entre el avance de los precios de 2021 y la subida efectuada a comienzos del presente ejercicio, que ya se asume deberá ser pagada al quedar esta por debajo de la inflación.

En este sentido, la cuantía concreta de este desembolso no se conocerá hasta casi terminar este año, ya que dependerá del comportamiento del IPC en los próximos meses. Y otro determinante, no menor, será la decisión que adopte el Ministerio de Seguridad Social sobre si calcular la compensación de febrero, la conocida como paguilla, con el IPC medio de 2021 o tan solo con la referencia del mes de noviembre, que es la mecánica utilizada habitualmente por la Seguridad Social. A excepción, eso sí, de lo previsto en el real decreto de revalorización de 2021, donde se recogía esta posibilidad de abonar una paguilla a los jubilados el pasado mes de febrero, de haberse producido un desfase negativo entre la subida del año 2020 del 0,9% y la evolución de los precios del pasado año, que cerró con una inflación del -1%, eliminando cualquier necesidad de compensación, toda vez que el colectivo ganó de facto 1,9 puntos porcentuales de poder adquisitivo.

En caso de haber tenido que abonar dicha compensación, el real decreto de revalorización aprobado en Consejo de Ministros recogía ya que además de la revalorización "consagra una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo durante el año 2020 en caso de que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 sea superior al 0,9%". Es decir, si hubiera que haber compensado a los pensionistas en 2021 se habría hecho con la media del IPC de los doce meses mencionados.

Ahora, trasladando esta mecánica a la coyuntura actual y de cara a la revalorización de 2022, contamos por un lado con la previsión de inflación para el conjunto de 2021 que será la medida para la revalorización ordinaria en virtud al acuerdo para la reforma de pensiones que fija como listón la media IPC del año anterior, y que según la previsión de Funcas se situará en el 2,5%. Aquí, según la referencia de Fedea, que estima que cada 2 puntos de subida para las pensiones, el gasto se incrementa en 2.500 millones de euros, por lo que la revalorización prevista alcanzaría los 3.000 millones de euros en el conjunto del próximo año.

Además, si la subida de este 2021 fue del 0,9%, similar a la del pasado año, y se toma finalmente el IPC de los doce meses previos como referencia para la paguilla compensatoria, la desviación prevista a finales del año sería del 1,6% y el coste de ese abono para el mes de febrero ascendería a los 2.000 millones de euros. En suma, las dos subidas costarían a las arcas de la Seguridad Social unos 5.000 millones de euros. Que se sumarían, más allá, a la ya mastodóntica factura anual de pensiones que en el presente ejercicio compromete más de 163.000 millones de euros del Presupuesto.

Sin confirmación del modelo

Este sería, eventualmente, el escenario financiero que se daría asumiendo por un lado como buenas las previsiones de IPC para el conjunto del año y por otro con una paga compensatoria calculada en base a la media de los doce meses anteriores. Sin embargo, fuentes oficiales aún no confirman cuál será el listón para esta compensación, toda vez que históricamente, no se ha efectuado en base a tal promedio sino tomando la referencia del mes de noviembre, comparado con la subida efectuada a comienzos de año. En este caso, el escenario se agravaría para la Seguridad Social en términos de coste de la paguilla y, por ende, del mix de revalorización de prestaciones previsto para el inicio de 2022.

Aquí, volviendo a las previsiones de Funcas, el organismo estima que el IPC del mes de noviembre de 2021 ascenderá al 3,8%. Ello implicaría para esa paguilla de febrero tener que abordar una compensación de 2,9 puntos porcentuales, lo que elevaría su coste hasta los 3.600 millones de euros y llevaría el desembolso total pr las revalorizaciones hasta los 6.600 millones. Es decir, el equivalente a algo más de medio punto del PIB.

La última compensación

Con todo ello, este rally financiero que afronta la Seguridad Social en el inicio de 2022 no volverá a darse. La primera pata de la reforma de las pensiones acordada recientemente en el seno de la mesa de diálogo social recoge en uno de sus puntos fundamentales para la garantía de conservación del poder adquisitivo de pensionistas y jubilados que la revalorización anual de las pagas se realice conforme al avance de la inflación. Sin embargo una modificación en el mecanismo para la subida hará que se ponga fin el próximo año a la paguilla.

El nuevo mecanismo de revalorización eliminará ese factor de incertidumbre sobre si la evolución de la inflación es tal y como se había se previsto, o se producen desviaciones que a posteriori es necesario compensar. Así, para la subida de enero de 2022, ya estaría en vigor la nueva ley según los tiempos que maneja el Ejecutivo de aprobación del proyecto de ley que iniciará en septiembre los trámites parlamentarios para ver la luz, previsiblemente, antes de que finalice este año. Desde ese momento, la revalorización anual de las pensiones no se hará nunca más en base al IPC previsto para ese año sino que se llevará a cabo en función del IPC medio del año anterior.

Por ello, no será necesario volver a compensar estas desviaciones en la previsión, ya que la subida se hará en base a la subida de precios registrada en los meses anteriores y no en base a la estimación de los siguientes, sujeta a la incertidumbre de un indicador que ha demostrado un alto nivel de volatilidad ante los eventuales shocks económicos, como se ha demostrado en 2020 y 2021 con motivo del impacto de la pandemia. Aunque un elemento que sí subyace de este nuevo sistema de revalorización es que habrá periodos del año en el que se pueden producir ganancias o pérdidas de poder adquisitivo, aunque a posteriori, todas estos desniveles se igualan en la subida del siguiente año.

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