Las grandes empresas industriales españolas se plantan. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, formada por las patronales Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) han mostrado su oposición al céntimo verde destinado a financiar las renovables.
La Alianza, que se encuentra a la espera del dictamen que tiene que emitir el Consejo de Estado, asegura que el Fondo que prepara el Gobierno y que pretende trasladar parte del coste de la electricidad a otro tipo de combustibles (gas y carburantes) puede "agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro".
Las empresas han firmado un Manifiesto en el que explican que la industria española ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo.
En el texto de anteproyecto de Ley para la creación de este Fondo remitido al Consejo de Estado el pasado 30 de abril, se expone que el FNSSE tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos.
En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2021 y 2025 ascendería a unos 2.650 millones de euros, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones, explican en el Manifiesto.
De hecho, según han ido explicando las distintas asociaciones, los carburantes se podrían encarecer hasta 10 céntimos por litro y el recibo del gas del orden de 50 euros anuales para un clientes doméstico.
Este impacto lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.
Así, la Alianza por la Competitividad de la Industria alerta de que el sector industrial se enfrenta a un extraordinario incremento de los costes del gas y la electricidad en nuestro país. Este aumento adicional de los costes a medio plazo dificultaría gravemente el contexto de recuperación de la crisis económica y se pondría así en riesgo el desarrollo y futuro del sector industrial español. "El impacto previsto de la iniciativa legislativa, tal y como está configurada, es lesivo para la actividad económica responsable de la generación del empleo de calidad (en términos de salario y contratación indefinida), del desarrollo de la innovación y tecnologías avanzadas y neutras en carbono, y de la internacionalización de nuestro tejido empresarial·", aseguraron las asociaciones firmantes.
Aunque el texto del anteproyecto de Ley del FNSSE expone un régimen de compensaciones, dicho régimen se aplicaría tan solo a un limitado número de éstos, excluyendo al 80% de la industria productiva y exportadora española y generando un "sobrecoste competitivo inasumible en sectores tractores y esenciales para nuestra economía", según se desprende del documento. Además, los firmantes advierten de que el régimen de compensaciones por esos cargos excesivos previamente abonados provoca "una imagen falsa de industria subvencionada y quedan en permanente riesgo de desaparición si son consideradas ayudas de Estado por Europa".
Por ello, en el momento actual de transformación en el que se encuentra la industria, aseguran "hay que evitar medidas que afecten al nivel de competitividad de la industria productiva española, responsable de generar el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa y que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos".
La industria española considera positivo que se extraigan los "costes impropios" del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico (incluido el coste hundido del RECORE) puesto que redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales.
Por eso se solicita que el coste del RECORE sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estados y de manera progresiva, para paliar el impacto en un solo ejercicio en los actuales presupuestos.
En caso de no ser considerado el traslado del coste a los Presupuestos Generales del Estado, debería excluirse o establecerse exenciones completas para los sectores industriales que, aún no siendo consumidores intensivos, son sectores tractores, esenciales o exportadores, indispensables para generar crecimiento económico y de empleo de calidad.
