Las mentiras tienen las patas cortas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pasó los últimos meses culpando a Europa de no poder reducir el IVA de las mascarillas, algo que se comprobó que era mentira cuando se descubrió que se trataba de una simple recomendación. Una recomendación es también lo que emitió Europa para luchar contra los bulos y la desinformación y, sin embargo, el Gobierno montó un Ministerio de la Verdad para perseguir a periodistas díscolas, con CNI incluido, dirigido por esa especie de Superman de La Moncloa, que es Iván Redondo.
La realidad es que el recorte del IVA le dolía en el alma a Montero porque en lo que va de año lleva recaudados casi 1.200 millones de euros gracias a la imposición sobre las mascarillas y la previsión era superar los 1.500 millones.
Con tanto viernes social, con tanta presión de Podemos por mejorar las retribuciones de funcionarios y pensionistas, en Hacienda no saben ya de dónde sacar fondos para financiar tanto gasto. ¿Sabían que con el IVA de las mascarillas se sufragaba durante un año completo la subida salarial prometida a los funcionarios o a los pensionistas?
Montero contaba con el IVA de las mascarillas y el diésel para pagar las alzas salariales
Puestos a elegir, la mejora de los funcionarios da votos mientras que la rebaja de las mascarillas, no. El problema es para Hacienda, porque hay 3.000 millones más de gasto empleados en comprar los votos de funcionarios y pensionistas (más de 12 millones de personas en su conjunto) y 1.500 millones menos de ingresos de IVA.
El Gobierno vive en una rectificación permanente. Un día sube el impuesto al diésel por decisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al siguiente se retracta para ganarse el apoyo de Inés Arrimadas o del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu. Por cierto, cerca de 1.000 millones de ingresos que volarán si no hay subida del diésel, que unidos a las mascarillas, suman 2.500 millones. El déficit es como una caja de Pandora en la que cabe todo, pero que algún día habrá que sufragar.
La última batalla es la reforma laboral. La vicepresidenta Nadia Calviño quiere que se respeten los convenios de empresa para facilitar la flexibilidad salarial y evitar más despidos, mientras que desde Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve con la matraca de resucitar los convenios colectivos, porque son una manera de financiar a sindicatos como UGT, de donde ella misma procede.
La crisis durará un par de años más, como mínimo, pese a la llegada de la vacuna en 2021
Aún se desconoce el precio de incorporar a EH-Bildu al pacto presupuestario, pero si no es la derogación de la reforma laboral, será la subida de impuestos selectivos, amén del acercamiento de los presos etarras al País Vasco. Los Presupuestos se negocian al peso, como si fueran una subasta.
La propio Montero reconoció el jueves que lo importante es sacarlos adelante como sea. Con casi 40.000 muertos sobre la mesa y la lejana esperanza de lograr una vacuna, desde partidos como Vox se aireaba hasta hace poco la posibilidad de que hubiera un crash económico a finales de año, que impidiera seguir al Ejecutivo mucho más allá.
Las tornas han cambiado. Las posibilidades de que el Gobierno caiga pronto se desvanecieron desde el anuncio de la vacuna y la aprobación de los Presupuestos, que esta semana quedaron vistos para sentencia en el Congreso de los Diputados. El optimismo oficial ha subido varios grados en los últimos días. El Gobierno está confiado en que aguantará como mínimo un par de años, o incluso en agotar la legislatura.
Pero, ¿tanto cambiarán las cosas con la vacuna? Si atendemos a la subida del Ibex, casi el 15% en esta semana, la economía debería empezar a despegar como si fuera un cohete. Nada más lejos de la realidad. La exuberancia irracional de los mercados, tanto al alza como a la baja, se produce por cambios de expectativas, que suelen tardar en confirmarse entre seis meses y un año.
Una gran parte de los economistas sitúan ahora la recuperación hacia el verano de 2021, cuando hace solo unos días esta fecha era solamente una hipótesis de trabajo, la más común, pero solo una hipótesis. ¿Eso significa que con vacuna habrá recuperación en V, aunque sea en forma Nike?
Para responder a esa pregunta, solo hay que prestar atención a las declaraciones realizadas esta semana por varios responsables económicos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, augura aún dificultades: "Las últimas novedades sobre la vacuna parecen esperanzadoras, pero todavía podemos pasar por episodios recurrentes de expansión acelerada del virus y un endurecimiento de las restricciones hasta que se logre una inmunidad más amplia". Lagarde alertó, al igual que hizo el vicepresidente Luis de Guindos, del riesgo de que la crisis económica se convierta en crisis financiera si no se proporciona financiación suficiente a las empresas.
Y desde el FMI, la jefa de la misión para España, Andrea Schaechter, advirtió ese viernes de que la recuperación se puede alargar hasta 2025, si no se controlan los recientes brotes de la epidemia. En tal caso, la deuda se iría hasta el 40% del PIB, comprometiendo seriamente las condiciones financieras.
Los ministros económicos como Calviño, Montero, José Luis Escrivá o Yolanda Díaz se reunieron hace 15 días, después del Consejo de Ministros de los martes, para evaluar si era necesario poner en marcha un nuevo paquete de ayudas a las pymes. Las diferencias en el seno del Ejecutivo volvieron a resurgir. En esta ocasión, ganó el bando de Calviño, partidario de esperar a ver cómo evoluciona la pandemia en las próximas semanas, para no añadir más leña al fuego del déficit y la deuda.
Con los rebrotes, el número de Ertes repunta en 150.000 y también las empresas que renuncian a estos para poder despedir porque no ven aún la luz al final del túnel. "Hay muchas sociedades en condiciones muy precarias o zombies, que no podrán llegar al verano", advierten en medios empresariales.
Lagarde sugirió que el BCE se plantea extender los instrumentos monetarios como las adquisiciones de deuda, que concluyen a finales de julio, por lo menos a todo el ejercicio de 2021 por el impacto de la segunda ola del coronavirus.
En términos parecidos, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, manifestó en declaraciones a Financial Times que la UE tendrá que prorrogar la suspensión de las reglas fiscales: "La cláusula de escape general, que suspende las reglas fiscales, se mantiene todo el año 2021. Pero esto no significa que el 1 de enero de 2022 sea desactivada". Hay que tener en cuenta que la distribución generalizada de la vacuna no se producirá hasta la primavera o el verano del próximo año.
"La idea de una recuperación en V es una ilusión y nunca he creído en ella", remató Gentiloni. La reactivación tendrá forma de K, con sectores como el alimentario, el energético y, por supuesto, el tecnológico viviendo un momento dulce, mientras que otros como el turismo o la hostelería se quedan sin apenas ingresos, al borde de la ruina.
España, con una caída estimada del PIB del 13% para este ejercicio, tendrá una recuperación más lenta e irregular que el resto, porque el desplome de sectores estratégicos de su actividad, como el turismo, dejará daños irreparables, como manifiestan los principales directivos del sector consultados por elEconomista.
La vacuna aliviará el proceso de reactivación, pero no evitará la prolongación de la crisis por lo menos durante un par de años, en el mejor de los casos. Se ve una chispa de luz al final del túnel, pero no sabemos si es el final de la crisis.
PD.- Dentro del clima de incertidumbre, hay algunos brotes verdes. Esta semana hemos asistido a la venta de Naturgy y de Ence de dos de sus filiales para redestinar estos ingresos millonarios hacia la economía verde. Las bolsas premiaron ambas operaciones con importantes subidas de sus valores. La fiebre por la transformación ecológica será uno de los motores de crecimiento español en los próximos años.
También los bancos comienzan a ver luz al final del túnel ante la esperada reaparición de la inflación el próximo año con la extensión de la vacuna. Los mercados confían ahora en que la morosidad no escale a tasas de doble dígito, lo que permitiría disponer de una parte de los 6.000 millones destinados a provisiones para mejorar sus resultados y volver a los dividendos.
Entidades
