La guerra y la subida generalizada de los precios complican el panorama económico postcovid y se reflejará en el laboral. Lo ha reconocido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al mostrarse partidaria este jueves de congelar los precios de los alquileres ante la escalada de la inflación e implantar un impuesto extraordinario a las eléctricas.
En declaraciones a RNE, Díaz ha reconocido que el escenario que ha abierto la guerra, junto a la subida de los precios de la energía y del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se alcanzó en febrero el máximo del 7,6%, es "complejo" y tendrá un impacto "significativo" en la economía y en el empleo, aunque a día de hoy no disponen de datos, ha matizado.
La vicepresidenta esbozó ayer la idea de destinar los beneficios de las eléctricas a paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Este jueves ha entrado más en detalle al apostar por instaurar un impuesto extraordinario a las eléctricas para ayudar a sobrellevar las consecuencias sociales y económicas de esta nueva crisis que se ha abierto con la invasión rusa de Ucrania.
"En este contexto de crisis tienen que redistribuirse esos beneficios. Las tres grandes eléctricas incrementaron un 47% sus beneficios antes de impuestos en 2021, con 10.022 millones de euros, y tienen que contribuir a esta crisis", ha defendido la vicepresidenta segunda.
Belarra pide que todos los beneficios extra de las eléctricas vayan a rebajar la factura de la luz
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, apunta más alto que Díaz y ha reclamado que "todos" los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas por el precio del gas se destinen a rebajar la factura de la luz.
"Fijar un límite al precio de la luz debe acompañarse siempre de la reducción de los beneficios millonarios e inmerecidos que reciben las empresas eléctricas. Sus cuentas de resultados del próximo año deben mostrar que todos esos beneficios han ido a reducir la factura de la luz", ha compartido en redes sociales.
A falta de concretar cómo se aplicaría el impuesto extraordinario, si sale adelante, no es nuevo que el Gobierno tiene la mirada puesta sobre el beneficio de las eléctricas. En junio, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley con el que reducir los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits) de las nucleares y las hidráulicas, y cifró el 'hachazo' en unos 1.000 millones de euros que finalmente quedó suavizado para las eléctricas que ofrecieran contratos a más de un año.
Durante su intervención, la ministra también ha defendido la propuesta de Podemos de congelar el precio del alquiler. El socio minoritario en el Gobierno ha puesto sobre la mesa congelar, al menos durante lo que queda de año, la actualización de las rentas del alquiler, que en la mayoría de contratos de alquiler está vinculado al IPC y la medida contenta a los sindicatos.
Por último, Díaz ha advertido de que la rebaja generalizada que defiende el PP es inapropiada en el contexto actual. En concreto, Díaz ha reprochado que "el PP siempre da la misma receta para cualquier situación: bajada generalizada de los impuestos. Yo ayer estuve reunida con 60 economistas y el consenso es que una bajada generalizada de impuestos en un contexto de guerra no es adecuada porque los servicios públicos se sostienen con ingresos públicos".
Una bajada generalizada de los impuestos solo serviría, ha explicado Díaz, para "o demediar el Estado de Bienestar o incrementar el déficit y la deuda pública" y ha solicitado al principal partido en la oposición que "no ponga la mirada" en los beneficios de las empresas cotizadas, que en 2021 ganaron 64.000 millones de euros, una cifra "histórica".
España pedirá limitar el precio mayorista de la luz a 180 euros
También hoy, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado en una entrevista en Onda Cero que España y Portugal propondrán a la Comisión Europea limitar el precio mayorista de la electricidad a 180 euros por megavatio hora (MWh), en línea con lo adelantado por el ministro de Energía de Portugal, Joao Pedro Matos Fernandez, para descargar presión en las facturas.
Ribera ha mostrado su disposición a acordar esta medida en Bruselas, aunque ha asegurado que "en ausencia de respaldo europeo nuestra obligación es hacerlo por nuestra cuenta".
El límite de 180 euros es "indiscutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en el mercado", ha subrayado, aunque "hace apenas dos años nos parecía una locura", ha dicho la vicepresidenta tercera. Hasta 2019, cuando fue prohibido por la Comisión Europea, este límite estaba vigente en España y Portugal aunque, y, entonces, "parecía Imposible que llegara a materializarse", ha señalado.
El precio mayorista de la electricidad se mantuvo en una horquilla de entre 45 y 55 MWh hasta el verano del año pasado cuando inició la senda de subidas arrastrado por el precio del gas que lo llevaron incluso a superar los 700 euros durante la guerra de Ucrania.
De igual manera, Ribera ha confirmado que el Gobierno se plantea compensar a los ciclos combinados de gas por la diferencia de coste de producir por encima de esos 180 euros y defendió que "es más barato que pagar toda la electricidad al precio del gas".
Para lograr esta reducción del precio mayorista hasta 180 euros por MWh, recoge Servimedia, se debería fijar un límite de coste del gas de 80 euros, similar a los precios de este recurso natural antes del inicio de la guerra de Ucrania, según fuentes del sector.
Pese a que estos 180 euros suponen un abaratamiento muy significativo del mercado del pool con respecto a los máximos alcanzados durante el conflicto bélico, siguen siendo un 60% superiores a los 111 euros del precio medio de 2021 y multiplican por cinco los 34 euros de 2019.
