Las minas de carbón afrontan sus últimas horas en España tras casi dos siglos de actividad. El próximo 1 de enero dejarán de funcionar los pocos tajos que aún quedan operativos, lo que supondrá certificar el cierre de la minería de carbón. A excepción de algunos de Hunosa que se prolongarán un poco más.
A principios de los años noventa, España contaba con un total de 146 explotaciones repartidas en ocho comunidades autónomas que lograban producir del orden de 35 millones de toneladas. En 2017, la cifra se reducía ya a 12 minas situadas en Castilla y León (2), en Asturias (8) y en Aragón (2) que apenas extraían ya dos millones de toneladas. La mayoría de ellas son productoras de antracita, mientras que las demás son de hulla bituminosa y subbituminosa. Las dos únicas fuentes de lignito se encontraban en Coruña pero cerraron en el año 2007.
La minería ha afrontado una profunda reducción de los puestos de empleo. De los 45.212 trabajadores que había en las 234 empresas registradas en los noventa se ha pasado a poco más de 2.500 a finales de 2016 y a apenas 1.700 en 2017.
En 2010 se elaboró un plan de cierre para la minería basado en ayudas que finaliza este próximo 31 de diciembre, fecha en la que las explotaciones deben optar por abandonar su actividad o devolver las ayudas otorgadas. El plan prevé ayudas para cubrir los costes de jubilaciones y pensiones.
El 0,007% del PIB
Pese a que el carbón ha registrado un fuerte incremento de precio en los mercados internacionales en los últimos años, el valor de la producción de la minería descendió de forma considerable pasando de 151 millones de euros en 2015 a los 83 millones de 2016, el 0,007% del PIB nacional.
Hunosa, por sus especiales características y su relevancia, dispondrá de su propio plan de empresa con características propias de plan social y compromisos específicos en el ámbito de la reactivación de las comarcas mineras de la cuenca central asturiana.
Las ayudas que recibían las minas han pasado también de los 38 millones de 2013 a apenas 1,2 millones el año pasado al colocarse en situación concursal varias empresas y a la inexistencia de ayudas para las explotaciones a cielo abierto. De hecho, el ejercicio pasado sólo recibieron estas ayudas Carbonar (694.666 euros), Hijos de Baldomero García (335.800 euros) y la propia Hunosa (238.840 euros).
En España hay en este momento un total de 15 centrales térmicas con una potencia instalada de 10.004 MW que funcionan principalmente con carbón importado de Colombia, Rusia y Sudáfrica. La mayor parte de estas plantas está incluida en el Plan Nacional de Transición bajo la Directiva de Emisiones Industriales de la UE, lo que supondrá el cierre de la mayor parte de ellas hasta el 30 de junio de 2020 y previsiblemente del resto antes de 2025, tal y como se ha encargado de asegurar el secretario de estado de Energía, José Domínguez Abascal.
Reunión de alto nivel
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los secretarios de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y Energía, José Domínguez, se reunirán el próximo miércoles con los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de Aragón, Francisco Javier Lambán y de Asturias, Javier Fernández para analizar las consecuencias de estos cierres. La ministra ha defendido la necesidad de una transición justa y de hecho en Europa se prevé que parte del dinero de las subastas de CO2 se pueda destinar a esta transición.
En prevision de las reclamaciones de los tres presidentes autonómicos, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo alcanzado el pasado octubre para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.
Según explica el Gobierno, en términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los empleados de las subcontratas. Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras que en particular gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración de las minas.
Esta bolsa facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación -siempre en coordinación con los servicios de empleo de las comunidades-. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 incluirán, si logran aprobarse, 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero, que serán destinados a estas políticas de transición.
Golpe europeo
La Comisión Europea dio además esta semana un paso definitivo para el cierre de las centrales de carbón, ya que al dejar fuera a las plantas que emitan más de 550 gramos de CO2 por kWh sin la posibilidad de acceder a los pagos por capacidad supone en la práctica dejar fuera del sistema a la mayor parte de las instalaciones españolas que usan carbón nacional.
Según el estudio de IIDMA Un oscuro panorama hay más de 700 muertes prematuras anuales en España relacionadas con las emisiones de las centrales térmicas de carbón, y los costes económicos sanitarios derivados se cuantifican entre 880 y 1.667 millones de euros.
En 2015 había en Europa 102 minas de carbón -Polonia (35), Alemania (12) y Bulgaria (12)-. Alemania cerró también el viernes su última mina de carbón en Bottrop.
