Pedro Sánchez presentó este miércoles un paquete de medidas de energía y clima que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, que consta de tres elementos: el anteproyecto de ley de cambio climático, el Plan nacional de energía y clima 2021-2030 (PNIEC) y la Estrategia de transición justa.
Están vinculados a una inversión de 237.000 millones de euros durante la próxima década, que deberían transformar profundamente la economía alrededor de las energías renovables, cuyo peso en la demanda de energía tendría que crecer desde el actual 17,5% hasta el 42% al final del período, un objetivo 10 puntos porcentuales más elevados que la meta de la UE.
Arropado por cuatro ministras, Teresa Ribera (Transición Ecológica), María Jesús Montero (Hacienda), Reyes Maroto (Industria) y Magdalena Valerio (Trabajo), y por relevantes primeros espada de empresas eléctricas -casi ninguno del sector de los hidrocarburos-, asociaciones patronales y organizaciones ecologistas, el presidente del Gobierno brindó un mitin de precampaña alrededor de los muy ambiciosos planes de su Ejecutivo en materia de política energética.
El primero de ellos, la Ley de cambio climático y transición energética -iniciada por el anterior Gobierno del PP-, debe aportar " la certidumbre y la estabilidad regulatoria que demandan los agentes económicos para acometer la transformación de nuestro sistema energético y de nuestro modelo productivo", según Sánchez. Incluirá objetivos a 2030 de penetración de renovables -el 42%-, eficiencia energética y reducción de las emisiones de carbono -un tercio menos-, así como metas a largo plazo, como alcanzar un ciento% de renovables en 2050 para cumplir con el Acuerdo de París. Además, limitará la explotación de los hidrocarburos, sobre todo en el ámbito estatal; y "en línea" con la estrategia de la UE, perseguirá "culminar en 2040 con vehículos sin emisiones de CO2", lo que veta los actuales motores de combustión.
No pasará del 5 de marzo
Sánchez señaló que el Anteproyecto de Ley es la regla básica que ha de regir para la elaboración del PNIEC y la Estrategia de transición justa, pero lo cierto es que en su formato actual -en noviembre se divulgó un borrador de trabajo que se ha modificado- decaerá cuando se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo.
El nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 28 de abril podrá, si quiere, volver a iniciar su tramitación parlamentaria, introduciendo los cambios que estime oportunos.
Otra cosa distinta sucede con el PNIEC, un documento exigido por la legislación comunitaria a cada uno de los 28 para que plasmen el modo en que piensan contribuir a que la UE, en conjunto, alcance sus objetivos vinculantes de 2030: reducir las emisiones de CO2 un 40% en relación a 1990, cubrir un 32% de la demanda energética con renovables y reducir un 32,5% el consumo de energía respecto a la tendencia actual. España y Luxemburgo eran los únicos países que aún no se lo habían remitido a la Comisión Europea -el plazo venció en diciembre- para que sus técnicos lo evalúen y se lo devuelvan al Gobierno a mediados de año al objeto de que incorpore los cambios que procedan a fin de alcanzar los objetivos comunes.
47.000 millones en ayudas
Pautado por la normativa comunitaria y fundamentado en modelos económicos extraordinariamente complejos, el PNIEC detalla la ruta de la transición energética, y prevé, según informó ayer el Gobierno, la inversión de 237.000 millones -unos 47.000 millones serán fondos públicos, para lo que se emitirán bonos verdes-, sobre todo en servicios, industria y construcción, que deberían crear alrededor de 300.000 empleos. A la par, el PIB se debería incrementar un 1,8% en 2030 -entre 19.300 y 25.100 millones- y la dependencia energética del país caer un 15% -hasta el 59%-, con un ahorro en importaciones de combustibles fósiles de 75.379 millones durante todo el período.
El PNIEC también debe definir un ritmo de penetración de renovables -se viene hablando de un mínimo de 3.000 MW al año-, de rehabilitación de edificios -100.000 viviendas por ejercicio- y de cierre de las instalaciones de carbón y nucleares, entre los años 2025 y 2035.
Para atender las necesidades de los perjudicados por el proceso de descarbonización, como las comarcas mineras, se ha diseñado la Estrategia de transición justa. Sánchez explicó que contempla "convenios de transición" que "garantizarán un acceso ágil y prioritario a las ventanas de financiación de la Administración General del Estado, y vendrán acompañados de ayudas europeas, cuando sea posible, de incentivos fiscales o de deducciones cuando se considere idóneo".
Mantiene el veto a la venta de coches convencionales en 2040
Ampollas levantó en la industria del automóvil y en las petroleras el primer borrador de la Ley de cambio climático, porque incluía la prohibición de matricular vehículos ligeros que emitan CO2 a partir de 2040 y su circulacióna partir de 2050. Sánchez anunció que la actual versión del texto mantiene ese tenor: "No estamos proponiendo nada caprichoso, sino necesario", dijo, antes de considerar que ofrecía una "enorme oportunidad para la industria automovilística" en el desarrollo de modelos eléctricos y que ésta sólo necesitaba "un marco claro" y "medidas de apoyo". No por casualidad en el auditorio había líderes empresariales del sector eléctrico, como Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona), Gonzalo Urquijo (Abengoa), José Bogas (Endesa), Miguel Antoñanzas (Viesgo) o Ignacio de Colmenares (Ence). Pero de los hidrocarburos solo Antonio Llardén (Enagás); Repsol, Cepsa y Naturgy enviaron representantes de menor rango. Del motor, ninguno.
