"La recuperación será prolongada y estará sujeta a importantes riesgos e incertidumbres". Esta es una de las conclusiones que la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional destaca tras examinar detenidamente los pormenores de la revisión económica de nuestro país. Una radiografía esbozada por la jefa de la Misión para España de la institución, Andrea Schaechter, y su equipo donde se perfila una preocupante situación a corto y medio plazo.
Las mentiras tienen las patas cortas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pasó los últimos meses culpando a Europa de no poder reducir el IVA de las mascarillas, algo que se comprobó que era mentira cuando se descubrió que se trataba de una simple recomendación. Una recomendación es también lo que emitió Europa para luchar contra los bulos y la desinformación y, sin embargo, el Gobierno montó un Ministerio de la Verdad para perseguir a periodistas díscolas, con CNI incluido, dirigido por esa especie de Superman de La Moncloa, que es Iván Redondo.
Una vez más, he perdido la cuenta de las veces que ya van, se intenta embaucar, pueden utilizar como verbo “engañar”, a los ciudadanos aprovechándose de la falta de educación financiera existente en este país. Esta semana me llamó poderosamente la atención, la noticia publicada por este diario, sobre el super-fondo de pensiones público para el sistema de empleo.
Optimismo moderado entre los menores de 42 años sobre la posibilidad de percibir una pensión pública. El 47% de los españoles nacidos entre 1978 y 1999, los considerados 'millennials', no confía en llegar a cobrar una pensión pública en su jubilación mientras que el 485 tampoco se ha parado a pensar a qué edad querría jubilarse.
El Gobierno quiere facilitar que cada persona que comience a trabajar tenga una "adscripción automática" a un plan de pensiones, de forma que pueda ahorrar y al llegar a su jubilación cuente con un "complemento significativo", teniendo en cuenta que "el ancla es el sistema público de pensiones". Concretamente, el objetivo, ambicioso, que se marca el Ejecutivo pasa por sumar a la mitad de los trabajadores a estos planes de ahorro colectivo que se promocionarán a través del anunciado fondo público de pensiones, que será desarrollado en un plazo de doce meses. Esto supone que si actualmente los planes de pensiones de empresa cuentan con casi dos millones de partícipes, la cifra llegue hasta la cobertura de nueve millones de ocupados.
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado la subida generalizada incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 del 0,9% en los salarios de funcionarios y las pensiones.
Pese a la ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de una partida destinada a una prórroga de las ayudas que suponen los ERTE para las empresas, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuenta con que esta opción está dentro de las posibilidades. "La normativa presupuestaria contempla esas eventualidades", ha afirmado.
La “coronacrisis” ha provocado una fuerte presión social para que el Estado alivie los efectos económicos, sanitarios y sociales que se derivan de ella. No solo han aumentado las demandas sociales, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos consideran legítimas y necesarias muchas de esas peticiones. En la lista figura la contratación de más profesionales sanitarios y la mejora de sus condiciones retributivas, la concesión de ayudas directas a personas dependientes, ordenadores para niños de familias más desfavorecidas, el ingreso mínimo vital, la prolongación de los ERTE… Y muchas más que me dejo en el tintero.
El Gobierno quiere impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de empleo, en detrimento del tercero, los planes de pensiones del sistema individual (el primer pilar es el sistema público de pensiones). El anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado reduce la cantidad máxima que un partícipe puede deducirse con su plan de pensiones privado, de 8.000 a 2.000 euros. Pero especifica que puede ampliarse en 8.000 euros más (lo que suma 10.000 en total) con aportaciones en un plan de empresa. La realidad es, sin embargo, que solo una minoría de los partícipes (el 1,6%) resta de su salario la cantidad máxima, esos 8.000 euros.
La mujer que, por razón de violencia de género, no estaba ya unida ni convivía con la pareja en el momento del fallecimiento de éste, tiene derecho a la pensión de viudedad de parejas de hecho, iempre que cumpla los restantes requisitos legalmente exigidos, según reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de octubre de 2020.
Finalmente, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados ha emitido sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con alguna apostilla también sobre los sistemas de previsión social complementaria.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que un "pago de una sola vez", en lugar de un incremento en la pensión, puede resultar "más interesante y más gratificante" como fórmula para incentivar el retraso voluntario en la edad de jubilación.
El Gobierno reconoce que necesitará a partir del próximo año financiación procedente de los impuestos para completar los ingresos necesarios para pagar todas las prestaciones que otorga la Seguridad Social, tanto pensiones como ayudas sociales. Y concretamente, para estas ayudas sociales de marcado carácter no contributivo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisará de una transferencia ordinaria de casi 14.000 millones de euros, todos los años de manera fija y continuada procedente de los Presupuestos Generales.
La mayoría de personas no reflexiona sobre de qué van a vivir cuando sean adultos mayores, por lo que es importante pensar en su Afore de cara a la vejez, dijo Gilberto Escobar Peralta, jefe de unidad en la subdirección de Difusión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
El proyecto modifica el DL 3.500, sobre sistema de pensiones, para permitir que todo afiliado que sea calificado como enfermo terminal pueda percibir una pensión como renta temporal por el tiempo de sobrevida estimado.
El proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno esta semana asume una máxima en lo que a la labor protectora de la Seguridad Social se refiere: los ingresos por cotizaciones sociales serán insuficientes para sufragar todas las ayudas, prestaciones, pensiones y bonificaciones que otorga el Sistema. Por ello, para el próximo año se prevé que el Estado realice hasta tres transferencias por valor de 31.177 millones de euros, lo que supone un incremento del 83,3% respecto a la necesidad de financiación extra que precisará al cierre del presente ejercicio, para afrontar los pagos correspondientes a protección familiar, nacimiento y cuidado de menores, ingreso mínimo vital, dependencia, pensiones no contributivas y complementos a mínimos, entre otros.
Fue la más simbólica de las seis ediciones que hasta ahora se han celebrado de los Premios Inversión a Fondo. Un evento marcado por las medidas de seguridad (limpieza de atril tras cada intervención, mascarillas...). Pero que, pese a las limitaciones debido al Covid-19, pudo celebrarse con éxito.
El Gobierno mantiene la máxima de eliminar el ya histórico déficit de las pensiones antes de que finalice la presente legislatura a pesar del lastre que supone el impacto de la pandemia y su incierta evolución para las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social en los próximos ejercicios. Así lo señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este viernes durante la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de su departamento, donde resalta que en estos momentos hay gastos cíclicos asociados al coronavirus, pero que cuando pase 2022 y 2023, estos elementos cíclicos de deterioro de las cuentas de la Seguridad Social emergerán a la situación estructural, lo que "lleva al cierre del déficit en 2023".
La foto de Sánchez e Iglesias en la presentación de los Presupuestos de 2021 muestra cómo la política, al igual que ocurre con la pandemia, marcará las cuentas del próximo año. Los dos mandatarios destacaron que son los más sociales de la historia. Y desde luego no les falta razón. En un vistazo rápido a las partidas para el año que viene, el gasto en servicios sociales se incrementa el 70 por ciento, el de acceso a la Vivienda el 338 por ciento, el de Sanidad sube el 75 por ciento y el destinado a formación otro 70 por ciento. Todo un chorro de dinero para sacar al país de la crisis a golpe de talonario. La cuestión es si podemos permitirnos todo este gasto y cómo lo vamos a pagar.
El proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 reduce drásticamente el límite de aportación anual a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también las aportaciones a cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros).
Los Presupuestos Generales del Estado añadirán otros 110.000 millones de euros a la deuda pública para el año que viene. La deuda del conjunto de las administraciones públicas finalizará el ejercicio 2021 en el 117,4% del PIB, según las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales para el año próximo ya se encuentra en el Congreso y, tras este trámite, es ya posible conocer en detalle su desglose y comprobar las endebles bases sobre las que se fundamenta.
El pago de las pensiones se llevará 39,6 euros de cada cien de los presupuestos consolidados para 2021, cuya partida se incrementa el 3,2% con respecto al presupuesto base de 2020. El gasto presupuestado para la política de Pensiones en 2021 asciende a 163.297 millones de euros. El libro amarillo de los Presupuestos de 2021
Ibercaja lanza su campaña de planes de pensiones 2020, en la que amplía su oferta de productos de inversión sostenible. Además, la entidad ha puesto en marcha la nueva web 'Vamos con tu futuro' y ha anunciado bonificaciones de hasta el 5 por ciento.
Tras cuatro largos años de negociación, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron este martes un acuerdo de recomendaciones en el seno del Pacto de Toledo. Salvo cambios de última hora, estas recomendaciones serán las que se trasladen a la legislación.
La sostenibilidad del sistema de pensiones público en España lleva en tela de juicio mucho tiempo y se ha agravado más con la llegada de la pandemia del coronavirus, que ha supuesto un mazazo sin precedentes para las cuentas públicas y el sistema laboral. De hecho, España pasará de dos trabajadores por cada pensionista a poco más de uno en 2050, según las proyecciones de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El Gobierno ha iniciado ya los primeros pasos de la reforma de pensiones que se ha acordado recientemente en el Pacto de Toledo. La primera piedra la ha puesto el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una transferencia de 12.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, que servirá para sufragar parte de los denominados como gastos impropios del sistema (los de naturaleza no contributiva) y que en el agregado de gastos de la Seguridad Social suponen una parte del déficit anual -de 18.000 millones de euros en los últimos años y que ascenderá a 25.000 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia-.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está estudiando distintas posibilidades para incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad legal de retiro. En España la edad efectiva de jubilación apenas supera los 62 años, mientras que la edad legal está en los 65 años y llegará a los 67 años en 2027.
Uno de los puntos de la reforma de pensiones que necesitará de un periodo de estudio sobre los cambios a introducir una vez que esta eche a andar es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.
En el corto plazo, la economía española va a sufrir una recesión muy dura. El PIB per cápita podría retroceder a niveles de 2015 si la economía cae finalmente más de un 10% este año, algo que parece bastante probable a día de hoy. Tras el temporal, quizá vengan dos o tres años, en el mejor de los casos, de un crecimiento por encima de la tendencia por el efecto rebote de esta recesión. Sin embargo, en el largo plazo la situación puede ser bastante compleja, protagonizada por décadas de crecimiento muy bajo o cero en el peor de los casos.
