La guerra nos hará más pobres. No hay más que seguir la evolución de los precios de los combustibles esta semana en las estaciones de servicio. Los gasóleos y gasolinas se incrementaron más del 10 por ciento y hasta un tercio en el año. Un porcentaje irrisorio si lo comparamos con las materias primas, sobre todo, las que exportan Rusia ó Ucrania: Níquel, paladio, aluminio, acero y cereales como trigo o maíz.
Todas las grandes industrias dependientes del consumo de energía (siderúrgicas, acereras o fábricas de cemento) comenzaron a echar el cierre esta semana desde una punta a la otra de la Península.
Un golpe similar sufrirán las empresas alimentarias, que se afanan por sustituir los cereales por otras materias primas para evitar dejar de fabricarlas. Las alzas de las materias primas pondrán en dificultades a las pequeñas firmas, en un país donde la actividad industrial ya sólo representa el 12 por ciento del PIB. Miles de trabajadores industriales con empleo estable entrarán en Ertes o engrosarán las filas del paro.
El shock económico es enorme. Las previsiones del Gobierno del 7 por ciento de crecimiento para este año quedan en papel mojado. Nadie se atreve hoy en instancias oficiales a dar una cifra precisa, sobre todo si la guerra se alarga.
Con este panorama, los economistas empiezan a recortar sus previsiones de crecimiento entre punto y medio o dos, hasta el entorno del 4 por ciento, a la par que elevan la inflación a un promedio de entre el 6 y el 7,5 por ciento. Los más pesimistas hablan ya de una recesión este año.
Todo va a depender de la duración del conflicto bélico. La inflación permanecerá alta todo el año, porque el gas no bajará. Las reservas europeas están en una media del 27 por ciento, lo que obligará a aprovisionarse de esta materia prima de cara al próximo invierno.
En este aspecto, España jugará un papel clave a medio y largo plazo porque cuenta con un tercio de las plantas regasifiicadoras europeas. La crisis obliga a Europa a adoptar por primera vez una estrategia de autoabastecimiento tanto en materia energética como defensiva.
El rearme energético pasaría por reconstruir el Midcat, para llevar el gas argelino a través de los Pirineos con destino al centro de Europa. Sánchez se comprometió con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a apoyar este proyecto, pese a la fiera resistencia de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contraria al gas y a las nucleares.
Francia construirá más reactores nucleares mientras Alemania se plantea prorrogar la vida de dos que deberían apagarse a finales de año y resucitar otra que acababa de dejar de funcionar en el Estado de Baviera, después de aprobar la puesta en marcha de dos regasificadoras.
Estos proyectos en ciernes, así como la declaración europea de que el gas y la nuclear son energías limpias irritan profundamente a la vicepresidenta tercera, porque son un golpe bajo a la transición ecológica. Europa tendrá que revisar su ambicioso plan de recortar al 55 por ciento las emisiones de carbono en 2030.
El problema es que ninguno de las iniciativas existentes permiten solventar el autoabastecimiento de gas europeo a corto plazo. Lo peor no es Alemania, países como Letonia ó Chequia dependen al cien por cien del gas ruso.
Algo similar ocurre con el petróleo. Rusia es el tercer mayor productor mundial con 10,5 millones de barriles/día. Las negociaciones de Estados Unidos con Venezuela ó Irán pueden servir para sustituir una parte de esa producción. Teherán, que antes del embargo producía 4,5 millones de barriles diarios, podría volver a extraer un millón adicional dentro de unos meses, mientras que la extracción de Venezuela, en sólo 700.000 barriles en la actualidad, se duplicaría. Aun así, reabrir pozos o instalaciones que llevan tiempo clausurados no se consigue de la noche a la mañana.
Las mayores esperanzas están puestas en Arabia Saudí, que tiene posibilidad de pasar de alrededor de 10,5 a 13 millones de barriles/ día y, sobre todo, en Emiratos Árabes Unidos, que ya manifestó su voluntad de bombear más crudo.
Las materias primas corren una suerte similar. Bruselas tendría que modificar la PAC para facilitar que las tierras en barbecho se puedan dedicar a cereales, pero es un trámite complicado. La alternativa, reabrir la importación de cereales argentinos no es posible a corto plazo.
Existen materias primas como el aluminio o el acero irremplazables. Con este panorama, ¿qué pueden hacer los países miembros de la UE para combatir, entretanto, la inflación?
El Gobierno español ya puso en marcha un plan para reducir los impuestos a la electricidad totalmente insuficientes y ahora quiere reforzarlo con más medidas, que sí tendrían un impacto importante. Una sería subvencionar la compra de gas mediante la emisión de eurobonos, como han hecho con el programa Next Generation para combatir los efectos de la pandemia. La otra, mucho más efectiva, desligar los precios del gas de la tarifa mayorista. Esta es una de las reivindicaciones demandadas por las vicepresidentas primera y tercera, Nadia Calviño y Teresa Ribera, respectivamente, que por fin está siendo escuchada en Bruselas.
El Gobierno intervendrá de manera temporal en los próximos días los precios de la luz, de manera que las energías renovables, nucleares o hidráulicas tengan un tope de unos 60 euros el MW, lo que rebajaría el coste medio de la electricidad, probablemente, desde los más de 400 euros MW al entorno de cien euros, según los analistas. Esta es la única medida que puede aliviar nuestros bolsillos, porque gas, petróleo y el resto de materias premias seguirán altas aunque la guerra acabe.
La inflación desbocada actúa como un arma de doble filo para el Gobierno. Por una parte, ingresará muchos más por los impuestos especiales que gravan los carburantes, así como por el IVA. En contrapartida, el gasto público se irá a las nubes por la imprudencia del ministro se Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de los agentes sociales de vincular salarios y pensiones a la evolución de la inflación.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, cargó este miércoles contra Sánchez por utilizar la guerra como excusa para justificar los precios desorbitados. Y en parte lleva razón, la inflación estaba ya muy alta mucho antes de que Putin pusiera un pie en Ucrania.
Nadie esperaba que las subidas fueran temporales, excepto el Ejecutivo, que mantiene contra viento y marea una previsión de inflación del 2,7 por ciento y un crecimiento del 7 por ciento para cuadrar las cuentas públicas.
El papel lo aguanta todo. El barril de petróleo está previsto en los Presupuestos que alcance una media de 60 dólares el barril, justamente la mitad de su precio real. Una coste imposible de alcanzar, lo que descuadrará la balanza exterior.
Lo peor es el déficit público. Sánchez convocó sin mucho éxito el lunes pasado a los agentes sociales a Moncloa para un pacto de rentas, que limite las subidas salariales y evite una espiral inflacionista.
En medios del Ejecutivo se reconoce que, aunque el presidente no lo expuso abiertamente, su intención es extender éstos topes a las pensiones, como adelantó elEconomista esta semana. Una subida del 6,5 por ciento para igualar la inflación en las pensiones destroza los planes de cualquier Gobierno. El déficit de la Seguridad Social, puede duplicarse hasta cerca de dos puntos del PIB.
Ahora se ve el populismo detrás de la subida del SMI en más del 30 por ciento en los últimos años o del incremento de los salarios públicos por encima de la inflación o del gasto público. Son medidas que pagaremos todos en destrucción de empleos y pérdidas de poder adquisitivo.
Para colmo de males, la presidente del BCE, Christine Lagarde, amenaza que retirar las compras de deuda y los mercados anticipan ya un alza de tipos en octubre. La guerra, como las grande tempestades, sembrará el caos, provocará desabastecimientos y agravará la fragilidad de la economía española y de sus maltrechas cuentas públicas, que el Gobierno había tapado con ayudas europeas.
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