Madrid
El Gobierno mantiene la máxima de eliminar el ya histórico déficit de las pensiones antes de que finalice la presente legislatura a pesar del lastre que supone el impacto de la pandemia y su incierta evolución para las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social en los próximos ejercicios. Así lo señaló el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este viernes durante la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de su departamento, donde resalta que en estos momentos hay gastos cíclicos asociados al coronavirus, pero que cuando pase 2022 y 2023, estos elementos cíclicos de deterioro de las cuentas de la Seguridad Social emergerán a la situación estructural, lo que "lleva al cierre del déficit en 2023".
Además, el ministro afirmó que en el área de pensiones y Seguridad Social se va a contar con medias que van a ayudar a implementar y desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sin embargo, los expertos consultados por elEconomista ya advertían de la dificultad que comportaba el objetivo autoimpuesto por Escrivá para despejar el desequilibrio del Sistema, más aún teniendo en cuenta el déficit de cotizaciones causado este año por la fuerte destrucción de empleo.
La senda hacia el equilibrio
En concreto, las líneas de actuación del Ministerio en materia de pensiones se van a centrar en mantener el poder adquisitivo de las pensiones, en línea con la recomendación segunda del Pacto de Toledo; la separación de fuentes de financiación, según las recomendaciones primera y sexta del texto, y la aportación de la previsión social complementaria, que corresponde a la recomendación 16.
Respecto a la revalorización de las pensiones, el ministro ha apuntado que se está trabajando en un mecanismo "permanente, previsible y conocido" de actualización de las pensiones para mantener su poder adquisitivo. Los presupuestos de 2021 contemplan un incremento del 0,9% de las pensiones y del 1,8% en el caso de las no contributivas, lo que comportará un gasto extra en la partida del próximo año de unos 1.400 millones de euros. "No hemos llegado a los Presupuestos y tenemos que negociarlo con los agentes sociales en el diálogo social, pero trabajamos ya en esta dirección, porque es uno de los mecanismos fundamentales para dar certidumbre y tranquilidad a los pensionistas", apuntaba el ministro Escrivá sobre la fórmula en que se aplicará la subida.
En este punto, con un alza del gasto en ciernes, desaconsejada en varias ocasiones por la Comisión Europea que pide una contención de los gastos de la Seguridad Social española o una estrategia para que estos desembolsos vayan acompañados de una estrategia de aumento de ingresos, es la que pone en entredicho la viabilidad de esta promesa de eliminar el déficit estructural del Sistema, enquistado en los 18.000 millones de euros y que ascenderá a 25.000 millones en el presente ejercicio producto de la caída de recaudación por cotizaciones y aumento de los gastos, que en suma de la acción protectora de la Seguridad Social ronda los 27.000 millones de euros.
En este sentido, el ministro incide en, como pedía Bruselas, esa estrategia paralela al aumento del gasto para mantener cierto equilibrio financiero: la separación de los gastos impropios de la Seguridad Social. Así, siguiendo las recomendaciones 1 y 6, que sugieren la necesidad de profundizar en la separación de fuentes, con las cuentas de 2021 se inicia el traspaso de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social. Según el ministro, "de los más de 20.000 millones de euros identificados como gastos impropios, se cubren en este año 14.000 millones". Con ello, asegura que "espera dar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros al dejarse de visibilizar en las cuentas de la Seguridad Social un déficit que procede de políticas públicas que son importantes pero que no deben pagarse con cotizaciones sociales".
"Estos presupuestos son un primer paso para lograr el equilibrio financiero del sistema al final de la legislatura", apuntaba recordando que aún quedará un tercio de los gastos impropios que cubrir con impuestos y que supondrá la estocada definitiva para reducir el desequilibrio anual del sistema. Si bien, esta solución final para las finanzas de las Seguridad Social, más bien se sustancia en un traspaso de números rojos al Presupuesto General, es un paso necesario para conocer la capacidad del sistema para afrontar el tramo contributivo de las pensiones (jubilaciones).
Es decir, a pesar de la reducción del empleo: el paro subió en 355.000 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 10,5% más que en el trimestre anterior. La suma de desempleados se situó en los 3.722.900 y la tasa de paro tocó el 16,26%. Y en la previsión del Gobierno, frente a los más de 157.500 millones de ingresos que tendrá el sistema en 2021 por cotizaciones, los gastos ascenderán a 171.856 millones de euros, un 4% más que que en 2020. La diferencia entre ingresos y gastos arrojarán un déficit de 14.293 millones de euros.
Sin embargo, pese al horizonte complejo que afronta el mercado laboral, el Gobierno sí que estaría en disposición de eliminar este desfase presupuestario a través de la articulación de un paquete de transferencias que serán ya de carácter ordinario a partir de 2021 y que se deberán presupuestar en los futuros proyectos de cuentas públicas. Es decir, lograría dicho equilibrio gracias a las inyecciones de capital procedentes de otros impuestos, más allá de la recaudación que se de por la vía de las cotizaciones sociales.
Fondo público de pensiones, a concurso
También apuntó el ministro en la presentación de las líneas fundamentales del Presupuesto de la Seguridad Social que siguiendo la recomendación 16, las cuentas de 2021 también contemplan una revisión del sistema de previsión social complementaria. El actual, con gran peso de los planes de pensiones individuales y un bajo porcentaje de población cubierta, "no cumple con su principal objetivo: incentivar el ahorro", según Escrivá. El ministro recuerda de igual manera que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya señaló alguno de sus defectos, como el carácter regresivo de las deducciones, la carestía del producto por las elevadas comisiones y la escasa participación de los jóvenes.
Según Escrivá, "las cuentas de 2021 dan dos pasos de gran calado para revisar este modelo". En primer lugar, existe un desplazamiento de las ventajas fiscales hacia los planes colectivos y, en segundo lugar, el proyecto de presupuestos de 2021 contempla la creación, por parte del Ministerio de Inclusión, de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto, que se desarrollará en el marco de la negociación colectiva. Con este nuevo fondo, el ministro espera "incrementar la población cubierta por sistemas complementarios, que es mucho más baja que la de otros países de nuestro entorno, atrayendo a rentas medias y bajas y a jóvenes".
El fondo promovido por el ministerio será gestionado por una entidad seleccionada por concurso abierto y custodiado por una depositaria independiente. "Una de sus principales ventajas- ha explicado Escrivá- es que en ese concurso público se limitará la comisión que puede cobrar la entidad, lo que lo abaratará respecto a los estándares actuales del mercado". Por ello, el ministro espera que pueda dar cobertura a sectores como los trabajadores autónomos o de pymes, que "habitualmente quedaban fuera de estos productos".
Contratación de personal
En materia de la administración de Seguridad Social, el ministro anunció que se reforzará su capacidad de gestión a través de un incremento del capital humano y de una apuesta por la digitalización. Según Escrivá, "los presupuestos de 2021 revierten la tendencia de los años anteriores, en los que la Seguridad Social ha perdido hasta el 20% de su plantilla". Así, además de un refuerzo de los efectivos, el ministerio planea mejoras organizativas con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos. Y la digitalización de la administración a través de la atención multicanal y de una gestión más proactiva.
