El Consejo de Ministros aprobará este viernes un Plan de Acción Urgente para Regiones del Carbón y Centrales en cierre, con cinco años vista y unas exigencias presupuestarias superiores a los 400 millones de euros que saldrán en su mayoría de las subastas anuales de emisiones de CO2, a razón de 100 millones anuales.
Este Plan forma parte de la Estrategia de Transición Justa, una de las tres patas -junto con el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima- que forman el Paquete de Energía y Clima anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
El Plan prevé destinar 158 millones a la restauración de las zonas degradadas por la minería y a desplegar renovables y ejecutar actuaciones de eficiencia energética en las comarcas mineras durante los próximos cinco años. Parte de estos fondos saldrán del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae).
Igualmente quiere emplear partidas no asignadas de los fondos Miner del período 2013-2018 por un importe de 134 millones, para ayudar a los municipios mineros, también con cinco años vista.
Finalmente, con un horizonte más corto, tres años, prevé 130 millones para firmar Convenios de Transición Justa entre los cuatro niveles de la Administración -Estado, autonomías, diputaciones y municipios- y distintos actores sociales, enfocados en las regiones afectadas por el cierre de las minas y las centrales de carbón -hay ocho peticiones encima de la mesa y la de la planta de Anllares ya autorizada- y las nucleares de Zorita y Garoña. Estos fondos ya están disponibles y los aplicará a partir del mes de junio el Gobierno que salga elegido de las elecciones del 28 de abril.
100 millones al año del CO2
El Ministerio para la Transición Ecológica está analizando los Presupuestos del Estado de 2018 para aprovechar partidas existentes y asignarlas a la implementación del Plan, pero confía en que la parte mollar de los fondos salga de las subastas anuales de CO2; el Real Decreto-ley 25/2018 ya habilitó destinar hasta 100 millones durante 2019 a actuaciones políticas de transición justa.
Como explican a elEconomista fuentes del Ministerio, el Plan es una mezcla de actuaciones ya realizadas -como las prejubilaciones de los mineros-, medidas para ejecutar inmediatamente y actuaciones a varios años vista, que corresponderán al futuro Gobierno.
Estrategia de Transición
Los Convenios serán una de las principales herramientas de la Estrategia de Transición Justa. En todos los casos se buscará que tengan un enfoque local, en función de necesidades concretas, previamente identificadas, para maximizar la incidencia de las ayudas en los territorios y perjudicados por la descarbonización. Se trata de una forma nueva de trabajar de la Administración central, más acostumbradas a lanzar medidas genéricas de aplicación universal.
Está previsto que las líneas de actuación de la Estrategia se renueven cada cinco años para identificar los sectores y los territorios que sufran un mayor perjuicio. De momento se enfocará en las regiones mineras y en las dos centrales nucleares en proceso de desmantelamiento, Zorita y Garoña, si bien aún se están identificando las necesidades de sus respectivas áreas de influencia.
Igualmente, se han seleccionado tres sectores prioritarios de actuación: el sector del automóvil, la industria electrointensiva y la cogeneración, para las que ya hay medidas en marcha, junto con el Ministerio de Industria.
