Opinion legal

El intervencionismo como pandemia económica

Banderas de España y de la Unión Europea. Reuters

Las presiones de Francia, Alemania (principalmente) e Italia, ya están dando resultado y, como ya se ha anunciado, Bruselas ultima la aprobación de una norma que permitiría la nacionalización de compañías en dificultades.

Para llegar a esta, considero que, equivocada política, nos tenemos que remontar al 13 de marzo, cuando la Comisión Europea adoptó un marco temporal de ayudas (Temporary State Aid Framework), en virtud del cual se establecen mecanismos para que los Estados puedan proveer de liquidez a las empresas de los sectores que se han visto particularmente afectados por la crisis provocada por el Covid-19.

"Estas medidas, acertadamente calificadas como temporales por la directriz, también eran necesarias y están permitiendo un proceso homogéneo de intervención"

Semanas más tarde la Comisión lo amplió para establecer 5 tipos de ayudas de estado adicionales, fundamentalmente para luchar contra la pandemia, aunque también de ayuda en cuanto al aplazamiento del pago de impuestos y suspensiones de las contribuciones a la seguridad social, así como el apoyo específico en forma de subsidios salariales para los empleados.

Estas medidas, acertadamente calificadas como temporales por la directriz, también eran necesarias y están permitiendo un proceso homogéneo de intervención de los estados en apoyo de sus respectivas economías, empresas y, por ende, de sus ciudadanos.

Es decir, aunque se trata de categorías de ayudas de estado que en principio prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque falsean la competencia al favorecer a determinadas empresas, quedan exentas de tal prohibición en virtud de la habilitación que para ello el artículo 109 del Tratado establece a favor de Consejo de Europa y a propuesta de la Comisión.

El peso que los anteriormente citados países tienen en la decisiones de política económica de la UE, condujo a que el 9 de abril, la Comisión, cambiando por completo el criterio que mantenía hasta ese momento, propusiese ampliar aún más el alcance de las ayudas permitiendo a los Estados miembros establecer mecanismos de recapitalización de las empresas que lo necesiten, y a este efecto circula un borrador de modificaciones al Temporary State Aid Framework, que es lo que se ha materializado este 8 de mayo.

Como estas intervenciones tienen un impacto significativo en la competencia, la Comisión indica que deberán seguir siendo medidas de último recurso; es decir, que sin la intervención del Estado a través de instrumentos de capital (suscripción de acciones) o de capital híbridos (derechos de participación en los beneficios, participaciones sin voto y bonos convertibles, garantizados o no) la compañía quebraría, y que, además, ésta deberá haber agotado las posibilidades de encontrar financiación en los mercados, no resultando eficientes otras medidas por parte del Estado que le proporcionen liquidez. Se añade, en sentido muy genérico, que no fuese una compañía que ya estuviese en dificultades a 31 de diciembre de 2019.

El ministro de finanzas francés ya avisó en marzo que haría todo lo necesario para que esto fuera posible y proponía aumentos de capital o la adquisición de acciones, calificando sin problemas su intervencionismo de nacionalización "si fuese necesario".

Alemania e Italia quieren nacionalizar de forma inmediata a Lufthansa y Alitalia, respectivamente. El propio Josep Borrell, ahora Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, también declaró que España deberá nacionalizar empresas, de forma transitoria o ¡permanente! (menos mal que la Comisión, al menos - y por ahora -, parece restringe la nacionalización a un periodo de 6 o 7 años, en función de si las compañías cotizan o no en bolsa).

"La propia Comisión ha reconocido que la presencia pública en el capital tiene un carácter "altamente distorsionador de la competencia"

Sin dejarse arrastrar totalmente por esta ola proteccionista y en defensa del interés español, la Vicepresidenta económica ya manifestó sus reticencias. Sabe que el menor músculo financiero español nos dota de menos capacidad de nacionalización que otros países, lo que evidentemente generará desequilibrios y alteraciones en la libre competencia.

La propia Comisión ha reconocido que la presencia pública en el capital tiene un carácter "altamente distorsionador de la competencia". Sin duda, es así. Pero no solo eso, me temo que producirá efectos económicos indeseados de inmediato y problemas de cohesión a más largo plazo.

Mal empezamos si, de nuevo, intereses particulares de los países con más peso se imponen a los principios e intereses comunes que dice proteger la Comisión europea; o mal continuamos, quizá sea más acertado decir. El peso del sector público en la economía de Alemania, Francia e Italia contradice los principios del derecho primario de la Unión Europea.

Cuando se alentó la privatización de empresas públicas, algo que se llevó a cabo de forma muy satisfactoria en España durante el último gobierno socialista en los años 90 y, especialmente, con el primer gobierno del PP, aquellos tres países mantuvieron gran parte de las estructura pública de sus empresas, sin que después de tanto tiempo Bruselas haya sido capaz de obligarles a privatizarlas.

La perturbación ha llegado hasta el punto de que la empresa pública energética italiana (que nunca se privatizó) controla la segunda electica de España. En otro orden de cosas, también se pudo ver la doble vara de medir cuando se aplicó el recién estrenado mecanismo de resolución que sufrió el Banco Popular y que no sufrieron bancos italianos en peores circunstancias.

"España debería haberse mantenido firme en la posición que, junto con Holanda, mantuvo tibiamente la Vicepresidenta económica"

Hoy Europa está sufriendo su mayor amenaza en casi un siglo; desde luego, la más importante desde que se iniciara el sueño de una Europa unida. Las tensiones nacionalistas provocadas por muchos gobiernos, que en Reino Unido se vio culminada con el descalabro del Brexit, se van a acrecentar como Europa no de soluciones uniformes y adecuadas para esta crisis.

Para que la Unión Europea se perciba como una realidad creíble y con futuro, más que nunca éste debe ser común, alejado de intereses particulares de uno otro Estado. Más que nunca ha de ser una Europa cohesionada y solidaria. Esto se conseguirá a través del Fondo de Recuperación y de respuestas a escala europea, y no de nacionalizaciones de compañías llevadas a cabo "indiscriminadamente" por cada Estado por mucho que se pretendan supervisar desde Bruselas.

España debería haberse mantenido firme en la posición que, junto con Holanda, mantuvo tibiamente la Vicepresidenta económica. La solución no puede pasar por un intervencionismo estatal que, lejos de ayudar, dificulte, no solo la recuperación a corto plazo, sino el proyecto mismo europeo. Una vez

Y si se establece algún mecanismo de nacionalización, que sea solo aplicado extraordinariamente, temporalmente y por ser realmente de último recurso. En contradicción con ello, Alemania ya se ha mostrado partidaria de extenderlo a empresas que ni siquiera hoy estén en condiciones críticas.

"El gobierno cometería un gran error si cede a esas presiones, esta vez internas, ya que el ansia de poder es uno de los grandes atractivos del intervencionismo"

El futuro de la Unión está en juego y sin una Europa fuerte y competitiva no se podrá hacer frente a la "nueva normalidad" que, a nuestro pesar, nos coloca a priori en una delicada situación frente a las potencias asiáticas y especialmente a China.

A la incertidumbre que esta medida me suscita a escala europea se une una gran preocupación en el ámbito doméstico. El dilema español, me temo, es que no siendo nada positiva esta medida para nuestros intereses y estando en una clara posición de desventaja frente a las economías más fuertes, hay una fracción del gobierno que puede encontrar muy atractiva esta situación por su conocida deriva intervencionista.

El gobierno cometería un gran error si cede a esas presiones, esta vez internas, ya que el ansia de poder es uno de los grandes atractivos del intervencionismo y, como indicaba hace unas semanas el eonomista e historiador Gabriel Tortella, hay una gran semejanza entre la idea de economía pública que hoy tiene cierta izquierda en España y la del régimen dictatorial y totalitario que salió de la guerra civil.

Éste fue el más intervencionista de nuestra historia y coincidió, como no podía ser de otra manera, con la peor etapa económica del siglo XX en España, de la que fue saliendo sólo cuando ese intervencionismo se fue mitigando.

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