Madrid 
El Gobierno ha iniciado ya los primeros pasos de la reforma de pensiones que se ha acordado recientemente en el Pacto de Toledo. La primera piedra la ha puesto el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una transferencia de 12.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, que servirá para sufragar parte de los denominados como gastos impropios del sistema (los de naturaleza no contributiva) y que en el agregado de gastos de la Seguridad Social suponen una parte del déficit anual -de 18.000 millones de euros en los últimos años y que ascenderá a 25.000 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia-.
Esta transferencia, cuyo destino ya había sido avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando que parte de la misma (de 18.000 millones en total) también serviría para sufragar los nuevos gastos de la pandemia (prestaciones a autónomos y bonificaciones en la cotización para empresarios y trabajadores en Erte) tendrán una doble vertiente. Y según confirmó este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de esta partida se destinarán 12.000 millones de euros para absorber la primera parte del déficit de la Seguridad Social correspondiente a gastos impropios o no contributivos, y que es equivalente a un punto del PIB.
Esta primera medida que afecta al ordenamiento financiero de la Seguridad Social que llevará a cabo el Ejecutivo si se da luz verde al proyecto de Presupuestos Generales en el Congreso, da respuesta a la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre separación y clarificación de fuentes de financiación del Sistema y supone el principal cambio que afronta con la reforma pues implicará sufragar directamente con impuestos parte casi la mitad del déficit que registrará en 2021 el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, de 25.000 millones de euros, en torno a 2 puntos del PIB.
¿Cuáles son los gastos impropios?
Además, esta transferencia del Estado que se contempla ya en los Presupuestos de 2021 para la asunción de gastos impropios de la Seguridad Social por valor de 12.000 millones de euros, el equivalente a dos tercios del déficit que registró el sistema en 2019 (17.500 millones de euros). En este sentido, según apuntaba Escrivá en la entrevista concedida este martes que quedará otro tercio del déficit para abordar en los próximos dos presupuestos (2022 y 2023). "Este esfuerzo ambicioso ya está en los Presupuestos presentados", añadió.
El ministro recuerda que, al examinar las cuentas de la Seguridad Social, hay hasta 20.000 millones de euros de gasto en políticas públicas que el sistema sufraga de sus ingresos por cotizaciones y que deberían ser financiados por el Estado. Con ello, se eliminaría el déficit de la Seguridad Social. Se trata de recursos procedentes de las cotizaciones sociales que se están utilizando para pagar políticas no contributivas, reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad o los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social.
Rejón a los planes de pensiones
El titular del Ministerio remarcó que, además de la asunción de los gastos impropios, se han dado respuesta en los Presupuestos de 2021 a otras de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En concreto, subraya que también se incluye el decantamiento de la fiscalidad de los planes de pensiones individuales a colectivos. "Hay un movimiento importante y se ha habilitado al Estado a crear un fondo esponsorizado para generar competencia en los planes de pensiones de empresa colectivos y para que todas las empresas que no puedan ir a través de un plan de empresa, como autónomos o pymes", ha añadido, tras señalar que "se va a generar una alternativa con comisiones muy asequibles".
Esta, de hecho, es la segunda piedra de la reforma de las pensiones que ha puesto ya el Ejecutivo, que se recogen en la decimosexta recomendación y donde por un lado se ha articulado de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Y por otro, se ha abordado la reducción de las desgravaciones fiscales para los planes individuales, fijados en 8.000 euros anuales de aportación, y que pasaría a restringirse a 2.000 euros anuales.
El ministro asegura que con lo que recomienda el Pacto de Toledo y lo que va a desplegar el Gobierno, "se clarifica la sostenibilidad del Sistema hasta 2025, más o menos". Así, recuerda que de 2025 a 2050 habrá un incremento del gasto en pensiones, "que es manejable", pero que puede suponer unos tres puntos y medio del PIB. "Con estas recomendaciones pasamos a asegurar el poder adquisitivo de las pensiones indefinidamente", según ha apuntado.
