En España, mes a mes, y no es algo de ahora sino que ya sucedió en todo el 2021 y lo que llevamos del 22, se vienen incrementando los costes energéticos y de las materias primas, lo que hace que ya estemos en una inasumible tasa de inflación general del 7,6% interanual.
En este contexto de ruptura de la cadena de suministros y en el que la inflación parece no dar descanso, se produce un lógico aumento de la crispación social, pues el traslado de esta alza de precios es cada vez mayor. Una de las soluciones que se han apuntado es que los agentes económicos y gobierno estructuren un acuerdo que trate de repartir equitativamente los costes que esta crisis de precios supone. Y es precisamente aquí, en este debate, donde los economistas hemos intentado comunicar una visión más amplia, por cierto ya demandada desde muchos meses atrás, y que hace que cada día que pase sea un día menos que tengamos para intentar influir en su desarrollo y solución.
El término Pacto de Rentas ha sido escuchado en las últimas semanas para referirse al acuerdo que podría recoger un primer embrión de medidas encaminadas a conseguir los objetivos mencionados. Asimismo, más recientemente, la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha compartido, de forma genérica y de listado aún sin concretar, los objetivos que se perseguirían. Este escenario descrito es el que ha hecho que se vayan conociendo las primeras reacciones de medios de comunicación, servicios de estudios y los agentes más relevantes y parte activa en este debate, a la espera de conocer las medidas que se adopten desde el Consejo Europeo y el propio Gobierno de España.
De estos últimos concretamente me refiero a CEOE, sindicatos y Banco de España, entre otros. En mi opinión, si la situación actual requiere de ese esfuerzo común, que trate de frenar la espiral entre precios y salarios, y de repartir los costes derivados de la inflación promoviendo una cierta simetría entre agentes económicos, es clave que estén todos los que tienen que estar, no una parte, y a su vez establecer un conjunto de medidas que verdaderamente sean capaces de penetrar en los distintos niveles y sectores de la economía española.
Es decir, si bien podría ser importante elaborar una cierta guía de recomendación para los precios y los salarios, también lo es que regular en exceso y de forma permanente nunca es una solución idónea para una economía moderna y competitiva. Por ello, este proceso no tendría visos de éxito si además no se articulan medidas complementarias para que verdaderamente se puedan conseguir esos efectos de reparto y simetría que un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra debería conseguir, término este recientemente acuñado y ciertamente más amplio que el que técnicamente recogería un "pacto de rentas".
Este acuerdo debería abordar, de forma sucinta, el límite de crecimiento de los salarios, tanto los procedentes de todas las administraciones públicas como del sector privado. Una referencia intermedia, más prudente y generosa con los objetivos que pretendería este plan, sería la inflación subyacente. Esta medida, sin duda transitoria, debería ir en paralelo al diseño de un plan y acuerdo marco en el que se liguen estos incrementos con una apuesta decidida por la productividad salarial. Junto a ello, España cuenta en la actualidad con cerca de 10 millones de pensionistas, por lo que dada la relevancia de estas rentas, sería sensato incluirlas, lógicamente al nivel que corresponda de forma equitativa, en las propuestas de moderación futuras.
Respecto a los alquileres, temporalmente podrían utilizarse otras referencias más contenidas que las del IPC. Desde la perspectiva empresarial es importante que las empresas no repercutan todo el incremento de sus costes a los precios finales, lo que supondrá la consiguiente reducción transitoria de sus márgenes. Este tipo de prácticas empresariales podrían ejecutarse desde un enfoque "reputacional".
Desde el ámbito de la administración pública un acuerdo, pacto o medidas de este calado no resultaría creíble ni eficiente si en la ecuación no se determina y cuantifica el esfuerzo que ésta va a realizar, aunque solo sea buscando el objetivo redistributivo de la carga y de ejemplo hacia ciudadanos y empresas. Podrían ser muchas las medidas, pero quizás sería obligado empezar con una actualización de los presupuestos generales del estado a la situación actual, junto con la reasignación a partidas fiscales, sociales y del empleo desde un análisis pormenorizado y trasvase desde el denominado gasto improductivo, con incluso cierta reorganización y disminución de la estructura y gasto gubernamental.
No hace tanto que la AIReF cuantificaba en 30.000 millones de euros la salida de fondos públicos sin contraprestación directa, y la necesidad de determinar o no su carácter estratégico y necesario. En línea con lo anterior, si hablamos de un plan que trate de actuar sobre las rentas, se debería considerar el área fiscal, al tratarse de uno de los principales elementos que determinan el nivel de renta disponible. Bajadas de tipos de IVA, reducción del impuesto especial de hidrocarburos, corrección de la inflación en la recaudación de impuestos, especialmente deflactando las tarifas del IRPF e incluso subvención o compensación a sectores determinados (autónomos, pymes y consumidores con menos recursos).
En definitiva, inflación y rotura de stocks, que ya estaban instaladas y con efectos previos en nuestra economía, agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, requieren de un esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad para intentar que esa inflación no se perpetúe y que afecte a la recuperación económica. Como bien decía Foucault, ahora más que nunca debe aplicarse aquello de que "en la vida, hay un momento en el que uno tiene que sentir y pensar de otra manera para poder seguir sintiendo y pensando".
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