Economía

Cada trabajador aporta un 9,4% más desde 2019 para sufragar las pensiones

  • Estas transferencias cuestan ahora unos 10.000 euros anuales por ocupado del sector privado
  • La brecha entre el gasto e los ingresos por cotizaciones es de 40.000 millones
  • El conjunto de las rentas públicas cuesta 19.109 euros por trabajador
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El desembolso destinado a pensiones se ha incrementado en casi un 10% por trabajador desde 2019, sumando las plantillas del sector privado y las propias del público. El año previo a la crisis provocó un retroceso de los ingresos por cotizaciones mientras el gasto en pensiones se ha visto incrementado en casi 20.000 millones por medidas como volver a indexar estas transferencias al IPC. Así, el coste neto que afronta cada trabajador del sector privado para mantener el gasto en pensiones asciende a 10.000 euros anuales, lo que supone un incremento del 15,5% desde 2019, cuando era 8.750 euros.

Si se añade a la fórmula a los trabajadores del sector público, la factura a pagar por la población activa se coloca en los 6.771,9 euros por ejercicio con datos referentes al año prepandemia. El coste neto de las pensiones es una variable muy útil para los expertos que se calcula restando del gasto ligado a estas transferencias los ingresos derivados de los ingresos por cotizaciones sociales, y también los derivados del pago de IRPF por parte de los propios pensionistas.

Los datos extraídos se corresponden con el año 2019 y 2021, y se recogen en los Presupuestos Generales del Estado y en la EPA. De esta forma, el coste al que tiene que hacer frente cada trabajador del sector privado es más elevado que el propio de los asalariados del sector público. El cálculo lo explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe Por una mejor de la eficiencia del gasto público en España.

El dato del gasto en pensiones es un síntoma que traduce el deterioro del Sistema. En 2009, el gasto igualó a los ingresos por cotizaciones sociales. Este punto de inflexión decantó la balanza a favor de un mayor desembolso que ha ido agrandando el agujero financiero de las pensiones hasta alcanzar, en 2020 y según los datos disponibles, una brecha entre ingresos por cotizaciones y desembolso en pensiones superior a los 40.000 millones de euros.

Uno de los puntos que juegan a favor del Sistema es el incremento de la recaudación del IRPF sobre pensiones, que en 2019 alcanzó casi 11.000 millones de euros. No obstante, este dato de mayor recaudación significa que la pensión media se ha visto incrementada por las nuevas altas que, de media, también han contado con vidas laborales mejor retribuidas y acceden a unas retribuciones más elevadas.

Según el Instituto de análisis privado, ligado a la patronal CEOE, y haciendo referencia a los últimos datos disponibles, casi 16 millones de ciudadanos (15,17 millones sin tener en cuenta los ERE) recibe ingresos públicos, bien sea del Estado, autonomías o ayuntamientos. En el lado contrario, 12,8 millones de personas (12,05 sin tener en cuenta los ERE) perciben esos ingresos del sector privado. Tal y como recoge el IEE, "de estos, cerca de trece millones setecientos, una parte importante son los pensionistas, que son 10,3 millones", explican. "Para decirlo en román paladino, comen de las Administraciones Públicas casi dos millones (casi tres, si se tienen en cuenta los ERE) de ciudadanos más de los que lo hacen de la actividad privada", en palabras del Instituto.

Sector público

Cada persona que trabaja en el sector privado se tiene que hacer cargo, como media, de 19.109,7 euros anuales para pagar a pensionistas, desempleados y empleados públicos. En el capítulo de pensionistas el coste atribuible a cada trabajador del sector privado es el más alto, con 830 euros por mes; después el de los desempleados, 92 euros por mes; y, por último, el de los empleados públicos, que nos cuestan, cada mes, 670,5 euros a cada trabajador del sector privado. La España pública cuesta, como media, 1.592 euros al mes a cada trabajador del sector privado español. "Una hipoteca de un buen piso para cada asalariado, con la diferencia de que la hipoteca dura unos años, mientras que estos cargos permanecen", explica el IEE.

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