Economía

Escrivá prevé endurecer la jubilación anticipada antes de finales del 2021

  • Seguridad Social: la reforma del Reta está "avanzada" con los agentes sociales
  • Coeficientes reductores: sobre la cuantía de la pensión y no en la base reguladora
  • Moncloa presentará el 'nuevo factor de sostenibilidad' en el próximo ejercicio
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. EFE.
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El Gobierno ha puesto fecha para la reforma de las jubilaciones anticipadas en España, que con la nueva normativa serán más costosas para quienes abandonen el mercado laboral prematuramente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó en la Comisión del Senado del ramo que esta medida será abordada antes de que finalice 2021, previsiblemente entre los meses de septiembre y octubre, tal y como se desprende del calendario de reforma de pensiones elaborado por el Gobierno, que se negocia en estos momentos con los agentes sociales en la mesa de diálogo. Además, confirmó el ministro, tal y como había avanzado elEconomista en los últimos meses, que el endurecimiento se llevará a cabo por la vía de la aplicación de los coeficientes reductores directamente sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladores, como ocurre ahora.

Esta medida se enmarca dentro de la recomendación 12 del Pacto de Toledo que insta al Ejecutivo a adoptar actuaciones en el ámbito de la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral con el objetivo de ajustar la edad efectiva de jubilación, en torno a los 64,5 años según el Banco de España, con la edad legal, que desde el 1 de enero de 2021 se sitúa en los 66 años.

'Beneficia' a rentas altas

Según apuntan desde la Seguridad Social, el principio argumental es claro: las penalizaciones en las pagas de jubilación se aplican sobre la base reguladora del eventual beneficiario de la pensión. Si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión es del 2% en las rentas altas que adelantan dos años su retiro -serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales-.

Sin embargo, si nos vamos a la misma lectura en las rentas más bajas esta penalización para el mismo tiempo de anticipación (2 años antes de la edad de jubilación) es hasta cuatro veces mayor. Al contar con bases reguladoras medias que dan derecho a pensiones medias, es decir, no optan a la máxima jubilación ni cotizan por el máximo, la penalización en su base reguladora impacta en su totalidad en la cuantía de la pensión. De este modo, según la Seguridad Social, con una base media y más de 44 años y seis meses cotizados, la penalización se sitúan en torno al 6,5% por dos años de adelanto de la salida del mercado laboral.

Calendario de reforma

Además, Escrivá apuntó sobre las pasos de la reforma de pensiones, previo consenso en la mesa de diálogo social, que también en esta primera toma que se abordará antes de que finalice el año la nueva ley de revalorización de las pagas, que vinculará las subidas con el IPC, pero que según ha anunciado el propio ministro establecerá un mecanismo para que se mantenga el poder adquisitivo a lo largo de los años, aunque compensaría los años de ganancias de poder de compra, cuando la subida aplicada a comienzos de año es superior al IPC del conjunto del año. En ese caso, se compensaría esta ganancia en siguientes revalorizaciones.

Y en orden cronológico, el Ejecutivo espera poner en marcha en la primera mitad del próximo año el sistema de cotización por ingresos reales para autónomos, en la reforma del Reta que ya está negociando el Ministerio con las asociaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia y que asegura "está muy avanzada". Lo que elevará los ingresos de la Seguridad Social por esta vía en unos 2.000 millones de euros.

Mismo periodo, comienzos de 2022, cuando se prevé tener en funcionamiento el fondo público de pensiones que promocionará el Gobierno y gestionará el sector privado para promover los planes de pensiones de empresa entre la clase trabajadora de nuestro país, con especial atención a funcionarios, pymes y autónomos.

Ya en una última fase de la reforma de pensiones, el Gobierno abordará en la segunda mitad de 2022 el incremento de las bases máximas de cotización. Una medida que el propio Gobierno asume deberá ir acompañada de un incremento de la pensión máxima de jubilación del sistema, ahora en 2.707 euros al mes, ya que el ministro Escrivá ha asegurado en varias ocasiones que las medidas a adoptar en este ámbito protegería el principio de contributividad de la Seguridad Social.

Por último, también en los últimos pasos de la reforma se establecerá un factor de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en la reforma de 2013, y que se encuentra aplazado hasta 2023. Una medida que implicaba recortes de la paga de entorno el 0,5% anual pero que no llegará a desplegarse, si bien el Gobierno no ha detallado en qué términos se establecerá este nuevo factor ni si implicará recortes de las pensiones.

Además, se retomarían en esta fase la revisión de los años cotizados para el cálculo de la pensión, que el Pacto de Toledo pide se adecuen progresivamente a una mayor contributividad hacia el Sistema.

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