El Consejo de Ministros enviará al Congreso de los Diputados un anteproyecto de Ley cuyo objetivo será reducir en cerca de un 15% el recibo de la electricidad en los próximos cinco años con la aprobación del llamado céntimo verde así como de la eliminación del dividendo de carbono, es decir, las cantidades que perciben centrales que no emiten CO2 por la existencia de un mercado marginalista. En total, el recibo de la luz tendrá un ajuste de 7.500 millones de euros, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 17% para los consumidores.
La propuesta no afecta, por tanto, a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyen las instalaciones de menos de 10 MW. Se estima que la medida afectará a unos 85TWh anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a generación eólica (datos de 2021).
Por un lado, el Ministerio de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa el Fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que supondrá trasladar 6.500 millones del coste de las renovables y la cogeneración a los carburantes y el gas.
La medida supondrá una rebaja en el recibo de la luz a cambio de incrementar el coste del gas en cerca de 50 euros al año o el de los carburantes del orden de 7-10 céntimos por litro. Tras el periodo de audiencia pública, en el que se ha producido un fuerte choque entre los grandes consumidores industriales y las eléctricas, el Gobierno ha decidido suavizar algunas condiciones.
Ribera eximirá las ventas de biocarburante sostenible en estado puro así como al transporte marítimo para el gas natural de este carga. Asimismo, el Ejecutivo amplía las compensaciones para la industria electrointensiva, que regulará de forma específica. La normativa equiparará también a las VTC con el taxi a la hora de recibir las exenciones al pago de los cerca de 10 céntimos por litro que supondrá este cambio de normativa.
Por otro lado, el Gobierno ha explicado también su decisión de someter a consulta pública otro proyecto para hacer frente a los llamados 'windfall profits', es decir, las cantidades que reciben las centrales anteriores al año 2005 por la venta de energía cuando las centrales que marcan precio son emisoras de CO2 y, por lo tanto, encarecen el coste de la energía eléctrica en el mercado mayorista.
La intención del Ejecutivo es recortar en un 90% esta cantidad, lo que supondrá un ajuste de entre 800 y 1.000 millones para las eléctricas que irán en gran medida a suavizar el recibo de los consumidores.
Dos objetivos
Transición Ecológica logra con esta medida dos objetivos. Por un lado, suaviza el ajuste a las petroleras y el gas ya que al destinar el 90% de la recaudación al Fondo de sostenibilidad se rebajarán las aportaciones que los comercializadores y distribuidores tenían que hacer y, al mismo tiempo, facilitará un menor coste para las industrias en su recibo.
Asimismo, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riegos de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos que irá para las administraciones públicas. Esta cantidad permitirá atender las necesidades del orden de 350.000 familias.
La propuesta no afecta a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyen las instalaciones de menos de 10 MW. Se estima que la medida afectará a unos 85TWh anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a generación eólica (datos de 2021).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo encargado de las liquidaciones del sistema eléctrico, calculará y notificará el importe de minoración para cada instalación. La cuantía correspondiente se abonará trimestralmente a esta entidad. El procedimiento establece una metodología que calcula, de manera precisa, el importe de la retribución del CO2 no emitido. Para agilizar la adopción de este mecanismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de Ley.
Para agilizar la adopción de este mecanismo y reducir así el precio de la luz de los consumidores a la mayor brevedad posible, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de Ley.
El Gobierno además no teme la batalla judicial con la que amenaza el sector eléctrico y asegura que se trata de una propuesta compatible con el marco normativo comunitario y que cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que validó en una sentencia del 17 de octubre de 2013 un mecanismo muy similar que estuvo en vigor en España entre 2006 y 2009. Del mismo modo, descartan que se puedan producir arbitrajes ya que creen que es una medida compatible con las expectativas de quienes tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras con posterioridad a la entrada en vigor del sistema europeo de derechos de emisión.
La vicepresidenta Ribera además echó ayer un jarro de agua fría sobre la posible ruptura del acuerdo de cierre de las nucleares y puso en duda este extremo. El Gobierno, que tiene en este sentido la sartén por el mango porque debe ser quién lo autorice, da por cerrada la situación.
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