El Gobierno insiste en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus. Según el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea la semana pasada, la partida el techo de gasto que maneja el Ejecutivo subirá el año que viene un 7,2% más. "Un límite de gasto para atender las necesidades ineludibles del ejercicio, que asciende a 136.779 millones", recoge la medida.
Las previsiones del propio Gobierno, recogen que "este aumento se debe, entre otras, a las mayores partidas que se incluirán en los Presupuestos para garantizar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas de gasto en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea". Sin embargo, la línea de Bruselas para afrontar esta situación es la de la inversión productiva.
El fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros está vinculado a proyectos de transformación alineados con los dos principales objetivos del Ejecutivo comunitario. La fiscalidad verde, con impuestos a los carburantes y ayudas a las renovables, y la economía digital son los principales motivos por los que Europa apuesta por el gasto. Sin embargo, el plan presupuestario español recoge más alzas en gastos corrientes que poco tienen que ver con los motivos que recomienda Bruselas. En total, para 2021 Moncloa prevé un gasto de 3.286 millones de euros extra debido a las nuevas partidas como el Ingreso Mínimo Vital, la revaloración de las pensiones o la ampliación del permiso de paternidad.
Ingreso mínimo
Para el nuevo Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno asume un gasto de 1.500 millones de euros para el año que viene, que se sumará a los otros 1.500 millones de este año. En cuanto a la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo prevé una subida incluso superior a la de 2020 y la sitúa en 1.292 millones de euros.
Estas subidas chocan con el espíritu del plan de reconstrucción de Bruselas. Antes de la irrupción de la pandemia, la Unión Europea ya advirtió de la insostenibilidad de las pensiones. La Comisión Europea presentó en febrero su evaluación sobre la situación de las economías de los Estados miembros, y España quedó bastante mal tras el examen comunitario. No solo por la foto fija, sino por el impacto a largo plazo de algunas medidas anunciadas por el Gobierno. Bruselas concluyó entonces que España continúa entre la decena de países con desequilibrios, sin haber realizado ningún progreso en lo relativo al refuerzo del marco fiscal o la sostenibilidad de las pensiones.
En su detallado análisis, de 115 páginas, el Ejecutivo comunitario sobre todo alerta del impacto de la indexación de las pensiones y las modificaciones que el Ejecutivo de coalición quiere introducir a la reforma laboral. Bruselas advierte de que, con una deuda pública muy elevada el año que viene, los riesgos para la sostenibilidad fiscal siguen siendo "significativos a medio y largo plazo".
En cualquier caso, tras la crisis del coronavirus y desbloquear el techo de gasto, la UE ha vinculado su plan de reconstrucción a inversiones específicas y mantiene las mismas recomendaciones sobre los gastos corrientes para evitar un colapso del déficit y la deuda.
El Comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, confirmó hace unas semanas a elEconomista que solo funcionará si estos Estados gastan "de forma adecuada" el dinero. "La oportunidad no está en la cantidad de dinero movilizada, sino en el reto que tienen muchos países para absorber estos recursos en cuatro años", manifiesta Gentiloni. "Hay que reconocer que la capacidad de absorción en Estados como España o Italia no está en su mejor momento", añade.
Paolo Gentiloni recuerda los compromisos con la digitalización y la economía verde como los dos ejes de transformación sobre los que girarán las ayudas europeas. "Tenemos el deber de asegurar que los proyectos están alineados al plan europeo", asegura. El comisario advierte de esta condicionalidad y, además, en el caso de España, de la necesidad de implantar las directrices de los dos últimos años de la Comisión Europea. "Los planes tienen que considerar las recomendaciones de la Comisión a lo largo de los dos últimos dos años", indica. "Y esto no es una decisión que se ha tomado para que las reglas sean más severas por nuestra parte. Es lo que los líderes decidieron en julio", precisa.
Habrá control de Bruselas
El comisario advierte de que habrá mecanismos de control por parte de la Comisión Europea sobre cómo se empleen estos fondos. "Va a haber mecanismos de, por así llamarlos, consecución de objetivos y marcos temporales predefinidos para desbloquear las ayudas", explica. "Pedimos a los Estados miembros que sean muy claros sobre qué es lo que quieren conseguir y cuál es el marco temporal. Es decir, para cuándo lo quieren conseguir", destaca.
Gentiloni indica que el desembolso de estos fondos lo decidirá la Comisión Europea desde Bruselas dos veces al año. "No lo haremos con un enfoque filosófico, sino de una forma razonada basada en los proyectos que se han planeado y en lo hitos que ya se hayan alcanzado", añade. En cuanto a España, el comisario recuerda las exigencias. "Existen recomendaciones acerca del mercado laboral, del nivel impositivo, o de las pensiones", dice.
Sánchez pide un acuerdo para mejorar la inversión en ciencia
El Gobierno quiere promover un acuerdo nacional por la ciencia y la innovación y propone que la financiación pública en I+D+I, excluyendo partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del PIB en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes de 2024. Así lo recoge el documento 'Pacto por la Ciencia y la Innovación' del Ministerio de Ciencia, en el que se aboga por reforzar, "en la misma proporción, las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención" a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, apuesta por que, en caso de reducción del gasto público, que la financiación en I+D+I "no se reduzca en valor absoluto". El documento, recogido por Europa Press, propone que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) "dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su excelencia científica e innovadora".
