Los Presupuestos Generales del Estado añadirán otros 110.000 millones de euros a la deuda pública para el año que viene. La deuda del conjunto de las administraciones públicas finalizará el ejercicio 2021 en el 117,4% del PIB, según las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Los Presupuestos Generales del Estado incluyen un alza histórico de ayudas al alquiler, la guardería o las becas. Las cuentas recoge el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de un 5% para el próximo año, que se situará en 564,73 euros al mes. La medida, más allá, tiene un impacto directo en el gasto público asociado a las subsidios, ayudas y numerosas prestaciones sociales cuya revisión y cuantía está vinculada a este indicador de forma general. El Iprem es un indicador que crece a un ritmo más lento que el SMI, algo que favorece el acceso a las ayudas para el alquiler, el acceso a una vivienda de protección oficial, las becas de estudio o para la guardería.
El indicador estuvo congelado de 2011 a 2016, subió un 1% en 2017, se volvió a congelar en 2018 y así se ha mantenido en 2019 y 2020 ante la ausencia de presupuestos, con lo que desde 2017 el IPREM estaba fijado 537,84 euros mensuales.
Las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 48,2% del gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2021, según consta en el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso. Estas tres partidas suman un total de 219.984 millones de euros, lo que equivale al 48,23% de los 456.073 millones de euros de gastos presupuestados. Estas tres partidas son las más cuantiosas junto a las transferencias a las comunidades autónomas, que suman 70.288 millones de euros.
El Gobierno ha presupuestado para el próximo año un 3,2% más que en 2020, lo que llevará a elevar a 163.297 millones el desembolso relacionado con las prestaciones que otorga la Seguridad Social española y su gestión. Un acicate que responde, al margen de los gastos no contributivos, al alza prevista para la partida relativa exclusivamente a las pensiones y que será revalorizada en base al IPC, pese a las recurrentes advertencias emitidas por la Comisión Europea en los últimos meses, con más incisión tras aprobación del fondo de reconstrucción de la UE que servirá para mitigar el déficit público que desatará el impacto de la pandemia en los próximos años. Y del que España se beneficiaría en un total de 140.000 millones.
La volatilidad del indicador elegido para la revalorización de las pagas, el IPC, más aún en plena crisis económica. A principios de 2020, el Ejecutivo realizó la subida de las pensiones en base a la inflación prevista para el conjunto del año de un 0,9% (la misma prevista para 2021) con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los jubilados y beneficiarios de demás prestaciones. Ahora, tras el impacto de la pandemia el IPC cerrará en 2020 en el -1%. Ello se traduce en que de haberse producido la subida una vez conocida la evolución real de los precios el Gobierno se podría haber ahorrado 1.400 millones de gasto y el colectivo habría conservado de igual manera el poder de compra.
El Gobierno asume así una nueva senda de gasto en las prestaciones concedidas por la Seguridad Social, que, tal y como advierten los órganos reguladores, deberá estar acompañada de un plan que garantice la sostenibilidad del Sistema.
Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 25.012 millones de euros, un 20,1% más y supone el 5,5% del gasto total. Las prestaciones por paro concentran unos recursos superiores a los Presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones a esta partida.
En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 31.675 millones, un 0,4% más. El coste de la deuda tiene un peso del 6,9% sobre el gasto total. Pese a la contención, la cifra es el doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora ronda el 111% de la riqueza nacional. Por distribución de grandes áreas de gasto, el 53,7% de los Presupuestos corresponde a gasto social, el 33,5% a actuaciones de carácter general, el 7,5% a actuaciones de carácter económico y el 5,2% a servicios públicos básicos.
Subida a funcionarios
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, presentados este miércoles en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recogen una subida del 29,8% en las operaciones corrientes del Estado. Las Cuentas aumentan la partida hasta los 195.686 millones de euros, frente a los 150.727 recogidos en el Presupuesto Base de 2020.
En este capítulo aparece el impacto de la nueva subida salarial a los funcionarios que ha aprobado el Gobierno. El Estado se gastará en personal 18.599 millones de euros, un 4,2% más que los previsto en las anteriores Cuentas. En el Presupuesto Base de 2020, esta partida se quedaba en los 17.844 millones de euros.
Esta partida es el reflejo en las cuentas de la revalorización del 0,9% del sueldo de los empleados públicos prometida por el Gobierno. Esta medida afectará, según el propio proyecto, a 2,5 millones de empleados públicos.
Según los últimos datos del último decil de salarios del empleo principal correspondiente a la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los empleados públicos ganan un 50% más de media que los trabajadores del sector privado. La diferencia entre ser empleado público o asalariado en el sector privado está en 882 euros al mes o, lo que es lo mismo, unos 10.584 euros brutos más al año de salario.
El Gobierno insiste así en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus. Según el plan presupuestario enviado al Congreso, Moncloa cuenta con un déficit público del 7,7% para el año 2021.
El Gobierno de España insiste así en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus.
Las partidas que suben
Sueldo de los funcionarios
El Estado se gastará en personal 18.599 millones de euros, un 4,2% más que lo previsto en las anteriores Cuentas. En el Presupuesto Base de 2020, esta partida se quedaba en los 17.844 millones de euros. Esta partida es el reflejo en las cuentas de la revalorización del 0,9% del sueldo de los empleados públicos prometida por el Gobierno. Esta medida afectará, según el propio proyecto, a 2,5 millones de empleados públicos.
Gasto en Pensiones
El Gobierno ha presupuestado para el próximo año un 3,2% más que en 2020, lo que llevará a elevar a 163.297 millones el desembolso relacionado con las prestaciones que otorga la Seguridad Social española y su gestión.
Indicador de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)
El proyecto establece el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de un 5% para el próximo año, que se situará en un total de 564,73 euros al mes.
Total de gasto corriente
Las Cuentas recogen una subida del 29,8% en las operaciones corrientes del Estado. Las Cuentas aumentan la partida hasta los 195.686 millones de euros, frente a los 150.727 recogidos en el Presupuesto Base de 2020.
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