El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley con el que reducir los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits) de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.
En particular, la propuesta, que abre ahora el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear). Gran parte de la producción eléctrica de las compañías del sector proviene de la energía nuclear e hidráulica. Ambas fuentes son de las más baratas que terminan por abastecer el sistema eléctrico.
Sin embargo, al fijarse los precios con una subasta marginalista, la producción nuclear e hidráulica queda retribuida al mismo precio que las centrales térmicas si se necesita por demanda. A la diferencia entre el precio de producción y los ingresos extras se la conoce como beneficios caídos del cielo. La posible reducción de estos ingresos explica el desasosiego del sector en la bolsa española, que ayer cayó con fuerza.
"Es legitimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles"
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en "las cuentas de resultados de las empresas". "Es legitimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles", dijo.
Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.
Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado 'fondo verde' es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultadas por Europa Press defendieron que el mecanismo para acabar con los windfall profits de la nuclear y la hidráulica, aunque también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005, es "robusto" jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas, y es "compatible" con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2.
Así, estimaron que la propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al que existió ya entre 2006-2009, con la minoración de una parte del dividendo del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.
¿Cierre de las nucleares?
Ante las voces del sector que aventuran un cierre adelantado de las nucleares, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha afirmado que no teme este escenario, ya que "si las cuentas les salían antes, ahora nada ha cambiado". Ribera recordó que ahora hay unos precios de 50 euros la tonelada de CO2 y de más de 80 euros el megavatio hora (MWh) en la electricidad, mejores incluso que cuando se alcanzó el acuerdo -con un precio del mercado mayorista de 50 euros por MWh y 20 euros por tonelada de CO2- que garantizan "la rentabilidad" de estas explotaciones con total seguridad.
Además, advirtió que el cierre de cualquier central es algo que depende del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica) teniendo en cuenta "la seguridad de suministro del conjunto del sistema eléctrico". Respecto a la posibilidad de que las eléctricas lleven a los tribunales este mecanismo, Ribera consideró que "todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance", aunque subrayó que la electrificación supondrá "un incremento muy notable del negocio al que se dedican".
Consumidores más vulnerables
Asimismo, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos.
El restante 90% se destinará a financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), con lo que lo que tendrán que aportar todos los sectores al FNSSE será menor y "minorará tanto el impacto en el sector eléctrico como en otros vectores energético", añadieron las mismas fuentes.
