Pensiones

En 1967, año en que se aprobó en España la orden que establecía las normas de lo que en aquel momento se llamó la prestación por vejez, incluida en el capítulo VII del título II de la Ley de Seguridad Social, del año anterior, la esperanza media de vida de los trabajadores (mayoritariamente hombres en aquel momento) estaba en los 65 años. Medio siglo después, la esperanza de vida media es de 84 años para los hombres y 87 para las mujeres, que, ahora sí, se han incorporado plenamente al mundo laboral.

España arrastra un mal endémico en cuanto a previsión social y ahorro. En la economía española, los fondos de pensiones suponen un escaso desarrollo de previsión social complementaria que hace vulnerable a la población de cara al retiro, una época en la que se obtienen otro tipo y nivel de ingresos. Así, el patrimonio de estos fondos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) significa únicamente el 9,5% en España, un dato que contrasta con el 60,1% que promedian los países de la OCDE, algunos de ellos incluso por encima del total (100%) de su economía. Es decir, España ahorra únicamente una sexta parte en fondos de pensiones respecto a la media de las economías desarrolladas.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que los efectos de la guerra en Ucrania van a suponer "un incremento adicional de las tensiones inflacionistas" y ha avanzado que en marzo se va a registrar un dato "particularmente negativo, un repunte de la inflación muy significativo".

La brecha de género es un problema estructural y la lucha para reducirla y eliminarla abarca múltiples frentes, entre ellos, el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Es por esta razón que se abonan ciertos complementos destinados casi en su mayoría a las mujeres para compensar los posibles perjuicios de la maternidad en su carrera laboral.

La condición de pensionista no exime al ciudadano de presentar la declaración de la Renta si está obligado a ella por cumplir con las premisas que para ello se exige. Así, a tan solo unos días del comienzo de la Campaña 2021-2022 este colectivo también debe estar al tanto de sus obligaciones para con la Agencia Tributaria.

El ciudadano siempre encara los últimos años de su vida laboral pensando cuándo podrá jubilarse y con qué pensión de jubilación. Sin embargo, podrá despejar ciertas dudas si acude a los organismos oficiales como, por ejemplo, la Seguridad Social que se encarga de gestionar este tipo de prestaciones.

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En España, mes a mes, y no es algo de ahora sino que ya sucedió en todo el 2021 y lo que llevamos del 22, se vienen incrementando los costes energéticos y de las materias primas, lo que hace que ya estemos en una inasumible tasa de inflación general del 7,6% interanual.

La nómina de pensiones correspondiente al mes de marzo ha alcanzado una cifra récord de 10.781,75 millones de euros en las pensiones contributivas, que se corresponde con un incremento interanual cercano al 5%. De esta forma, la factura de las jubilaciones se consolida en el 12% por tercer mes consecutivo este 2022.

La normativa de la Seguridad Social apenas permite el cobro de varias pensiones que pertenezcan al mismo régimen a la vez. Sin embargo, existen ciertas excepciones en las que el ciudadano, si cumple con unos requisitos muy concretos, puede compatibilizar el cobro de esas dos pensiones.

Cuando una persona consigue el cobro de una pensión de incapacidad permanente ha de saber que, independientemente del grado en el que se la concedan, no se trata de una prestación de cobro indefinido. Y no solo por cuestiones de edad (no se puede compatibilizar con una pensión de jubilación), sino por otras relacionadas con posibles incumplimientos del propio pensionista.

El acceso a la jubilación anticipada se entiende tradicionalmente como una forma de dejar el trabajo antes de tiempo aceptando unos recortes en la pensión de jubilación a cambio del adelanto del retiro profesional, pero lo cierto es que se puede llegar a él a través de otras situaciones como, por ejemplo, el cobro de una prestación contributiva por desempleo, lo que conocemos como el paro.

El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado.

El cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación no tiene por qué significar nada para el trabajador, ya que al igual que puede ejecutar ese retiro y pasar a cobrar pensión también tiene la posibilidad de retrasar la jubilación y seguir trabajando para recibir diferentes recompensas por el tiempo extra cotizado. Sin embargo, en algunas situaciones concretas el cumplimiento de esa edad puede conllevar su despido de la empresa y su jubilación efectiva.

El desembolso destinado a pensiones se ha incrementado en casi un 10% por trabajador desde 2019, sumando las plantillas del sector privado y las propias del público. El año previo a la crisis provocó un retroceso de los ingresos por cotizaciones mientras el gasto en pensiones se ha visto incrementado en casi 20.000 millones por medidas como volver a indexar estas transferencias al IPC. Así, el coste neto que afronta cada trabajador del sector privado para mantener el gasto en pensiones asciende a 10.000 euros anuales, lo que supone un incremento del 15,5% desde 2019, cuando era 8.750 euros.

Aunque una gran parte de los cambios incluidos en la primera pata de la reforma de las pensiones ideada por José Luis Escrivá afectó a las jubilaciones anticipadas, también se han producido modificaciones en lo que sería la otra cara de la moneda: las jubilaciones demoradas que premian retiros profesionales más allá de la edad de jubilación ordinaria.

El paso a la jubilación no implica el final de las obligaciones tributarias de los ciudadanos. Todo lo contrario: cuando pasan a cobrar una pensión de jubilación siguen tributando por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que considera estas prestaciones como un rendimiento íntegro del trabajo.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá reitera su negativa a incluir a los pensionistas dentro del pacto de rentas y 'blindar' su poder adquisitivo, pese a que fuentes del Gobierno confirmaron a este periódico que podría entrar en los planes. Dentro del reparto de los costes de la guerra no se incluye a unos 10 millones de beneficiarios de algún tipo de pensión, al menos por ahora. "Los pensionistas tienen que saber que está asegurado su poder adquisitivo de forma indefinida con la nueva ley, en vigor desde el 1 de enero. Una vez al año, con la inflación media acumulada a noviembre, se actualizarán sus pensiones, sea cual sea la evolución de los precios", firmó.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la "asimetría" de trato entre los planes de pensiones individuales y de empleo plantea "serios problemas", ya que supone una "inequidad regulatoria y fiscal" y no está claro que aporte grandes beneficios.

El mes de marzo llega con una sorpresa agradable para algunos pensionistas en nuestro país. En la nómina de las pensiones de este mes comenzará el pago de un nuevo complemento fruto de la reforma iniciada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La concesión de una pensión de incapacidad permanente es un proceso cargado de fases en la que el ciudadano tendrá que pasar por diferentes trámites por los cuales acredite su estado de incapacidad en alguno de sus grados para posteriormente cobrar la pensión. Se trata de un procedimiento que tiene sus tiempos (hasta 135 días hábiles en el peor de los casos), cargado de cierta incertidumbre y que a menudo se concibe como ciertamente complicado.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores que desean anticipar su jubilación es el recorte que han de asumir en las futuras pensiones que cobrarán. Es una circunstancia con la que hay que lidiar de forma general, aunque existen algunas excepciones en las que, con un tiempo de trabajo concreto, se pueden evitar esas reducciones y jubilarse de forma anticipada incluso desde los 60 años.

La cotización previa es un requisito crucial para conseguir una pensión contributiva en cualquiera de sus diferentes vertientes (jubilación, incapacidad permanente, viudedad...), pero en aquellos casos en los que los trabajadores no consiguen esos años obligatorios de cotización la Seguridad Social ofrece las pensiones no contributivas, que tienen como objetivo cubrir económicamente a esas personas.

Adelantar lo máximo posible la jubilación puede convertirse en un deseo recurrente de los trabajadores que van acercando a la edad ordinaria de jubilación, pero en función de la edad que tengan solo podrán hacerlo unos y otros no. Es el caso de los trabajadores que quieren jubilarse de forma anticipada a los 62 años.

Ibercaja y la 'fintech' Pensumo han iniciado las pruebas piloto de la aplicación móvil 'Sistema de Pensión por Consumo' que están desarrollando en el primer Sandbox Financiero promovido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Los pensionistas ya han comprobado en sus bolsillos el efecto de la nueva revalorización de sus pensiones conforme a la inflación media del ejercicio anterior. No obstante, los pensionistas que perciben pensiones mínimas han visto cómo sus prestaciones han aumentado algo más que el resto.

La guerra nos hará más pobres. No hay más que seguir la evolución de los precios de los combustibles esta semana en las estaciones de servicio. Los gasóleos y gasolinas se incrementaron más del 10 por ciento y hasta un tercio en el año. Un porcentaje irrisorio si lo comparamos con las materias primas, sobre todo, las que exportan Rusia ó Ucrania: Níquel, paladio, aluminio, acero y cereales como trigo o maíz.

Apenas ha comenzado la negociación con los agentes sociales sobre el pacto de rentas que el presidente Sánchez propuso en el Congreso. Sin embargo, en el Gobierno ya admiten que ese acuerdo será por completo insuficiente si no va más allá de poner límites a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales. Por ello, fuentes del Ejecutivo reconocen su intención de que se definan también topes a la revalorización de las pensiones, ahora que su revinculación al IPC las aboca a un alza récord en 2023.

El cobro de una pensión de jubilación admite muchas incompatibilidades, pero en un caso se puede percibir a la vez que otra prestación: el Ingreso Mínimo Vital, que está muy cerca de llegar a un millón de personas después de su puesta en marcha a mediados de 2020.