El Gobierno ya desveló esta semana que exploraba fórmulas para utilizar los beneficios de las eléctricas con el propósito de paliar los efectos del alza de la inflación. Pero ese afán del Ejecutivo por inmiscuirse en los resultados de las compañías no se limita solo al ámbito energético.
De hecho, el objetivo es utilizar el pacto de rentas para limitar las ganancias y el reparto de dividendos de todas las empresas que se adhieran a ese futuro acuerdo. Aunque todo está aún en el aire, el mero hecho de que el propio Ejecutivo haya propuesto esta intervención de las compañías en la última reunión de los ministros de Finanzas de la UE deja patente el afán real por llevarla a cabo. Además, este mismo Gobierno ya realizó actuaciones similares en el pasado. En concreto, aprovechó la crisis del Covid para tratar de influir en la política de retribución de las empresas, al utilizarla como condición para el acceso a las exoneraciones en los pagos a la Seguridad Social de los Ertes. Es necesario matizar que ni entonces ni ahora se impone la limitación, sino que se plantea como una "recomendación" a las empresas, evitando así problemas legales posteriores. Ahora bien, la búsqueda de la moderación salarial no debe llevar implícita bajo ningún concepto el recorte de las ganancias y los dividendos de las compañías. Este intervencionismo que impulsa el Gobierno invade la legítima potestad de las juntas de accionistas para decidir la política de retribución.
El Gobierno pretende aprovechar el pacto de rentas para limitar los beneficios y los dividendos de las empresas
También transgrede la necesaria libertad que las empresas tienen para impulsar estrategias que maximicen sus beneficios. En definitiva, supone un ataque contra principios básicos del libre mercado más propio de los regímenes totalitarios que de economías occidentales desarrolladas.
