Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha anunciado en Oviedo que el Gobierno piensa destinar unos 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resulten perjudicados por el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. Se trata de un incremento del 50% sobre los fondos públicos originalmente previstos, que ascendían a 422 millones.
El Consejo de Ministros aprobó en febrero la Estrategia Nacional de Transición Justa, una de las tres patas del Marco Estratégico del Gobierno sobre energía y clima, junto con el borrador del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
La Estrategia, que ya ha superado la fase de información pública, quiere ser la herramienta que evite impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de dichos territorios, al impulsar políticas industriales, de I+D+i, de empleo y formación profesional, etcétera, en campos como la rehabilitación de edificios, las energías renovables, la movilidad eléctrica, el hidrógeno...
La ejecución de la Estrategia se articula con los denominados Convenios de Transición Justa, en los que participen administraciones, empresas, sindicatos, centros formativos, ONG, etcétera, al objeto de identificar las necesidades, los puntos fuertes y el potencial de cada territorio, así como el mejor modo de aprovecharlo.
En aquel momento, el Gobierno anunció que disponía de 130 millones para la firma de Convenios de Transición urgentes entre 2019 y 2021, a los que se añadían otros 134 millones correspondientes a un Plan de Acción urgente para comarcas mineras y zonas con centrales térmicas y nucleares en proceso de cierre, más otros 158,6 millones para Planes de Restauración y Energías Renovables y Eficiencia Energética, éstos entre 2019 y 2023. En total, se anunciaron 422 millones.
Sin embargo la ministra ha anunciado que, considerando las actuaciones ya emprendidas y aquellas en proceso de planificación, con vistas a los próximos años, los fondos que la Administración prevé destinar a la Transición Justa ascienden a unos 600 millones.
Esperar a septiembre de 2020
Ribera ha hecho el anuncio durante la primera reunión para articular Convenios de Transición Justa, celebrada en Asturias, donde ha cerrado el calendario para desarrollarlos en el Principado: en las próximas semanas se firmará un protocolo de actuación entre las distintas administraciones, mientras que los convenios en sí se deberían firmar en la región entre mayo y septiembre del año que viene.
El martes está previsto que la ministra aborde la situación de los convenios correspondientes a Castilla y León, que van más adelantados que los asturianos.
Fuentes del Ministerio señalan a elEconomista que esos 600 millones probablemente se incrementen según se vayan identificando las necesidades en los próximos ejercicios. Cuando en febrero se presentó la Estrategia, sólo se consideraron las cantidades disponibles -incluso se rescataron remanentes de fondos Miner de ejercicios anteriores- y fondos europeos plurianuales manejados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.
A la espera de que futuros Presupuestos Generales del Estado habiliten las partidas correspondientes, exclusivamente para la política de transición justa de este año 2019 se ha autorizado la inversión de un máximo de 100 millones procedentes de las subastas de CO2.
70 convenios para restaurar explotaciones mineras
El Ministerio para la Transición Ecológica ha firmado ya 70 convenios con administraciones locales en el Plan de Restauración de explotaciones mineras en el Marco 2018-2030. Recibirán 72,5 millones, a lo que se suman 4,3 millones de Proyectos Empresariales 2019.
Asimismo, está desarrollando, con el Ministerio de Trabajo, el plan de formación y recualificación de trabajadores excedentes mineros, así como las convocatorias de ayuda a proyectos empresariales del Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón.
