Los expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) ven "poco realistas" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno y alertan de su impacto en el déficit y la deuda. 2Deterioran, aún más, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento del Estado de Bienestar, y lastran nuestra capacidad competitiva y nuestro crecimiento económico en el medio y largo plazo", señalan.
Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, ha presentado hoy la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que los califica de "expansivos, sustentados en un escenario económico poco realista y en unas estimaciones de ingresos muy voluntarista". A su juicio, esta combinación "resulta muy preocupante" y, además, consideran que las subidas de impuestos que proponen sobre las empresas no ayudan a favorecer la recuperación de la actividad y del empleo, ni hacen más atractivo nuestro país para atraer la inversión y retener el talento.
Los especialistas recuerdan que el déficit estructural de España es de los mayores de Europa según la Comisión Europea. "Por ello, resulta especialmente preocupante que parte del incremento del gasto previsto en los presupuestos pueda devenir en un incremento estructural del mismo, que complique aún más la necesaria consolidación fiscal que habrá que afrontar en los próximos años. Este hecho lastraría la confianza de los agentes y la competitividad de nuestra economía, comprometiendo el crecimiento económico en el medio y en el largo plazo", consideran.
Ingresos inflados
El documento del IEE recoge que el Gobierno ha justificado un presupuesto para 2021 con una política muy expansiva del gasto, de tal forma que el gasto público de las administraciones públicas se sitúa próximo al 50% del PIB. El incremento del gasto total del presupuesto consolidado del Estado es del 19,4%. Este notable incremento se apoya, por un lado, en el dinero que se prevé que llegue de la UE (26.634 millones) pero también está marcado por decisiones discrecionales del Gobierno, sobre todo en materia social.
"Este notable incremento del gasto en 2021 viene apoyado en unas estimaciones de ingresos que resultan muy voluntaristas", señala Íñigo Fernández de Mesa. La recaudación tributaria prevista para 2021 es un 4,4% superior a la que se produjo en el año 2019, cuando el PIB nominal en 2021, aun con las previsiones del Gobierno, sería aproximadamente un 1,6% inferior al de 2019. Los analistas del IEE estiman que los ingresos previstos en los PGE están inflados entre un 1% y un 2% del PIB y alcanzarán incluso los 20.000 millones de euros.
Íñigo Fernández de Mesa apunta que con más eficiencia en el gasto público se podría ahorrar hasta 58.000 millones de euros y mantener los mismos servicios. "Si en España se lograra que la eficiencia del gasto público fuera similar a la de la media de la OCDE, podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, esto es, según los PGE, unos 58.000 millones de euros, y los ahorros podrían ser mayores si nos homologáramos a las mejores prácticas", añade.
Subida de impuestos
El IEE critica la política fiscal del Gobierno. "Va a suponer un aumento de la presión fiscal para los contribuyentes, que, junto con la sobreestimación de los ingresos públicos, comprometerán los objetivos presupuestarios", señala en el informe.
La presión fiscal en las empresas españolas, con relación al PIB, es casi dos puntos superior a la del promedio de la UE. Alrededor del 80% de las subidas de impuestos van dirigidas a las empresas, lo que perjudicará la recuperación de la actividad y la creación de empleo. A su juicio, limitar la exención por dividendos y plusvalías del Impuesto sobre Sociedades al 95%, "es muy perjudicial", ya que equivale a un "impuesto adicional". Además, sostienen que supone una doble tributación sobre unos mismos rendimientos, puesto que recae sobre rentas que ya has sido sujetas a tributación previamente.
Por otra parte, el informe del IEE asegura que los incrementos en los Impuesto sobre el Patrimonio o del IRPF pueden provocar la deslocalización de las personas con más capital humano hacia estos otros territorios, y complicar la atracción y la retención del talento para nuestras empresas, además de terminar afectando negativamente al conjunto de la recaudación tributaria. En materia de IVA, los especialistas califican la subida del 10% al 21% para bebidas edulcorantes de "injusta y discriminatoria". Sostienen que está "impuesta en el peor momento posible y sin que experiencias internacionales sean concluyentes respecto a su capacidad para la modificación de hábitos alimentarios".
