Economía

El FMI alerta de que la segunda ola de covid-19 en España amenaza con retrasar la recuperación hasta 2025

  • Pide aplazar las subidas al diésel y del IVA para no perjudicar a las rentas bajas
  • El paro no recuperará los niveles pre-pandemia en cinco años
  • El aumento de la deuda pública pueda alcanzar más del 40% del PIB en 5 años
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"La recuperación será prolongada y estará sujeta a importantes riesgos e incertidumbres". Esta es una de las conclusiones que la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional destaca tras examinar detenidamente los pormenores de la revisión económica de nuestro país. Una radiografía esbozada por la jefa de la Misión para España de la institución, Andrea Schaechter, y su equipo donde se perfila una preocupante situación a corto y medio plazo.

Al fin y al cabo, en su escenario base, el Fondo proyecta que la economía española registre este año su peor comportamiento en más de medio siglo, con una contracción del PIB del 12,8%. Si bien el próximo año deberíamos experimentar una recuperación parcial, con un avance del 7,2%, impulsado por las medidas de distanciamiento social y las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación, la economía real no alcanzará su nivel previo a la pandemia hasta 2023. Incluso cuando esto ocurra, la tasa de desempleo seguirá siendo elevada. De hecho, el paro no recuperará los niveles pre-pandémicos en los próximos cinco años.

Pero, dadas las circunstancias, si no se controlan los recientes brotes, la recuperación llegará aún más tarde, en 2025, según los técnicos de la institución. En caso de que la segunda ola deje una huella más profunda, el FMI baraja un escenario más drástico, donde la economía quedaría estancada a lo largo de 2021. Esto significaría que quedaría hasta 7,3 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en estos momentos. Es decir, la economía experimentaría una pérdida de producción acumulada adicional del 4,5% a medio plazo.

Los próximos meses se postulan como un campo de minas, donde detonar alguna de las múltiples vulnerabilidades amenaza con generar un efecto dominó. Comenzando por el 37% de las empresas no financieras que el Fondo estima podrían sufrir problemas de solvencia. Una situación que a su vez se dejará notar entre la banca.

La institución determina que en comparación con otros países de la Unión Europea, el impacto de la crisis en los bancos españoles podría ser amplificado por la gravedad de la recesión económica, un posible aumento generalizado de las insolvencias, un menor nivel de capital CET 1 (es decir fondos propios de primera calidad) y la exposición moderadamente más alta a prestatarios en sectores vulnerables.

Además, al contrario que en crisis anteriores, la diversificación de grandes entidades como el Banco Santander o el BBVA en el extranjero supondrá más un riesgo que un flotador. Tampoco pasa por alto que alrededor del 7% de los activos bancarios son bonos soberanos de deuda española, por lo que cualquier retroalimentación adversa instigada por los mercados puede rememorar episodios del pasado más reciente.

Precisamente, hablando de deuda pública, el Fondo espera que ésta aumente alrededor del 25% del PIB en los próximos dos años y, en ausencia de un ajuste más allá de 2021, se mantenga en gran medida sin cambios a medio plazo. Dicho esto esto, si la crisis se prolonga, la necesidad de más apoyo fiscal hará que el aumento de la deuda pública en España pueda alcanzar más del 40% del PIB durante los próximos cinco años.

España entró en esta crisis con "un insatisfactorio historial de desigualdad de ingresos"

Los funcionarios liderados por Schaechter inciden en cómo España ya entró en la crisis económica y de salud derivada de la pandemia con "un insatisfactorio historial de desigualdad de ingresos". En este sentido, el análisis de los expertos del Fondo sugiere que la fuerte creación de empleo impulsada por las reformas laborales implementadas en 2012 mejoró el coeficiente de Gini posterior sin socavar el riesgo general de pobreza. No obstante, las reformas podrían haber reducido la media de horas trabajadas y contribuido a una mayor pobreza de los ocupados. Además, los efectos redistributivos relativamente débiles del gasto social en España no han proteger a los grupos vulnerables de manera adecuada y equitativa.

De esta forma es probable que la pandemia amplíe las brechas de inclusión social de nuestro país. Su impacto será especialmente severo para los trabajadores temporales poco cualificados, muchos de los cuales se concentran en sectores como el turístico y el hotelero. Al mismo tiempo, los trabajadores españoles con menor nivel educativo tienen menos opciones de teletrabajo en comparación con sus pares europeos, lo que agravará el impacto de la crisis mientras las pérdidas de ingresos podrían agravar la sobrecarga del alquiler si los precios no se ajustan simultáneamente.

Aumentos en la contribución fiscal de los más ricos en 2021

El Fondo avisa que a medio plazo se requerirá un plan de ajuste fiscal creíble para abordar el legado de la crisis y volver a una situación fiscal cercana al equilibrio. El personal técnico recomienda reanudar una consolidación gradual una vez que la economía se encuentre en una senda de crecimiento fuerte y sostenido con una disminución del desempleo. Según sus cálculos, tales condiciones podrían estar vigentes como muy pronto a partir de 2022.

A partir de entonces, la institución estima que una consolidación anual del déficit primario estructural en aproximadamente el 0,5% del PIB podría revertir la tendencia alcista, colocar el índice de deuda en una trayectoria descendente a partir de 2023 y lograr una posición fiscal estructural cercana al equilibrio dentro de una década.

Por otro lado, para hacer frente a la creciente desigualdad y satisfacer la demanda de inversión en un mundo posterior al Covid-19, la política fiscal debe centrarse en movilizar ingresos adicionales y mejorar la eficiencia del gasto. La relación entre los impuestos y el PIB de España es relativamente baja en comparación con sus pares regionales, lo que indica que hay margen para una mejora estructural, especialmente mediante el fortalecimiento de la recaudación del IVA, el aumento de los impuestos especiales y los impuestos ambientales y la reducción de las ineficiencias del sistema tributario.

El FMI sugiere que medidas que transfieran ahorros del sector privado al público, como aumentos en la contribución fiscal de los grupos más ricos y menos afectados, ya podrían comenzar a considerarse en 2021. Sin embargo, las iniciativas que puedan tener un efecto desproporcionado sobre la población de menos ingresos, como expandir la recaudación del IVA o aumentar los impuestos ambientales, deben esperar hasta que la recuperación sea solida.

Por último, el Fondo considera que preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones requiere un compromiso a largo plazo para contener la presión del gasto en pensiones derivada del envejecimiento de la población.

Según proyecta, la crisis del Covid-19 pesará en la financiación del sistema de pensiones. Es por ello que se necesitará un paquete de reformas para equilibrar la sostenibilidad de las pensiones y la aceptabilidad social. Las medidas específicas podrían incluir desde incentivar una vida laboral más larga hasta aumentar los ingresos sin elevar las ya elevadas tasas de contribución así como incentivar los ahorros complementarios.

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