Economía

El Gobierno quiere usar el pacto de rentas para que las pensiones suban menos que el IPC

  • El desequilibrio entre la cuantía de las nuevas prestaciones y los salarios preocupa
  • Un cambio en los próximos Presupuestos bastaría para limitar la revalorización
La ministra de Trabajo y el ministro de Seguridad Social durante una reunión con los agentes sociales. EFE
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Apenas ha comenzado la negociación con los agentes sociales sobre el pacto de rentas que el presidente Sánchez propuso en el Congreso. Sin embargo, en el Gobierno ya admiten que ese acuerdo será por completo insuficiente si no va más allá de poner límites a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales. Por ello, fuentes del Ejecutivo reconocen su intención de que se definan también topes a la revalorización de las pensiones, ahora que su revinculación al IPC las aboca a un alza récord en 2023.

Esta extensión del pacto de rentas no ha sido expuesta aún a patronal y sindicatos, pero el Gobierno considera "razonable" hacerlo próximamente. En esa decisión no sólo influyen los niveles históricos que la inflación arrastra desde el año pasado. Aún más grave resulta el modo en que esas tasas históricas de precios ahondan el ya tradicional desequilibrio entre dos términos: la creciente cuantía de las nuevas pensiones y los sueldos cada vez más reducidos de los jóvenes.

La generación del baby-boom inicia su retiro dejando tras de sí largas carreras laborales, con sueldos más altos que los propios de sus predecesores, lo que da derecho a unas jubilaciones más cuantiosas. De hecho, el promedio de estas últimas se sitúa en 22.806 euros brutos anuales. En el otro extremo se sitúan los 18.489 euros al año atribuidos por el INE al salario actualmente más habitual en España (una variable más útil para hacer este tipo de comparaciones que el sueldo promedio). Entre ambas cifras media una diferencia del 23,3% a favor de las nuevas pensiones.

En Moncloa reconocen ya su preocupación por el empeoramiento de esta realidad, pese a que han sido sus propias políticas las que abonan el terreno para ese deterioro. No en vano la primera parte de su reforma del sistema de pensiones, ya aprobada y en vigor, aparcó las medidas racionalizadoras del gasto de la Seguridad Social que previó la reforma de 2013.

En el peor momento posible

El regreso de la indexación al IPC no pudo producirse en un momento más comprometido, ahora que los precios al consumo superan el 7% en España, y las tensiones provocadas por la invasión de Ucrania a picos superiores al 10% en algunos meses. Por ello, las previsiones más recientes sobre la inflación promedio de este año (la que marcará la revalorización de pensiones de 2023) oscilan ahora en una horquilla comprendida entre el 5,6 y el 6,5%. El resultado es que la revalorización de las prestaciones por jubilación amenaza con sumar un desembolso extra de hasta 11.700 millones para las arcas de la Seguridad Social.

La cifra presenta una envergadura suficiente para que el Gobierno que hizo posible la reindexación de las pensiones a la evolución de los precios sea el mismo que se plantea ahora la suspensión de esa medida, integrándola en el futuro pacto de rentas. La pregunta que debe formularse a renglón seguido es cómo se articularía legalmente dicha rectificación.

Cauces legales ya previstos

Los expertos jurídicos consultados ponen de manifiesto que el proceso es más sencillo de lo que a priori pueda parecer. No sería necesaria enmienda alguna a la Ley de la Reforma de Pensiones, ni mucho menos su derogación. Bastaría con que los próximos Presupuestos Generales del Estado establezcan para 2023 el límite convenido en el pacto de renta.

Es imposible negar que se trata de una medida muy impopular que afrontaría dificultades a la hora de conseguir apoyos en el debate parlamentario de las Cuentas del Estado. Sin embargo, los expertos creen que este obstáculo también podría salvarse.

Si se consiguiera el acuerdo previo con los agentes sociales, el Gobierno tendría a su favor un aval de peso para negociar con los partidos políticos.

Es más, se plantea también la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a una fórmula semejante a la que ya se ha recuperado, desde finales del año pasado, en las negociaciones salariales. Consiste en pactar para el año en curso revalorizaciones inferiores a la tasa media de IPC, bajo el compromiso de que las pérdidas de poder adquisitivo se acumulen y se compensen mediante sucesivos pagos diferidos en años posteriores.

Son varios los expertos en el ámbito de pensiones que ya han defendido públicamente que el pacto alcance a los retirados

Cabe así la opción de que el futuro pacto de rentas fije, para un primer momento, una revalorización de las pensiones inferior al IPC que se registre el próximo mes de noviembre, pero en los próximos años se compensaría la diferencia.

Esta solución está lejos de solucionar los problemas a futuro de la Seguridad Social, de acuerdo con los expertos, ya que sólo se conseguiría trocear y demorar un desembolso que aún sería récord.

De hecho, son varios los expertos en el ámbito de pensiones que ya han defendido públicamente que el pacto de rentas propuesto por el Gobierno tiene que alcanzar necesariamente a los trabajadores retirados.

Es el caso del fundador de la consultora Loris, José Antonio Herce, quien asegura que, aun cuando resulta loable el propósito de "proteger las rentas de los pensionistas, no pueden ser los únicos que cuenten con sus ingresos protegidos". Máxime cuando la inflación obliga a unas revalorizaciones "difícilmente sostenibles en el tiempo".

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