Madrid
El Gobierno anticipó esta semana su intención de servirse de los "grandes beneficios" de las eléctricas para paliar los efectos de la actual crisis inflacionista. Sin embargo, no se detendrá ahí su afán de inmiscuirse en las cuentas de resultados corporativos. Muy al contrario, el Ejecutivo quiere servirse del pacto de rentas, que aún negocia con los agentes sociales, para limitar los beneficios y por ende el reparto de dividendos de todas las empresas que se adhieran a ese futuro acuerdo. | Editorial: Un ataque a la libertad de empresa.
En concreto, se busca que las firmas ofrezcan voluntariamente una contrapartida a la moderación de las subidas salariales que estará incluida en el pacto. El Ejecutivo persigue que las empresas asuman un compromiso que vaya más allá de contener las repercusiones de la inflación en sus precios, al tiempo que estrechan sus márgenes. Moncloa aspira a que esa política se traduzca en cifras concretas, capaces de reflejar un crecimiento más lento de los beneficios y unas menores retribuciones a los accionistas.
La iniciativa viene impulsada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aseguran en círculos cercanos al Ejecutivo. Por su parte, fuentes empresariales revelan a elEconomista que ya ha sido propuesta a las patronales. Es más, de ella se ha hablado también en la última reunión de los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) donde la expuso la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien "no se opone" a esta acción, según esas mismas fuentes, aunque desde el departamento que dirige Calviño, niegan que en ese foro europeo se produjeran conversaciones de dicha índole.
Desde el punto de vista estrictamente legal, la limitación de beneficios y dividendos a la que aspira el Gobierno es viable, en la medida en que no supone una imposición sino que se plantearía como una "recomendación" a las empresas. Ahora bien, eso no quiere decir que se trate de un compromiso fácilmente eludible por parte de ellas, como muestra una situación muy semejante y reciente, acaecida durante el Gran Confinamiento.
Fue en mayo de 2020, cuando el Gobierno, amparándose en la crisis del Covid-19, buscó influir abiertamente en la política de retribución a sus accionistas de las empresas. En dicho caso, se trató también de una recomendación de limitar ese tipo de desembolsos, pero desviarse de ella tenía consecuencias para las firmas.
En concreto, se previó la restricción de su acceso a las exoneraciones en los pagos a la Seguridad Social de los Ertes de fuerza mayor. Igualmente se levantaban barreras en lo que respecta a los avales del ICO para obtener financiación.
El planteamiento de esas condiciones provocó importantes tensiones en la reunión del Comité Ejecutivo de CEOE, en la medida en que varias organizaciones sectoriales allí representadas lo consideraron un ataque flagrante a la libertad de empresa.
Ahora se puede dar una situación semejante en lo que concierne al nuevo pacto de rentas. La moneda de cambio en este caso ya no serían los Ertes-Covid ni las líneas ICO, pero el Ejecutivo sí podría ejercer cierta presión a través del acceso a las futuras ayudas para mitigar el encarecimiento de la energía o a subvenciones provenientes de la Administración central.
Resultan previsibles, por tanto, tensiones en la patronal semejantes a las que se produjeron en 2020, máxime considerando la errática evolución que muestra el pago de dividendos en los últimos años. Desde su máximo de casi 43.500 millones acumulado en 2014 por las cotizadas españolas, su nivel actual, propio del ejercicio 2021, asciende a tan solo 20.474 millones.
Yolanda Díaz aboga por suspender las actualizaciones según el IPC de alquileres
El Gobierno, sin embargo, confía en convencer a los empresarios de que sumen al pacto de rentas equiparándolo, en cuanto a alcance e importancia, con los históricos Pactos de La Moncloa de octubre del año 1977. En ellos, junto a los partidos políticos de la época, participaron las organizaciones patronales y los sindicatos en un momento de inflación aún más extrema que la actual, dado que la tasa general del IPC llegó a superar el 40%.
Ese nutrido consenso permitió impulsar reformas del más gran calado tanto en el ámbito propio de los trabajadores como el que concierne a la empresa (reforma de la negociación colectiva, cambios en la Seguridad Social, nuevas normas sobre publicación de información empresarial...) e incluyó también un pacto de rentas en el más amplio de los sentidos.
De hecho, el propósito de emular los ya célebres Pactos de La Moncloa puede llevar a que el próximo pacto de rentas vaya más allá de los salarios y los beneficios empresariales y abarca incluso los alquileres. Hasta el punto de que la vicepresidenta Yolanda Díaz aboga por suspender las actualizaciones según el IPC de los arrendamientos.
