Madrid. 
El proyecto de Presupuestos Generales presentado por el Gobierno esta semana asume una máxima en lo que a la labor protectora de la Seguridad Social se refiere: los ingresos por cotizaciones sociales serán insuficientes para sufragar todas las ayudas, prestaciones, pensiones y bonificaciones que otorga el Sistema. Por ello, para el próximo año se prevé que el Estado realice hasta tres transferencias por valor de 31.177 millones de euros, lo que supone un incremento del 83,3% respecto a la necesidad de financiación extra que precisará al cierre del presente ejercicio, para afrontar los pagos correspondientes a protección familiar, nacimiento y cuidado de menores, ingreso mínimo vital, dependencia, pensiones no contributivas y complementos a mínimos, entre otros.
Es decir, la Seguridad Social necesitará el próximo año transferencias de capital por valor equivalente a 2,5 puntos del PIB. Concretamente, la Seguridad Social dispondrá de hasta tres transferencias por valor de 13.929 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo con las que se cubrirán hasta ocho partidas de gasto comprometidas para 2021. Así, el Presupuesto General sufragará a través de impuestos la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menor por valor de 2.785 millones de euros; las prestaciones no contributivas de protección a la familia por valor de 1.414 millones; ayudas para la dependencia por una cuantía de 2.350 millones de euros; pensiones no contributivas por valor de 2.750 millones; complementos a mínimos que ascenderán a 7.075 millones de euros y el ingreso mínimo vital, presupuestado en 3.016 millones de euros para todo el año. Además se incluirá una transferencia para cubrir las reducciones de cotizaciones por una cuantía de 1.780 millones de euros y otros conceptos para los que se destinarán 9.365 millones de euros.
Asimismo, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con la Covid-19, se incluyen 18,5 millones de euros en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para garantizar la capacidad del sistema sanitario en materia de recursos humanos y planes de contingencia, y 8,5 millones de euros en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para la financiación de inversiones.
Además, el otro organismo clave para la cobertura de las prestaciones y de las ayudas aprobadas por el Gobierno con motivo de la pandemia, el Sepe, recibirá una transferencia de hasta 4.700 millones de euros para completar el presupuesto y hacer frente a los pagos relacionados con las prestaciones a los trabajadores afectados por un Erte. En suma, ambos organismo recibirán transferencias del Estado por valor de 35.000 millones de euros, equivalente a un 3% del PIB.
¿Crecen las cotizaciones?
La otra cara de la moneda que acompaña la operativa de transferencias para cubrir las necesidades de financiación del Sistema es la escasez que comportan los ingresos por cotizaciones para afrontar los pagos comprometidos. Este es principalmente el punto que ponen en solfa los expertos consultados por elEconomista que advierten del excesivo optimismo con el que ha elaborado el Ejecutivo esta parte del Presupuesto. Más aún en el caso de las cotizaciones sociales de los trabajadores y más aún con el horizonte laboral que afronta España con el telón de la segunda oleada de la pandemia de fondo.
En concreto, la Seguridad Social ingresará el año próximo 157.562 millones de euros, de los que 125.144 millones de euros procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 3,8%, lo que le permitirá financiar el 72,6% del Presupuesto. El sistema recibirá además transferencias del Estado por valor de 31.177 millones de euros.
En este sentido, de los 125.144 millones de euros que prevé recaudar la Seguridad Social por cuotas el año próximo, 116.300 millones de euros procederán de las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados, un 6,5% más que en el ejercicio anterior, en tanto que 8.548 millones de euros se ingresarán por cuotas de desempleados, cifra un 18% inferior a la del año anterior, y 297 millones tendrán su origen en las cotizaciones por cese de actividad, un 69,2% menos.
