La Comisión Europea considera que el Plan español de Energía y Clima "constituye una base sólida" para diseñar la vertiente verde de las inversiones destinadas a superar la pandemia, e invita al Gobierno a usar los abundantes fondos europeos que el país recibirá hasta 2027 -cerca de 140.000 millones de euros-, para materializarlo. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable del documento, ha considerado que la valoración de Bruselas "en todos los campos es muy positiva".
El Ejecutivo comunitario ha publicado su evaluación final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para que en 2030 España reduzca las emisiones de CO2 un 23% con relación al nivel de 1990 y contribuya al objetivo europeo de bajarlas un 40%. Su materialización exige invertir 241.400 millones durante la década -aumentará el PIB hasta el 1,8% en 2030- y debería crear hasta 350.000 empleos netos adicionales, así como reducir un 27% las muertes prematuras por contaminación.
En junio de 2019, tras analizar el primer borrador del PNIEC, Bruselas ya manifestó una opinión favorable, pero trasladó a España ocho recomendaciones que, de acuerdo con la evaluación final, "se han cumplido en su mayor parte". El Gobierno únicamente ha ignorado totalmente el aumento de la cooperación internacional; todas las demás peticiones se han tenido en cuenta total o parcialmente.
Entre las deficiencias que se mantienen, en el ámbito de la energía destacan que no se defina una senda de crecimiento con tres objetivos intermedios para cada sector, esto es, la electricidad, los usos térmicos y el transporte -sí la hay en el caso de las renovables-, así como la falta de un análisis sobre el impacto de la biomasa y los biocombustibles, sobre todo en los recursos hídricos y el suelo.
En eficiencia energética, la Comisión llama la atención sobre la ausencia de obligaciones de ahorro -los denominados certificados blancos- y sobre "el aumento significativo de la escala" de los objetivos -aspira a bajar el consumo un 40%-, subrayando que no hay una evaluación de las medidas para conseguirlo.
Lo mismo sucede con la rehabilitación de inmuebles: Bruselas da la bienvenida a la meta de actuar sobre 1,2 millones de edificios residenciales, pero encuentra escasos detalles sobre cómo hacerlo, lo que le impide valorarlo. Tras el PNIEC, el Gobierno ha elaborado una Estrategia de rehabilitación energética de la edificación a largo plazo que el análisis no considera.
En el capítulo del impacto social y la transición justa, el PNIEC se vuelca en la pobreza energética, pero "pasa por alto" los previsibles efectos negativos que producirán los cambios laborales -excepto en el caso de la industria extractiva- o de las medidas fiscales para impulsar los vehículos eléctricos.
Borrón mayor hay en el caso de la I+D y la competitividad: el Gobierno ha cumplido la petición de aclarar cómo va a financiar su mayor peso, ni ha establecido políticas ni medidas cuantificadas en horizontes temporales definidos.
18.000 millones en ayudas
En su primera evaluación, la Comisión reclamaba más información sobre los subsidios a la energía -el primer borrador solo incluía 3.000 millones para los combustibles fósiles- y el Gobierno ha aumentado la cifra hasta los 18.000 millones, el 1,5% del PIB, al incluir las ayudas a las renovables y otras partidas para todas las fuentes y la nuclear.
Finalmente, Bruselas tampoco encuentra suficientemente detalladas las fuentes de financiación del PNIEC -"solo se proporcionan para unos pocos ejemplos", como en las interconexiones con Francia-, ni tiene claro cómo se han calculado los 241.412 millones que tendrán que invertirse hasta el final de la década, de los que un 20% tendrán origen público.
Ahora, bien, el de la financiación no debería ser un problema. Bruselas ha vinculado los PNIEC de los socios comunitarios a la recuperación tras la pandemia, incluyendo en sus análisis de los planes una relación de los fondos europeos que cada país recibirá de 2021 a 2027 y que podrá invertir en clima y energía.
En el caso de España, la Comisión recoge 35.400 millones de los Fondos de Cohesión, 41.900 millones de la Política Agrícola Común (PAC), 59.200 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, 800 millones del Fondo de Transición Justa y 1.300 millones de las subastas de CO2.
Más de 140.000 millones de fondos europeos
Esas partidas suman 138.600 millones, a las que se añaden otras por las que el país y sus empresas tendrán que competir con sus homólogos europeos, como otros 360.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, los 140.000 millones del Fondo de Innovación o los 30.000 millones de Conectando Europa.
El Gobierno ha tomado nota, y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya ha asignado el 37% de lo previsto, unos 26.640 millones, a la inversión verde, de acuerdo con las exigencias de Bruselas. A esa cantidad habrá que añadir otras, como las de la PAC, condicionada a prácticas sostenibles.
Gracias a este aluvión de capital -que todavía debe superar la criba de los Estados frugales- el Ejecutivo va a adelantar dos años la consecución de los objetivos del PNIEC, de 2025 a 2023.
Rehabilitación urbana
La indefinición intermedia de algunos de los objetivos del documento impide hacer una valoración detallada de la medida -se deberían conectar 29.000 MW de renovables-, pero el propio presidente anunció que se instalarán 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos, se añadirán 250.000 de estos coches al parque móvil, habrá 12.000 millones para rehabilitación urbana...
Paralelamente, la Comisión quiere aumentar la ambición climática comunitaria y que la reducción de CO2 pase del 40% al 55% en 2030 -la Eurocámara ha pedido un 60%-, lo que obligaría a revisar al alza los PNIEC de los 27. El Consejo Europeo celebrado esta semana ha decidido que el objetivo final se decidirá en diciembre.
