El Gobierno quiere incluir las pensiones en su propuesta de pacto de rentas para evitar que los mayores precios por la guerra tengan un coste inasumible. En concreto, pretende limitar la revalorización anual de las nóminas, ligada desde enero a la inflación media entre diciembre y noviembre del año precedente.
Las pensiones de incapacidad permanente son la tercera prestación contributiva que se abona a más personas en España, tras las de jubilación y las de viudedad. Estas pensiones, por su naturaleza, son las que tienen mayores particularidades en su concesión.
Para poder jubilarse de forma anticipada las personas interesadas han de acreditar una serie de requisitos, entre los cuales destaca (por la dificultad que a menudo entraña) llegar a un nivel de cotización concreto. Los años cotizados que se exigen para la jubilación anticipada son diferentes en función de la modalidad y del régimen o profesión a la que pertenezca el trabajador.
Los autónomos generan el derecho a recibir una pensión de jubilación realizando su actividad durante años. Sin embargo, a la hora de calcular la cantidad que ingresará mensualmente influye el tiempo que haya dedicado al autoempleo y el dinero que haya cotizado durante ese periodo.
El paso de un trabajo a la jubilación no se hace de forma automática: el proceso de solicitud de pensión pasa por una serie de trámites que dependen del trabajador pero también de la Seguridad Social. Así, al momento en el que la persona solicita la pensión se une el tiempo que tarda la Seguridad Social como otra de las variables que determinarán posibles interrupciones en la percepción de ingresos en el paso de la vida laboral activa a la jubilación.
Una de las líneas de actuación a nivel gubernamental es la reducción de la brecha de género entre hombres y mujeres que afecta a estas últimas y que, al tener lugar en sus salarios e incorporaciones al mercado laboral, también tiene reflejo en las pensiones que se cobran al amparo de la Seguridad Social.
El Ministerio de la Seguridad Social y el de Asuntos Económicos han desvelado cuál será la contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo que quiere impulsar el Gobierno: un máximo de 301 euros al año por trabajador, según se puede deducir de una farragosa fórmula que se incluye en el último borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, que desarrolla el fondo público de empleo. Junto a esta fórmula, la otra gran novedad del borrador es la posibilidad de que el trabajador tenga una mayor aportación que el empresario, aunque el exceso se graduará según una tabla de coeficientes.
De entre todas las variables a las que un trabajador debe prestar atención de cara a su futura pensión de jubilación una de las más importantes es la base reguladora, un concepto que es común a las prestaciones de la Seguridad Social y por desempleo y que es crucial en el futuro importe de la pensión de dicho trabajador.
Las retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no solo afectan a las personas que perciben un salario, ya que también son de aplicación a los pensionistas, salvo contadas excepciones en las que las pensiones no tributan por este impuesto.
La cuantía media de las pensiones de las nuevas altas de jubilación del Régimen General de las mujeres fue un 21,5% inferior a la de los hombres en 2021, por lo que las mujeres cobraron una media de 1.199 euros, frente a los 1.528 euros que percibieron los hombres.
La escalada de la inflación amenaza con inflar la factura de las pensiones en hasta 11.700 millones de euros a pagar en 2023, casi duplicando el coste a hacer frente en este 2022. Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá, encargado de Seguridad Social, la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022.
El momento de la jubilación es uno de los más importantes de la vida, por lo que conviene estar bien informado de todos los trámites que hay que hacer y el plazo y forma para realizarlos. Es por eso que la Seguridad Social, en su labor de información para con los ciudadanos, va explicando de forma periódica cómo hay que hacer diferentes procesos como, por ejemplo, la solicitud de una pensión de jubilación.
La labor del tribunal médico en el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente es importante y de valor doble: no solo recomienda si hay que conceder esa pensión (y por lo tanto, reconocer la incapacidad), sino que también ha de decidir cuál es el grado de la incapacidad permanente dentro de esa recomendación.
La tendencia cada vez más frecuente en los trabajadores es la de adelantar en la medida de lo posible su jubilación antes de que llegue la edad ordinaria. Se trata de un acto voluntario que, no obstante, a veces pasa a ser todo lo contrario cuando un despido en el trabajo cerca de esa edad que permite el acceso al retiro definitivo.
Las cuentas de la Seguridad Social arrojan ya pocas dudas sobre la necesidad a medio plazo de completar la pensión pública con ahorro privado para mantener el nivel de vida en la jubilación. Un elemento que, más allá, refrenda las medidas adoptadas por el Gobierno en la reforma del sistema público que se encuentra aún en fase de negociación con los agentes sociales. De hecho, uno de los puntos invoca a un impulso de la previsión complementaria en nuestro país a través de los planes de pensiones de empleo, que el Ejecutivo a culminado con la reciente aprobación del fondo público de pensiones. Con el que se pretende incluir a 10 millones de trabajadores en planes de ahorro a largo plazo.
Uno de los mayores quebraderos de cabeza de los trabajadores, especialmente en la etapa final de su vida laboral, es conseguir una pensión de jubilación y hacerlo, además, con un importe que pueda satisfacer sus necesidades y permitirle un retiro cómodo y sin estrecheces económicas. Un historial reducido de cotizaciones o aportaciones a la Seguridad Social de baja cuantía puede poner esto en peligro, pero existen mecanismos para combatir esos problemas.
Casi tan importante como conocer cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones sociales es saber cuál será la cuantía de dichas prestaciones, gestionadas por la Seguridad Social y entre las que se incluyen las más abonadas de todas, las pensiones contributivas (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente...).
La jubilación en España tiene en 2022 una nueva fecha que sirve de referencia: la edad ordinaria que, merced al calendario progresivo que impuso la reforma laboral de 2011, para este año nuevo es de 66 años y dos meses si no se acreditan 37 años y seis meses de cotización y de 65 años para los trabajadores que sí cuenten con ese tiempo cotizado. Sin embargo, también existe la posibilidad de adelantar las jubilaciones.
La jubilación y el cobro de la pensión correspondiente se ven como un paso normal una vez se alcanza la edad exigible para poder hacerlo. Con todo, no es un proceso automático, ya que no siempre se inicia de forma instantánea ni genera derecho a las mismas cantidades.
El importe de las pensiones que la Seguridad Social realiza mes a mes es una de las grandes partidas de gasto del Estado, que destina el 12% del PIB (Producto Interior Bruto) de forma mensual a abonar las más de 9,9 millones de pensiones contributivas del sistema. Sin embargo, dentro de este gran abanico de prestaciones hay diferencias entre las de mayor y menos cuantía.
La generación del baby boom que se jubilará en las próximas dos décadas amenaza con tensionar las cuentas de las Seguridad Social con un alza del gasto en prestaciones azuzado por las mejoras de las carreras laborales en España experimentada en los últimos 20 años. Ahora, bien esta generación fiará la mayor parte de sus ingresos para la jubilación a la pensión pública que recibirán por parte del Estado, toda vez que el colectivo registra exiguos niveles de ahorro complementario. Concretamente, solo el 16% de los españoles nacidos entre 1957 y 1977 (que hoy tienen entre 44 años y 64 años) cuenta con un plan de pensiones para la jubilación.
El gasto en pensiones alcanza ya una factura mensual de 10.755,5 millones de euros, un 4,8% más que hace un año.
El gasto en pensiones mantiene la senda ascendente, alcanzando ya una factura mensual de 10.755,5 millones de euros, y no parece, por las cifras que arroja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la nómina de prestaciones del mes de febrero, que este incremento vaya a cesar en el corto plazo. El desembolso aumenta en este segundo mes del año un 4,8% en comparación con 2021, azuzado principalmente por el efecto del IPC en las revalorizaciones de las pagas, y por la presión de las nuevas jubilaciones, que alcanzan pensiones mensuales en el régimen general de 1.628 euros. Más allá, la coyuntura hace que estas nuevas pensiones de jubilación sean hasta un 23,3% más altas que el sueldo más habitual en España.
Una de las preguntas más frecuentes de las personas que se encuentran al final de su carrera laboral es cuándo podrán jubilarse. Se trata de una cuestión que no tiene una respuesta única: la edad de jubilación depende tanto de la modalidad de la propia jubilación como de las circunstancias personales de cada trabajador.
Desde que el ciudadano procesa una solicitud de incapacidad permanente pasa por un proceso que puede durar hasta 135 días hábiles durante los cuales la Seguridad Social reflexiona sobre si dicho ciudadano tiene derecho o no a cobrar la pensión. A lo largo de todas estas fases el trabajador dispone de una herramienta para consultar el estado de su petición y, llegado el caso, conocer si le han concedido o denegado la prestación.
El cobro de una pensión de viudedad generalmente se asocia al cónyuge que estaba unido en ese momento al fallecido, pero esta prestación contributiva también se puede conceder a los excónyugues del finado o finada separados o divorciados y siempre que se cumplan una serie de condiciones.
La reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aún deja notar sus efectos con novedades para los pensionistas, incluidos los que se han jubilado de forma anticipada y antes de que la reforma entrase en vigor.
En muchas ocasiones el cumplimiento de los requisitos necesarios para cobrar una pensión de jubilación no significa que el pensionista vaya a percibir una prestación de gran cuantía. Es por esta razón que el Estado garantiza unas cuantías mínimas que dependen de la situación personal del propio pensionista. Con todo, existen casos en los que tras el cálculo de la pensión algunas personas no llegan a esas cantidades.
El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades. Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.
Aunque la tendencia habitual es la de retirarse cuando llega la edad de jubilación algunos trabajadores que cumplan dicha edad (o la que permite jubilaciones anticipadas) pueden decantarse por prorrogar su carrera laboral durante cierto tiempo para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. Esas personas, si tienen derecho a ella, pueden cobrar la pensión de jubilación mientras siguen con su trabajo.
