La pensión de la jubilación de los autónomos, al pertenecer a un régimen especial, conlleva mayores particularidades que la de los trabajadores por cuenta ajena. Además, la Seguridad Social puede denegar esta prestación si considera que algunos de los requisitos no se cumplen por parte de estos profesionales.
La situación puede serle familiar: un amigo o conocido es víctima de un despido a pocos meses o años de su edad de jubilación. Se trata de una situación complicada, dada la dificultad en estas franjas de edad para reengancharse al mercado laboral y por la necesidad de seguir cotizando, ya sea por aumentar algo la pensión de jubilación o por llegar al mínimo que permita percibir esa pensión.
El futuro de los pensionistas y las pensiones que percibirán al final de su trayectoria laboral es un debate vigente en España y buena parte del mundo. En función del país en el que se resida, los recursos necesarios para poder vivir tramo final de nuestra vida pueden variar bastante.
El desglose del patrimonio de los miembros del Gobierno muestra el gran peso de los planes de pensiones. Son 16 los ministros de PSOE y Podemos, de un total de 25, que invierten en ellos con cantidades tan notables, como los 1,4 millones del titular de Universidades, Manuel Castells.
Todos los que puedan, y que éstos sean los más posibles, tengan o inicien un plan privado de pensiones, que garantice una mejor renta en el momento de su jubilación". Resulta curioso revisitar estas palabras con la distancia que proporcionan los 35 años que hace que fueron pronunciadas. Porque pudiera parecer que semejante aseveración ha salido del argumentario de algún 'peligroso' economista liberal de los muchos que nos advierten a diario desde diferentes medios de comunicación del sinsentido de muchas de las medidas intervencionistas del Gobierno. Sin embargo, asómbrense si no lo recuerdan, la frase pertenece al inefable Alfonso Guerra, el mismo que fue durante años vicepresidente del Gobierno de España durante las presidencias de Felipe González.
La revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas ha provocado que aumente la cuantía mínima de las pensiones...pero también el tope máximo. Así, existe un poco más de margen para aquellas personas que opten tanto al tope máximo general como para el establecido para cada una de las pensiones que contempla la Seguridad Social.
La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de un funcionario jubilado que a la vez cobraba de una empresa privada a calcular su pensión eligiendo la base de cotización más favorable para él, pudiendo elegir entre el Régimen General de la Seguridad Social o el de Clases Pasivas.
Ha llegado Clemente hasta los 40 años de edad con 10.000 euros de ahorro en el banco. Nunca ha encontrado el momento de invertir en un plan de pensiones (demasiados agujeros que tapar antes de plantearse esa posibilidad) y tampoco en un fondo de inversión. Una parte de su interior piensa que, a estas alturas, ya es demasiado tarde para empezar a hacerlo, porque los réditos que obtendrá en el futuro tampoco serán demasiado elevados. Lo que le ocurre a Clemente puede extrapolarse a una parte significativa de la población española, que históricamente ha canalizado su ahorro a través de depósitos y ladrillo.
Desde luego, proponiendo el tema de estas líneas, no vamos a descubrir la sopa de ajo ni mucho menos. La sostenibilidad de las pensiones es una discusión recurrente, por no decir que cotidiana. De momento, lo bueno es que las pensiones se van cobrando, que cada año hay actualizaciones gobierne quien gobierne, que los pensionistas, a veces con razón, se quejan y que a fin de cuentas tanto quienes gobiernan como quienes pretenden hacerlo saben que cuestionar ajustes en las pensiones, que pudieran ser a la baja o simplemente estancarlas, supondría minar sus opciones ante próximos lances electorales – que en España son varios cada año – porque los pensionistas son muchos millones de votos. Así que, de vez en cuando, conviene examinar la sostenibilidad de las pensiones con una mirada exclusivamente económica, ajena a veleidades políticas. Tal vez, éste sea el principal freno para acometer una positiva reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad cara al futuro. Esbocemos unas pinceladas sin recurrir a guarismos que dejamos para otro día.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cedió este lunes ante los sindicatos en la mesa de negociación para la reforma de las pensiones. Según confirman fuentes de la negociación, el ministro habría eliminado de su propuesta para la revalorización de las pensiones el punto en el que se recogía una compensación en años posteriores si se daba un aumento del poder adquisitivo de las pagas como consecuencia del desvío de la inflación prevista.
Por acá andamos liados con el pomposo Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que suena indudablemente a lo grande, contando para ello con ese dinero que volará desde Europa hacia España, los tan sobados 140.000 millones de euros, que aún está pendiente de aprobación por parte de diez Estados miembros y que la Unión Europea tendrá que demandar en los mercados financieros por nada más y nada menos que 800.000 millones de euros. Palabras, hasta la fecha, todas; hechos, hasta el día de hoy, ninguno. Por promesas y brindis al sol que no quede. Por contentar a Europa, me da la impresión de que algo reticente con nuestro gobierno sobre el dinero que enviará, hágase todo lo que sea menester. Que tenemos un problema de cuentas públicas, pues, nada, endilguemos una subida de impuestos a lo bestia con el cuento de la armonización fiscal de las autonomías y digamos, con bravura, que se recaudarán 90.000 millones de euros extraídos a una economía que si no está agonizante, sí noqueada, con una ciudadanía trasquilada, empresas capitidisminuidas, autónomos arrasados y con unas expectativas de rehabilitación dudosas tanto en 2021 como en 2022. En fin, todo sea por la causa de prometer un mundo mejor y que nuestro país será junto a Estados Unidos el que mayor crecimiento de su PIB tenga este año. Demasiada locuacidad. Más valdrían discreciones y efectividades que no esa facundia.
Los representantes de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme en Aragón han rechazado la última propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de ofrecer primas para retrasar la edad de jubilación. Han evidenciado que el Gobierno central debería llevar estos asuntos a la mesa del diálogo social.
La prolongación de la vida laboral es necesaria para paliar la difícil situación financiera de la Seguridad Social. Sin duda, a ello contribuye el progresivo retraso de la edad oficial de jubilación (situada en 66 años en 2021) establecido en las reformas puestas en marcha en 2009 y 2013.
El Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando los términos concretos de la reforma de pensiones tras el acuerdo alcanzado por los partidos para las recomendaciones del Pacto de Toledo. Uno de los puntos que se espera tener cerrado para después del verano es de la modificación del esquema de incentivos para alargar la edad de jubilación más allá de los 66 años estipulados por ley, por un lado, y también de las penalizaciones para quienes se retiran del empleo antes de la edad.
España se encuentra a la cola de empleabilidad en personas mayores de 55 años entre los países de la OCDE. Y aunque la tendencia en los últimos años ha sido favorable para la participación de este colectivo en el mercado laboral, los niveles se encuentran aún por debajo de la media de los principales países desarrollados del mundo. Concretamente, a finales de 2019 -últimos datos homogeneizables a las diferentes regiones, previos al impacto de la pandemia-, España ocupaba una posición intermedia en el conjunto de la OCDE, con una tasa de actividad del 62,6% en el grupo de edad de 55 a 64 años, por debajo del 64% que presentan de media el resto de países.
En los últimos años, la jubilación ha experimentado varios cambios aparejados al aumento en la calidad y en la esperanza de vida. Así, el aumento en el número de años que se viven, una vez alcanzado el retiro, obliga a que las personas se replanteen la planificación de sus ahorros con vistas a gozar de sus 'años dorados' lo mejor posible.
El Gobierno ha dejado la puerta abierta a un posible aumento de la pensión máxima de jubilación tras completarse la reforma que está llevando a cabo el Ejecutivo y que en estos momentos se negocia en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos. Una medida que iría acompañada de un aumento de la base máxima de cotización y que llegaría, según los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llegaría para la segunda mitad del próximo 2022.
La jubilación activa es un mirlo blanco. Un espécimen que raramente se avista en las relaciones de trabajo. Una figura real en la teoría pero cuya práctica pone en tela de juicio su existencia efectiva. En España, de los 4.412.931 de trabajadores en situación de jubilación en el Régimen General, solo 5.777 son jubilados activos, es decir, el 0'13%, y es que, a pesar de los esfuerzos del Legislativo por instaurar esta modalidad de retiro, el sistema parece no haber cuajado en nuestra realidad laboral.
El Gobierno ha puesto fecha para la reforma de las jubilaciones anticipadas en España, que con la nueva normativa serán más costosas para quienes abandonen el mercado laboral prematuramente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó en la Comisión del Senado del ramo que esta medida será abordada antes de que finalice 2021, previsiblemente entre los meses de septiembre y octubre, tal y como se desprende del calendario de reforma de pensiones elaborado por el Gobierno, que se negocia en estos momentos con los agentes sociales en la mesa de diálogo. Además, confirmó el ministro, tal y como había avanzado elEconomista en los últimos meses, que el endurecimiento se llevará a cabo por la vía de la aplicación de los coeficientes reductores directamente sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladores, como ocurre ahora.
A pesar de la caída en el precio de los bonos, al calor de las mayores expectativas de inflación, el año pasado volvió a ofrecer rentabilidades positivas contra todo pronóstico y BBVA RF Internacional Flexible -el mejor plan de pensiones de renta fija euro para Morningstar- entregó un retorno del 3,05% a sus partícipes. A largo plazo, en un periodo de tres y cinco años, también ofrece rentabilidades anualizadas positivas.
CaixaBank RV Internacional ofreció el año pasado una rentabilidad del 10,57% a sus partícipes, que también logran retornos anualizados de doble dígito en el largo plazo. Este producto es, para Morningstar, el mejor plan de pensiones de renta variable global.
El caladero en el que pesca RGA-Renta Variable Española (que se ha llevado el premio Morningstar al mejor plan de pensiones de renta variable española) perdió un 15,45% en 2020 debido a que el Ibex 35 fue una de las plazas del Viejo Continente más penalizadas por su composición sectorial. Este producto, sin embargo, contuvo las pérdidas hasta el 8,3%, y de cara a la parte final de año, explican en la gestora, "la rentabilidad podría situarse en torno a un 10%".
Fondomutua Bolsa Europa, que invierte la mayor parte de sus fondos en renta variable europea, cerró el año de la pandemia en positivo, con una rentabilidad del 1,17%. Acaba de ganar el premio Morningstar al mejor plan de pensiones de renta variable Europa/Eurozona.
Caja Ingenieros Climate Sustainability ISR, premiado al mejor plan de pensiones mixto por Morningstar por segundo año consecutivo, cerró 2020 con una rentabilidad del 4,74%. Arnau Guardia, su gestor, achaca su buen comportamiento a dos elementos: "el buen desempeño de la tipología de empresas en las que invertimos, donde predomina generalmente la resiliencia de los negocios y la visibilidad en resultados y, en segundo lugar, fuimos capaces proteger el capital en los momentos de mayor pánico en los índices de renta variable".
La presión sobre los centros hospitalarios y sanitarios debido a la pandemia de coronavirus ha hecho que en algunos casos las Comunidades Autónomas hayan incorporado a profesionales que ya estaban jubilados para paliar la carencia de recursos humanos para hacer frente al ingente número de incidencias. Estos jubilados, como es lógico, cobraban la pensión de jubilación antes de reincorporarse...y la mantendrán mientras desempeñen este trabajo inesperado.
La falta empleo y precariedad de los salarios, la elevada esperanza de vida y la baja natalidad es el yugo que está tratando de solventar el sistema público de pensiones y la razón que está llevando a la población a interesarse por los planes de pensiones. Una forma de ahorro privado que permite en determinados supuestos su utilización antes de la jubilación.
El 38% de las personas que accedieron a la jubilación el año pasado lo hizo de manera anticipada, con menos de 65 años, un porcentaje similar al de hace diez años y una vía que el Gobierno quiere endurecer para intentar acercar la edad de jubilación real a la legal. Este porcentaje representa a 4 de cada 10 personas.
Cuando se acercan los últimos años de nuestra vida laboral, nos podemos acoger a la jubilación parcial, una manera de compaginar un trabajo con la jubilación siempre bajo una serie de condiciones y que contempla la posibilidad de hacerlo con un contrato de relevo.
Hasta 2012, existía la posibilidad legal de que los convenios colectivos pudieran incluir cláusulas que obligaran a los empleados a jubilarse forzosamente al alcanzar la edad de jubilación en la Seguridad Social sin derecho a indemnización alguna, cláusulas que constituían una excepción a la regla general de que la jubilación es una opción voluntaria del trabajador. En dicho año, con gobierno del Partido Popular, se eliminó dicha posibilidad legal.
La diferencia que en España existe entre la edad real y la oficial de jubilación plantea importantes problemas al sistema de pensiones. Es por ello razonables que el Ministerio de Seguridad Social trabaje ya en medidas para eliminar esa brecha como la propuesta la semana pasada.
